Salta: Polémica por centros de detenciones municipales

Diputados sancionó la ley para establecer el sistema de prevención de la tortura con los cambios del Senado, pero pedirá vetar el artículo tercero.

Diputados sancionó la ley para establecer el sistema de prevención de la tortura con los cambios del Senado, pero pedirá vetar el artículo tercero.

Diputados sancionó la ley que establece el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque advirtió que la Constitución Provincial no faculta a los municipios “a supervisar centros de detenciones”.

El polémico tema se encuentra contenido en el artículo 3§: “se entiende por lugar de detención a todo ámbito espacial público, privado o mixto, bajo jurisdicción control o supervisión provincial o municipal, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad”. Agrega que “esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y, en consonancia con su enfoque preventivo, en sentido amplio”.

El titular de la comisión de Legislación General, diputado Lucas Godoy (PJ), dijo que tenían que sancionar la ley “a instancia del Subcomité para la Prevención de la Tortura y a pedido de la cartera de Derechos Humanos nacional y la Secretaría de Derechos Humanos provincial”. No obstante, dijo que se pedirá al Ejecutivo que observe el artículo tercero.

Sobre este artículo, en diálogo con El Tribuno, el diputado Guillermo Martinelli (SNU), advirtió que faculta a municipios a controlar lugares de detención. “Es grave porque así se van creando una serie de situaciones inconstitucionales”, dijo. Tras hacer notar que “es un equivoco del Senado”, dijo que seguro “se tomó el tema de algún lugar que lo prevé, pero en Salta no lo está”. Agregó que “la Constitución no da esa facultad a municipios de la provincia”.

La ley fue aprobada por mayoría. Diputados del PO votaron en contra por considerar que “no modificará la conducta policial represiva ante la lucha social”.

Fuente: El Tribuno