Aguaray : Deudas y embargos mantienen en vilo a la comuna norteña

El desmanejo en que cayó la administración de Alcoba la está pagando caro la actual gestión del médico Darouiche.

El desmanejo en que cayó la administración de Alcoba la está pagando caro la actual gestión del médico Darouiche.

Aguaray es el único de los 60 municipios de Salta al que la Provincia, en diciembre de 2015 y apenas asumida la nueva administración, intimó por una deuda de más de dos años que mantenía por retención indebida de rentas.

Por más que la responsabilidad recaía en la anterior gestión de gobierno se vieron obligados a proponer un plan de pago de $28.000 mensuales que se les retiene de los fondos de la coparticipación.

Pero ese es el menor de los males que enfrenta la administración del médico Alfredo Darouiche, quien en diálogo con El Tribuno consideró que «tomando en cuenta las deudas con profesionales, particulares, empresas contratistas, entre otras obligaciones, como la falta de rendiciones tanto a la nación con la provincia y cheques diferidos librados con fecha posterior, estamos haciendo frente a una deuda de unos 20 millones de pesos que nos dejó el exintendente Juan Carlos Alcoba».

«Pero como este señor pertenece a las filas del oficialismo nadie le pide explicaciones ni siquiera la Justicia; al asumir estimábamos una deuda de 6 millones de pesos porque antes de irse destruyeron toda la documentación y hasta cambiaron los equipos de computación lo que nos hacía muy difícil una estimación acertada; pero conforme fueron pasando los meses precisamos que la deuda supera los 20 millones de pesos. No obstante eso somos un municipio ordenado con los sueldos del personal al día, ejecutamos obras menores y ponemos énfasis en la ayuda social; pero el daño que se le hizo a los recursos que son de los vecinos de Aguaray es enorme», consideró Darouiche.

Y dio como ejemplo que «como la nación enviaba fondos para obras como la refacción y refuncionalización de la plaza principal, la instalación de un vivero o el programa Pan Casero y no se hicieron las rendiciones hoy no podemos acceder a esos programas».

Darouiche agregó que «tenemos el privilegio de ser el único municipio de la provincia al que le cayó la DGI porque detectó pagos en negro en el período 2010 – 2014 y aunque yo no era el intendente tengo que hacerme cargo de todos esos desmanejos que no se sancionaron en su momento».

«Se pagaban planes de ahorro de vehículos que se dejaron vencer pero no es algo que le corresponde hacer a un municipio y las irregularidades son innumerables. Si bien el anterior intendente tenía un sueldo de 54.000 en el año 2015 y yo decidí bajarlo a $30.000 es muy poco lo que podemos hacer para mejorar la situación económica del municipio», agregó.

Tres denuncias penales

El abogado Ángel Hernández Berni, asesor legal del municipio de Aguaray precisó que «hasta el momento son tres las denuncias penales que se han presentado en 2016 en la fiscalía de delitos complejos y económicos a cargo del Dr. Armando Cazón contra los responsables de la anterior administración municipal pero hasta el momento ni el exintendente Juan Carlos Alcoba ni otros funcionarios que a nuestro entender son responsables del manejo espurio que se hicieron con los recursos que son de toda la comunidad de Aguaray han sido imputados por el desvío de fondos, malversación de caudales públicos y otros hechos que están sobradamente probados en el expediente».

El letrado precisó que «la primera denuncia fue por desvíos de fondos en la cuenta de la cooperadora asistencial donde la Auditoría General de la Provincia detectó un faltante de 1 millón de pesos correspondiente a 2015 y se libraron cheques contra esa cuenta sin las órdenes de pago correspondientes.

La otra está referida a un delito tributario que ronda los 2 millones de pesos porque el municipio actuaba como agente de percepción y retención, pero no giraba los fondos a Rentas de la Provincia; pero las intimaciones llegaron dos años más tarde, cuando el intendente ya era el doctor Darouiche.

La tercera es por un contrato que Alcoba firmó con el contador Nelson Montoya para abonarle el 21% de lo que la comuna percibía en concepto de impuestos, para que mejore la recaudación y le cobre a los morosos, pero nada de eso sucedió y se le abonaron $8,5 millones por honorarios porque de cada impuesto que se pagaba el 21 por ciento iba para él. Y nosotros paramos eso».

Los juicios continúan

Hernández Berni precisó que “hasta el día de hoy tenemos juicios que Montoya le hizo al municipio porque no le hemos abonado cheques que fueron librados a su favor con fechas diferidas a más de un año después de que Alcoba dejó la intendencia”.
“Lamentablemente la jueza Griselda Nieto a pesar de que estamos adheridos a la emergencia económica y que ese reclamo se podía haber girado hacia la compensación de deuda pública hizo lugar al embargo de las cuentas municipales hecho, entre otros, por el contador Montoya a pesar de que tenemos una causa penal en trámite y es por eso que estamos apelando este fallo”, detalló el abogado de la comuna norteña.
Y agregó que “el fiscal Armando Cazón por su parte, es quien tiene que instar a que las causas se resuelvan pero hay un retraso injustificado y las causas estuvieron paradas muchos meses; esto tiene una sola explicación y es porque todo está teñido y viciado de política porque los involucrados son gente que están en las filas del oficialismo lo que condiciona el accionar de la Justicia”.

“La gente tiene que saber que tenemos tres denuncias formuladas, que el daño económico al municipio supera los 20 millones de pesos y que a pesar de todo, el intendente Darouiche está tratando de que el municipio esté ordenado y cumplir con sus obligaciones mientras sigue respondiendo a esas otras obligaciones que fueron contraídas en la gestión anterior”, enfatizó Hernández Berni, claramente molesto con la situación que le tocó heredar de su cliente, o de la comuna aguarayense.

Fuente: El Tribuno