Capacitación pública, negocios privados
El Ministerio de Educación firmó un convenio para que la ONG Cimientos, que preside Miguel Blaquier, capacite en el Programa Nacional de Tutorías que hacía el Estado.
El Ministerio de Educación firmó un convenio para que la ONG Cimientos, que preside Miguel Blaquier, capacite en el Programa Nacional de Tutorías que hacía el Estado.
El Ministerio de Educación firmó un convenio por cinco millones de pesos con la Fundación Cimientos para que preste asistencia técnica y capacitación al Programa Nacional de Tutorías del secundario. El acuerdo es una muestra de cómo, mientras desguaza el sistema de formación a cargo del Estado y las universidades nacionales, Cambiemos abre al mercado las puertas del millonario negocio de la capacitación educativa. En este proceso, las corporaciones –a través de fundaciones y ONGs–, pasan a incidir en las lógicas y contenidos pedagógicos: la única “revolución educativa” constatable detrás del marketing PRO.
El renombre de los protagonistas del acuerdo es un punto de partida para entender este cambio de dirección: el convenio fue firmado el 5 de abril, durante la gestión del entonces ministro de Educación Esteban Bullrich con Miguel Blaquier (ex abogado de la empresa Ledesma, especialista en derecho corporativo), en su condición de presidente de la Fundación Cimientos, ONG que tiene como socios a bancos (HSBC, Galicia, Supervielle), financieras (JP Morgan), compañías de seguros (Zurich) y empresas multinacionales como Exxon y Coca Cola. El tipo de fundación que hace cenas de recaudación anuales, en las que los asistentes, vestidos de gala, antes de ingresar al salón posan para la foto a la manera de los personales retratados en la revista Hola.
El funcionario de Bullrich que estampa su firma al pie es Maximiliano Gulmanelli (en el sello, ha reemplazado el Maximiliano por Max) (ver recuadro).
Por el convenio, se contrata a la fundación como asesor técnico, para diseñar junto al ministerio el plan de formación de tutores y capacitarlos. El monto de 5.014.052 pesos fue estipulado en dos cuotas, a pagar en los meses de abril y agosto.
Un rol clave
Los tutores en el secundario existen desde antes de la gestión de Cambiemos; antes también de las de Néstor y Cristina Kirchner; se trata de un rol que se desarrolló especialmente en los últimos 20 años. Esta función docente puede resultar clave para los estudiantes, especialmente en un nivel que, como el secundario, tiene altas tasas de abandono escolar.
A partir de 2006, el uso de un tutor pasó a recibir mucha más atención, porque la educación media se convirtió en obligatoria. La capacitación en tutorías es por esto muy importante para los alumnos. Y también ha sido uno de los recursos más demandados por los docentes: según relevamientos oficiales, cuando las escuelas medias recibían fondos a través del Plan de Mejora Institucional –en la gestión anterior–, que podían destinar a fines diversos, usaban la mayor parte en tutorías.
Durante la década pasada, toda la capacitación docente –incluido el rol de tutoría– se hizo desde el estado. En 2014 el gobierno anterior creó el Plan Nacional de Formación Docente, un megaplan masivo, gratuito, de carácter y universal, destinado al millón 300 mil maestros del país, ya fueran de escuelas públicas como privadas. Este Plan Nacional de Formación Docente (conocido como “Nuestra Escuela”) fue diseñado por el estado en alianza con las universidades nacionales, con participación de los gremios.
Pero ya desde antes de su implementación, el criterio fue sostener la centralidad del estado en la formación educativa. Por ejemplo, en el trabajo “Apuntes del Encuentro sobre tutorías en la educación secundaria” editado en septiembre de 2015 por el ministerio de Educación, se reseña que el ministro nacional y sus pares provinciales tomaron explícitamente la determinación de “no pagar honorarios a especialistas externos” para la formación de los tutores.
En este marco, los tutores recibían directivas del ministerio de Educación nacional, y las universidades nacionales mantenían líneas de trabajo con los colegios secundarios. Gustavo Galli, ex coordinador del Observatorio argentino de violencia en las escuelas, da un ejemplo:”trabajábamos con la universidad nacional de San Martín para la capacitación de tutores; hicimos materiales de trabajo, cuadernillos para la formación con la USAM”.
