Buenos Aires: La letra chica del Presupuesto 2018 que golpea a intendentes de todos los partidos
El proyecto de Presupuesto 2018, que ya ingresó en la Legislatura bonaerense, trae consigo numerosos puntos que ya abrieron la polémica. En el medio, el debate por la autonomía municipal.
El proyecto de Presupuesto 2018, que ya ingresó en la Legislatura bonaerense, trae consigo numerosos puntos que ya abrieron la polémica. En el medio, el debate por la autonomía municipal.
María Eugenia Vidal acaba de asestarle un golpe mortal a los intendentes de toda la Provincia y al concepto mismo de autonomía municipal. Su proyecto de Presupuesto, que viene con un “pacto fiscal” ata de pies y manos a las gestiones comunales en un sinnúmero de atribuciones y funciones, que van desde la contratación de agentes hasta el nivel de gasto, pasando por la posibilidad de contraer deuda y más. Y, para colmo, no añade fondos para obras.
Dentro de la “ley de leyes” la polémica está centrada en el uso del llamado “Fondo Educativo”, una “caja” que el año pasado superó los 3.500 millones de pesos y que, si bien debía destinarse a educación, era ejecutado con distintos y muy laxos criterios por cada administración. Este año, el Gobierno quiere que tenga afectación específica: la reparación de edificios escolares, una responsabilidad que, en rigor, corresponde a la Provincia.
Antes, los intendentes podían destinarlo a educación formal e informal: financiaban albergues universitarios, capacitaciones de distinta índole, infraestructura escolar, accesos para las escuelas y, en algunos casos, que torcían la letra de la ley, terminaban en el bolsillo de agentes municipales y hasta en plazos fijos.
Esta amplitud de criterio no fue potestad de un solo signo político: intendentes de Cambiemos, del PJ y del Frente Renovador tuvieron cuestionamientos por usos poco regulares de esos dineros, que implican cerca del 8 por ciento del total de los fondos que Provincia y Nación “derraman” a las comunas.
Junto a las restricciones del uso del Fondo Educativo está la cuestión del “pacto fiscal”, cuyo objetivo final es restringir el gasto de las comunas. La operatoria es simple: los que firmen y cumplan, tienen acceso a financiamiento de diversa índole y a asistencia en caso de desastre. Los que no, quedan a la buena de dios.
Los intendentes hacen fila para quejarse, por ahora en voz baja. “Si no firmo me quedo afuera de todo, si firmo y no cumplo, también”, le dijo a INFOCIELO uno de ellos, alertado por el silencio que reina en la Legislatura, que hace presagiar que mayoritariamente diputados y senadores aprobarán los proyectos que remitió Vidal. “Les voy a tener que pedir permiso para contratar hasta un barrendero”, agregó la fuente, indignada.
La tercera cuestión, para nada menor y muy emparentada con las dos anteriores, es la puja por el Fondo de Financiamiento Municipal, que el Gobierno no quiere poner como prenda de negociación de la Ley. La excusa de Vidal y de sus ministros es que hubo una ejecución despareja de esos recursos, que totalizaron unos 15.500 millones de pesos en dos años. La réplica de los intendentes es que pagarán justos por pecadores, porque varios de ellos han hecho los deberes mientras otros han hecho negocios o simplemente se han engalanado con su ineficiencia.
Así, se repite el diagnóstico que surge del Fondo Educativo: ¿por qué deben enfrentar restricciones y tutelaje quienes han gastado en tiempo, forma y de acuerdo a la ley?
A pesar de que cada uno de los argumentos señalados va de la mano con el más cabal sentido común, y de que quienes los esgrimen son opositores pero también hay algún oficialista, en la Legislatura nadie dice esta boca es mía. En Cambiemos cunde la obediencia debida. En la oposición las explicaciones no son tan fáciles de encontrar.
