Revés judicial para Temer por la flexibilización del control del trabajo esclavo
Mientras que Argentina quiere hacer una reforma laboral "a la brasileña", el Tribunal Supremo Federal de Brasil suspendió los efectos del decreto del Gobierno que debilitó la lucha contra ese tipo de prácticas abusivas que restringen los derechos de los empleados.
Mientras que Argentina quiere hacer una reforma laboral «a la brasileña», el Tribunal Supremo Federal de Brasil suspendió los efectos del decreto del Gobierno que debilitó la lucha contra ese tipo de prácticas abusivas que restringen los derechos de los empleados.
La jueza del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Rosa Weber, suspendió temporalmente los efectos del decreto del Gobierno de Michel Temer que modificó las reglas de control del trabajo esclavo y que generó polémica por supuestamente debilitar la lucha contra ese tipo de prácticas.
La magistrada acogió una petición del partido opositor Red Sustentabilidad, según la cual los cambios ordenados por el Ministerio de Trabajo restringen indebidamente el concepto de trabajo esclavo e introducen un «filtro político en una cuestión de naturaleza estrictamente técnica».
De momento los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo no tendrán efecto, aunque la decisión de la jueza es temporal y habrá que esperar una resolución definitiva del total de los magistrados del Supremo. El Gobierno justificó los cambios para dar más seguridad jurídica a las empresas, alegando que es difícil llegar a un consenso sobre lo que son «condiciones degradantes» o una «jornada extenuante».
La decisión provocó críticas de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas y de los propios auditores del Gobierno que controlan que las empresas no usen mano de obra esclava, que llevaron a cabo una jornada de huelga en varios estados del país.
Los cambios propuestos por el Gobierno determinaban que para calificar una situación laboral como «análoga a la esclavitud» no fuera suficiente la constatación de jornadas de trabajo extenuantes y en condiciones degradantes, sino que se debía comprobar la restricción a la libertad del trabajador.
Además, se obligaba a acompañar cada caso de una denuncia ante la policía, lo que según los auditores generaría más burocracia y dificultaría el proceso, y la «lista sucia» de empresas empleadoras de mano de obra «esclava» ya no sería elaborada por los técnicos que vigilan las condiciones de trabajo.
Esa potestad era de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), dependiente del Ministerio de Trabajo pero con perfil técnico y cierta autonomía, pero el Gobierno cambió la norma para que la divulgación de esta lista dependiera de la «determinación expresa del ministro», un cargo político.
La flexibilización de las reglas sobre el control del trabajo esclavo es una reivindicación histórica de los diputados con intereses en el sector agrícola y ganadero, así como de la industria textil y la construcción, los que más recurren a estas prácticas ilegales.
El presidente Temer necesita en la actualidad muchos votos en la Cámara de Diputados para archivar una denuncia por corrupción, por lo que los críticos con su gestión ven la medida como una concesión a estos diputados para garantizar que ese intento de enjuiciarlo sea archivado.
