Acuerdo por nueva pastera en Uruguay «será secreto»
A pedido de la Vicepresidenta Lucía Topolansky, el Poder Ejecutivo uruguayo informó que "no es posible" dar información al Congreso por la existencia de un contrato de confidencialidad "muy estricto"
A pedido de la Vicepresidenta Lucía Topolansky, el Poder Ejecutivo uruguayo informó que «no es posible» dar información al Congreso por la existencia de un contrato de confidencialidad «muy estricto».
Hace una semana, la Vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, se reunió con los representantes de los partidos de la oposición para plantearles ser un nexo con el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez y así tener información real sobre la marcha de las negociaciones con la multinacional UPM en relación con la instalación de su segunda pastera, esta vez a orillas del río Negro, en el Departamento Tacuarembó.
El senador del Partido Nacional (Blanco), Álvaro Delgado, a principios de mayo de este año, había pedido detalles de los acuerdos que se están fraguando entre el Estado uruguayo y la pastera finlandesa y solicitó la inclusión de todo el espectro político en las conversaciones con UPM y poner en conocimiento al Parlamento los pormenores de lo que se está pactando y de las obligaciones a contraer.
Tras la reunión del pasado lunes 2 de octubre, desde la Presidencia uruguaya le informaron a Topolanksky que no se puede ofrecer detalles del acuerdo con UPM debido a que Tabaré Vázquez firmó un contrato de confidencialidad «muy estricto» con UPM. Por dicho acuerdo el Presidente uruguayo se comprometió a divulgar aquellas partes del acuerdo que se consideren oportunas, una vez que esté firmado.
La Vicepresidenta Topolansky deberá explicar a los parlamentarios uruguayos los motivos del presidente Vázquez para informar los detalles de las discusiones con UPM, entre ellas negociaciones por las ventajas impositivas exigidas por la pastera, que incluyen la eximición del pago al Impuesto al Patrimonio por funcionar en una zona franca. El anterior gobierno de José Mujica, exoneró a Montes del Plata del mencionado impuesto, por lo que ahora UPM exige el mismo trato que su competidora, lo cual implica que el Estado uruguayo dejaría de recaudar unos 3 millones de dólares anuales.