En cuanto a los sindicatos, fueron motor del Plan Nacional de Formación Docente, que nació precisamente de un acuerdo en la negociación paritaria de 2013. En resumen, la capacitación docente tenía dos ejes: la formación en servicio, en la escuela, y el hecho de que la daba el estado, asociado a las universidades nacionales, con participación de los sindicatos.
Colonización
Los gremios fueron excluidos de este esquema tras la asunción de Cambiemos. El ámbito donde debatían los temas de capacitación era la paritaria nacional, que fue eliminada a principios de este año por Esteban Bullrich. Su sucesor, Alejandro Finnochiaro, dejó en claro que no se trató sólo de la decisión de un ministro, sino que hay un definida política en ese sentido. Tras jurar en el cargo, Finnochiaro advirtió que los sindicatos docentes no serán consultados para ninguna política de educación. En su embate, el nuevo ministro incluso consideró incluso que los gremios se habían “adueñado” del diseño de las políticas públicas en educación.
En simultáneo con el apartamiento de los gremios, se minimizó el rol de las universidades nacionales. Por último, “la responsabilidad que llevaba adelante el estado nacional está siendo tercerizada en todo tipo de ONGs y organizaciones privadas”, señala Verónica Piovani, ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) y actual decana de la Facultad de Pedagogía de la UMET. “Lo que modificaron estructuralmente es el sentido y el lugar que tiene el estado en la garantía del derecho a la formación”.
Piovani recuerda que Cambiemos “impulsó la campaña de desprestigio de las universidades nacionales para abrir la cancha y dejar el terreno abonado: deslegitimó para habilitar este nuevo modus operandi, que es achicar el estado para abrirle camino al mercado, en este caso al mercado del propio contratante. Porque hoy el estado paga a empresas privadas, que en muchos casos tienen entre sus accionistas a los propios funcionarios; subcontrata lo que antes se hacía con universidades”.
Este movimiento, en el que está en juego no sólo dinero, sino el hecho de que el estado se desentiende de sus obligaciones y responsabilidades en favor de ONGs y empresas privadas, puede ser contado con otros ejemplos: la ONG Conciencia (entre sus sponsors están Bayer, Nidera, empresas tabacaleras) tiene el programa “héroes de la convivencia”, ILSI (con socios como Coca Cola, Monsanto, DSM Nutritional Products-) el programa “Mi escuela saludable”, la empresa Red Creativa –que se presenta en su página web oficial como “una organización que desarrolla eventos sociales, corporativos, acciones publicitarias, viajes y team works”– apareció en la capacitación de los trabajadores del programa Club de Jóvenes y Chicos.
Enlatados
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), sindicato de los docentes porteños viene denunciando hace tiempo este cambio de paradigma. “Hay un tema de soberanía educativa: el responsable de garantizar el derecho social a la educación debe ser el Estado. Nosotros le hemos planteado a Bullrich y ahora a Finnochiaro que seguimos defendiendo el rol del estado, aun cuando quien lo administra no sea de nuestro agrado. Cambiemos terceriza, cede el poder de decisión del Estado”, advierte Eduardo López, titular de UTE.
El prosecretario de Educación de la organización, Carlos Ruiz, asegura que hoy las provincias “reciben del ministerio de la Nación la capacitación para tutores como un paquete que incluye la ONG que capacita, y hasta el hotel en el que van a alojarse los capacitadores. Hay provincias que tienen leyes que ponen un máximo al pago de consultores externos, y como presupuestos de Nación superan esos montos, por lo que no lo pueden hacer aunque quisieran. Hay provincias que tienen capacitadores propios y dicen ¿para qué voy a gastar si tengo mis equipos, que son además los que conocen mi propia realidad? El problema es que, en caso de rechazar el desembarco de las fundaciones, la provincia no puede ejecutar el presupuesto de capacitación porque se lo mandan sujeto al enlatado. Los más dóciles dicen ‘que venga Cimientos y dejame hace algo de lo que realmente necesito’. Otras dicen que no, y les congelan el uso de los fondos. La que se niega, queda desfinanciada”.
