Otro revés para los clubes de barrio
La Cámara Federal de San Martín en junio había dejado sin efecto la cautelar y ahora les rechazó la opción de recurrir a la Corte. Igual presentarán un recurso en queja.
La Cámara Federal de San Martín en junio había dejado sin efecto la cautelar y ahora les rechazó la opción de recurrir a la Corte. Igual presentarán un recurso en queja.
La Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín rechazó ayer un recurso extraordinario presentado por cinco clubes de barrio que habían apelado la decisión de dejar sin efecto una medida cautelar que los preservaba del tarifazo eléctrico. En junio la misma cámara ya había fallado en contra de los clubes al considerar que la demanda se había vuelto abstracta por la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario, diferente al que habían impugnado originalmente. Los representantes de los clubes sostienen, en cambio, que las nuevas tarifas siguen siendo abusivas ya que no respetan el criterio de gradualidad que recomendó la Corte Suprema. Por lo tanto, ahora presentarán un recurso en queja ante la corte, para lo cual tendrán que abonar 26 mil pesos.
Las cinco instituciones que resisten el tarifazo son el Club Social y Deportivo Las Heras, Deportivo San Andrés, Tres de Febrero, Ferrocarril Mitre y la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. La demanda inicial contemplaba también a Sportivo Villa Ballester, pero la entidad no firmó el último pedido de recurso extraordinario y tampoco se presentará en queja ante la Corte. “Nosotros pedidos que la Justicia declare inconstitucionales los cuadros tarifarios que nos quiere aplicar el gobierno y ordene que se dicte una nueva resolución con una tarifa social para los clubes. Mientras esa cuestión de fondo no se resuelve, la cautelar debe seguir vigente”, señaló a PáginaI12 Alejandro Sengiali, presidente del Club Las Heras. Las entidades cuentan con el respaldo de la municipalidad de San Martín que puso un cuerpo de abogados para asesorarlos. “Este gobierno les pone un pie en la cabeza a estas instituciones”, aseguró ayer el intendente Gabriel Katopodis.
Cuando entró en vigencia el tarifazo a comienzos del año pasado, los clubes debieron afrontar subas de hasta 500 por ciento, con facturas cercanas a los 30 mil pesos. Fue entonces cuando las instituciones de San Martín se presentaron en la justicia. Como luego el gobierno actualizó una vez más el cuadro tarifario, la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín, integrada por Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, aprovechó esa situación para decir que la demanda había quedado abstracta porque la situación original que la había motivado había vuelto a cambiar. Sin embargo, los clubes sostienen que las tarifas actuales siguen siendo imposibles de pagar para ellos y además se quejan porque les reclaman la deuda correspondiente al período en el que estuvieron protegidos por el amparo.
La ley 27.098 sancionada en 2014 prevé expresamente en su artículo 16 que “la entidad que se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo será beneficiaria de una tarifa social básica de servicios públicos”. Para cumplir con esa ley, en junio del año pasado el Ministerio de Educación y Deportes dictó la resolución 599 que resolvió otorgarles a los clubes un aporte económico no reintegrable equivalente al 40 por ciento de las facturas que deben abonar por los servicios públicos. Los clubes cuestionan esa medida porque afirman que la ley 27.098 menciona expresamente que les corresponde una tarifa social y no un reintegro posterior al pago. Además, afirman que los requisitos establecidos en esa norma son muy difíciles de cumplir para los pequeños clubes y las sociedades de fomento. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las entidades deben estar inscriptas en la Dirección de Personas Jurídicas donde les exigen tener sus balances al día y cumplir con otra serie de obligaciones burocráticas. Una vez superado ese paso, deben registrarse en el sitio web www.clubesargentinos.deportes.gov.ar, cargar las facturas ya pagadas escaneadas y esperar la aprobación. “La devolución del dinero puede llegar a tardar ocho meses y con una inflación anual cercana al 30 por ciento lo que se recibe en términos reales siempre termina siendo menos del 40 por ciento prometido”, aseguró a este diario Sengiali.
