Pueblos Originarios: en Chubut hay tres millones de hectáreas sin regularizar
De acuerdo a los registros del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), en Chubut hay 3 millones de hectáreas de tierra cuya titularidad está sin regularizar
De acuerdo a los registros del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), en Chubut hay 3 millones de hectáreas de tierra cuya titularidad está sin regularizar, y conforme se cumplan los trámites de rigor, que se sumarán a las 400 mil que ya se han ordenado, a fin de otorgar a las comunidades originarias la tenencia de la tierra. Según los registros públicos de la provincia, hay más de 110 comunidades originarias. Sin embargo, menos de la mitad, fueron objeto del Programa de Relevamiento Territorial que se inició tras la sanción de la Ley 26.160, la cual legisla que se suspendan todos los desalojos hasta que finalice el trabajo.
El titular del IAC, Máximo Pérez Catán, confirmó que están llevando adelante reuniones con referentes de pueblos originarios a fin de regularizar la tenencia de tierras, con el objetivo es brindar herramientas a fin de completar los trámites pertinentes que para acceder al título de la propiedad, y evitar que esa fracción de tierra sea embargada, vendida o transmitida.
Los integrantes de los pueblos originarios, han iniciado trámites, han completado documentación del censo que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y “con las carpetas completas, el IAC colabora para definir la ocupación y cuestión de pueblos originarios, asentamiento ancestral y en algunos casos, asesorando, porque sus emplazamientos están dentro de ejidos municipales y no le corresponde al Instituto la intervención”, dijo el funcionario provincial.
Territorio comunitario
El relevamiento de la tierra es un tema crucial, porque sin ese reconocimiento es muy difícil abordar la vulneración de otros derechos. Hoy la única forma que se visualiza a los pueblos es través de los conflictos. Sin embargo, estos pueblos tienen mucho que aportar al desarrollo de la sociedad, en la medida que se los reconozca plenamente, lo que incluye el reconocimiento territorial colectivo.
Pérez Catán reconoció que en Chubut, la mayoría de los trámites en ejecución, “son títulos comunitarios. Estamos tratando de plantear al Ejecutivo, una incentivación respecto a que cualquier título que tramite un poblador que tiene un ascendiente en una familia originaria, pueda iniciar el trámite como un título comunitario directo”, remarcó.
“El título comunitario, es un título por el cual la tierra asignada no está en el comercio y por ende no puede ser embargada, ni vendida, ni transmitida. Queda para esa familia por todos los tiempos y no puede ser objeto de venta o intervenida por acción judicial en algún tipo de restricción”, explicó el funcionario.
Los conflictos por la tierra son de larga data y Chubut no es la excepción, puesto que hay comunidades que tienen trámites que se iniciaron cuando la provincia era territorio nacional, “por ejemplo, en Cushamen tenemos títulos otorgados en 1908 y hay toda una larga historia”, indicó Pérez Catán, señalando que no en la zona del conflicto con el RAM particularmente, pero en el departamento de Cushamen hay gente con títulos de 1908, 1930 y de 1950.
En ese marco, Pérez Catán remarcó que “en la historia de la provincia tenemos casi 400 mil hectáreas regularizadas a pobladores con un ascendiente en una familia originaria. Tanto los títulos individuales, como comunitarios, y en las tres gestiones de Das Neves, llevamos más de 100 mil hectáreas, y todavía nos debe faltar regularizar 3 millones de hectáreas en Chubut”, reveló.
Prórroga a la Ley que impide desalojos
Esta tarde, las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, realizarán un plenario, desde las 17.30, para debatir sobre la prórroga de la Ley 26.160, que evita desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, aprobada por unanimidad el pasado 27 de septiembre, y establece un plazo de cuatro años más. A pesar de que en la Cámara alta el oficialismo quería prorrogar la norma por un tiempo menor, el bloque mayoritario del PJ-FpV impuso que sea por cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.
La ley suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Pero, según informaron representantes de pueblos originarios, desde su sanción hasta la actualidad solamente el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el relevamiento catastral terminado.
