Madrid trata de neutralizar los colegios electorales de Cataluña
La fiscalía profundiza su plan destinado a impedir la organización del referéndum separatista del domingo. Rajoy recibe el respaldo de Trump
La fiscalía profundiza su plan destinado a impedir la organización del referéndum separatista del domingo. Rajoy recibe el respaldo de Trump
Las fuerzas del orden españolas empezaron ayer a «neutralizar» los colegios electorales en Cataluña para impedir el referéndum independentista, mientras que en Washington el presidente estadounidense, Donald Trump, abogaba por la unidad de España en presencia de Mariano Rajoy. La policía regional catalana tiene la orden de la fiscalía de identificar a los responsables de los colegios electorales que deben abrir el domingo. La fiscalía pidió que esas personas comparezcan como testigos, para que entreguen la documentación que poseen relacionada con la consulta, y se les advierta de su «obligación» de no ceder dichos centros para la votación, prohibida por la Justicia. «La orden ha sido transmitida y será ejecutada con toda normalidad», declaró un portavoz de la policía catalana, los Mossos dEsquadra.
Las actuaciones de esta policía, que es autónoma pero está sometida a la legislación del Estado español, es esencial. Por ello, y como parte de su empeño por impedir la consulta, el Ministerio del Interior la puso este fin de semana bajo tutela parcial.
«España es un gran país»
El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, logró mientras tanto el apoyo de Trump en la Casa Blanca, donde fue recibido en visita oficial de trabajo. «España es un gran país, y debe permanecer unida», dijo Trump en rueda de prensa el presidente en la Casa Blanca junto al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Luego añadió: «Pero pienso que nadie sabe si realmente habrá una votación». «Todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar. Y creo que en una situación como esta lo más sensato y razonable es volver al sentido común», apostilló Rajoy. Al apuntar a los colegios electorales, la fiscalía española profundiza en un plan destinado a parar todos los pasos hacia la organización del referéndum. Desde mitad de septiembre, la Justicia amenazó a los alcaldes que faciliten locales para la votación, así como a los funcionarios de otras instituciones (colegios, centros de salud, patrimonio) que participen en la organización de la consulta. La junta electoral creada expresamente para la cita tuvo que dimitir en bloque, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera multas diarias de 12.000 euros.
Por otro lado, la Guardia Civil y la policía se incautaron de casi 10 millones de papeletas. Hasta el momento fueron cerradas además 59 páginas web que publicitaban el referéndum, y otras 85 están pendientes de cierre, según fuentes judiciales. Ante este despliegue de medidas, las autoridades separatistas que gobiernan esta región de 7,5 millones de habitantes denuncian desde 2016 los métodos «represivos» del Ejecutivo de Madrid.
La tensión política en España va mientras tanto in crescendo. En varias ciudades de Andalucía y en otras localidades como Toledo (centro) o Santander (norte), los guardias civiles que partieron como refuerzos a Cataluña fueron vitoreados por cientos de vecinos, a gritos de «viva España». Cientos de manifestantes se congregaron el lunes en Huelva, para animar a los agentes a gritos de «¡a por ellos!».
