Negocio privado con recursos del Estado
El Gobierno les adjudicó, en noviembre, a once consultoras la implementación en toda la administración pública de un software diseñado por la AFIP. Los privados ya le facturaron al Estado 14,2 millones de pesos por algo que antes hacía gratis el organismo tributario.
El Gobierno les adjudicó, en noviembre, a once consultoras la implementación en toda la administración pública de un software diseñado por la AFIP. Los privados ya le facturaron al Estado 14,2 millones de pesos por algo que antes hacía gratis el organismo tributario.
El Gobierno les adjudicó en noviembre del año pasado a once consultoras privadas la tarea de implementar en toda la administración pública un software diseñado y desarrollado por la AFIP para facilitar la liquidación de haberes y disponer online de la historia laboral del personal. El acuerdo marco se firmó en diciembre y desde entonces esas compañías quedaron habilitadas para cobrarle al Estado por algo que el propio Estado ya venía haciendo por sí mismo de manera exitosa gracias al aporte de los trabajadores de la AFIP, decisión que generó revuelo dentro del organismo fiscal. Hasta ahora, dos de las consultoras seleccionadas ya firmaron contratos con cuatro organismos públicos por un total de 14.214.370 pesos. Ese dinero es embolsado por las firmas privadas, pese a que son los empleados de la AFIP los que desde hace varios meses están capacitando a los empleados de las consultoras para que puedan realizar esa tarea.
En 2002 la AFIP puso en marcha el Servicio de Administración de Recursos Humanos (Sarha). Primero se implementó en esa dependencia y luego la propia AFIP firmó convenios con otros organismos estatales como el Banco Central, PAMI, Cancillería y el Congreso Nacional, a quienes les cedió en forma gratuita la licencia y les brindó asistencia técnica. Debido al éxito de la iniciativa, en julio del año pasado el presidente Mauricio Macri ordenó generalizar el Sarha al resto de la administración pública, pero en lugar de ser la AFIP la encargada de llevar adelante esa tarea se decidió contratar a consultoras privadas. Los empleados públicos que ya manejan el Sarha están capacitando a las compañías, incluso desde antes de la firma del acuerdo marco, para que luego sean esas empresas las que hagan negocios a costa del Estado.
El llamado a licitación pública lo realizó el Ministerio de Modernización el 13 de septiembre y el 29 de noviembre se oficializó la adjudicación a las siguientes firmas: 1) Summant Technologies S.R.L, 2) Open Solutions Argentina S.A., 3) NewRol-it, 4) Intersoft.S.A., 5) Neoris Consulting Argentina S.A., 6) Hexacta S.A., 7) Atos Argentina S.A., 8) Tecninfor SA, 9) Ryaco S. A., 10) Everis Argentina S.A y 11) Unitech S.A. Una vez firmado el acuerdo marco, las consultoras quedaron habilitadas para cerrar contratos con las distintas dependencias públicas.
En la página oficial comprar.gob.ar se especifica que el 21 de febrero la empresa Newrol It de Alberto Héctor Rolandi firmó un contrato con el Ministerio de Defensa por 5.146.600 pesos, el 18 de abril firmó otro con el Ministerio de Energía también por 5.146.000 pesos y el 26 de junio otro con el Ministerio de Producción por 3.264.240 pesos. En todos los casos se aclara que es para la implementación del Sarha. A su vez, la firma Tecnifor hizo lo propio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento al cerrar un contrato el 16 de junio por 656.930 pesos.
La decisión de avanzar con esta tercerización genera quejas de los trabajadores de AFIP. “Son los trabajadores de AFIP quienes aplicaron su inteligencia, imaginación y esfuerzo para llegar al mejor sistema de administración de recursos humanos y lo hicieron con los recursos del Estado y en beneficio del mismo. Resulta una burla para el organismo y para todos los que desde su desarrollo han trabajado en el sistema, que hoy se ponga los recursos humanos de la AFIP y el fruto de su trabajo en beneficio de privados, máxime en un contexto donde las restricciones presupuestarias en el organismo ponen en riesgo su normal funcionamiento”, aseguró Guillermo Carlos Imbrogno, secretario general de la Asociación Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIC) en una carta de la mesa nacional del gremio dirigida a Alberto Abad. “Consideramos que es responsabilidad ineludible de su figura como Administrador Federal realizar las gestiones necesarias para revertir esta situación”, reclamó el gremio. Abad dejó trascender en ese momento de manera informal que no estaba de acuerdo con la medida, pero reconoció que no podía ponerle freno porque era una decisión de Macri. Desde entonces, la polémica adjudicación siguió su curso.
