Vetarían la “125” paraguaya por presión de ruralistas
El proyecto de ley es propulsado por la oposición, a diferencia de lo que ocurrió durante 2008 en Argentina.
El proyecto de ley es propulsado por la oposición, a diferencia de lo que ocurrió durante 2008 en Argentina.
La ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez, anunció ayer que el Ejecutivo vetará cualquier propuesta que apruebe el Poder Legislativo destinada a aplicar un impuesto a la exportación de granos en estado natural, después de que el Senado aprobó un gravamen del 10 por ciento a las exportaciones de soja.
El proyecto –que recuerda a la fallida ley 125, que en 2008 el entonces presidente del Senado, Julio Cobos, vetó con su voto– provocó marchas y “tractorazos” de buena parte del sector rural paraguayo.
“Puedo decir con seguridad que si se llega a aprobar un gravamen a la exportación de granos en estado natural, el Poder Ejecutivo se verá obligado a vetar tal propuesta, porque será muy dañina para la economía en conjunto y nefasta para los pequeños y medianos productores”, declaró Giménez.
La discusión se da porque el Senado paraguayo aprobó ayer un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 10 por ciento a la exportación de soja, después de que el Frente Guasu, del exmandatario Fernando Lugo (2008-2012), había rebajado ese porcentaje, que era del 15 por ciento en el proyecto original.
El Frente Guasu y sus aliados en la Cámara Alta eliminaron además el trigo y el maíz de ese proyecto, que será tratado artículo por artículo en una sesión cuya fecha no ha sido programada, y que luego debería pasar a la Cámara de Diputados.
Similar modo de protesta
En este contexto, los líderes de las entidades agropecuarias y representantes de los productores salieron a manifestarse, cortando rutas.
Juan Zorrilla, uno de los titulares de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, que reúne a los grandes productores, informó a periodistas que los hacendados cerraron una parte de la ruta en Vaquería (260 kilómetros al este de Asunción) “como protesta porque quieren apropiarse del 15 por ciento del trabajo ajeno”.
Por su parte, el presidente de la entidad, Héctor Cristaldo, añadió: “Lo que quiere hacer el Estado es una confiscación de la poca ganancia que deja este negocio”. “Ya pagamos IVA de 10 por ciento y cinco por ciento del Impuesto a la Renta Agropecuaria. Si se aprueba el proyecto de otro tributo del 15 por ciento representará una catástrofe”, agregó.
