Crece la polémica por cesantías en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán

Se trata de nueve trabajadores de planta permanente y alrededor de 30 contratados. La pelea política es el telón de fondo del conflicto

Se trata de nueve trabajadores de planta permanente y alrededor de 30 contratados. La pelea política es el telón de fondo del conflicto

La ciudad de Fray Luis Beltrán sigue conmovida por los conflictos sociales y laborales. A los despidos ocurridos en Fabricaciones Militares, se suman los decretados por la nueva administración municipal a cargo del intendente Mariano Cominelli que suman nueve cesantías de trabajadores de planta permanente y a unos 30 contratados en distintas áreas. Estos trabajadores anunciaron que iniciarán acciones judiciales para recuperar sus puestos.En algunos ámbitos se considera a los trabajadores municipales despedidos como el jamón del sándwich de una pelea política entre el nuevo intendente y la anterior mandataria, Liliana Canut, quienes han sostenido duros cruces y acusaciones que fueron reflejadas en este diario.

El pasado 14 de diciembre, entre otras acusaciones Cominelli señaló a LaCapital que la administración Canut había entregado el municipio con las cuentas en rojo y en medio de un paro de los trabajadores municipales por falta de pago de los salarios.

Los dichos de Cominelli fueron duramente desestimados por Canut quien tres días después calificó al nuevo intendente de “mentiroso”. En ese sentido, Canut explicó que “había 1,3 millón de pesos disponibles en las cuentas bancarias de la Municipalidad” y que el pago de los salarios estaba asegurado ya que debían llegar fondos desde la provincia a través de un giro que “fue demorado deliberadamente en función de un acuerdo político urdido entre el gobierno provincial socialista y el justicialismo”, ya que Canut integra el sector del radicalismo que se unió a las filas de Cambiemos.

Personal municipal de planta permanente que pidió absoluta reserva de su identidad, señaló ayer a este diario que “hubo casos de compañeros del área de desarrollo social que quedaron efectivos el 1º de agosto por medio de decretos de julio del año pasado, que fueron echados”.

La misma fuente señaló que al asumir la gestión en el 2013, Liliana Canut había dejado en sus puestos a numeroso personal ingresado en gestiones anteriores a la suya. Y no se puso a efectivizar gente antes de irse, “ya que inclusive nos señaló que no quería hacerlo porque se aproximaban las elecciones”.

“Las personas echadas de planta permanente son 9, pero puede ser que haya uno más”. En cuanto a los contratados, se relativizó la cifra de 30 despedidos informada en algunos medios al considerar que: “Ahí juegan otros factores, porque puede ser, por ejemplo, personal llamado por la Casa de la Cultura para dar cursos hasta los últimos días de diciembre y que retoman su labor, si el intendente lo considera, en marzo”.

El proceso se inició, según se señaló, cuando “echaron a cuatro personas y el 26 de diciembre reincorporaron a tres, porque los sindicatos municipales —tanto el liderado por Edgardo Quiroga como el Sitram, que conduce Miguel Santa Cruz— se le plantaron a la Intendencia porque eran tres afiliados. El 5 de enero echan a ocho personas más de planta permanente, entre ellas, la contadora de la Municipalidad efectiva desde el 2013; un abogado de la Secretaría de Gobierno efectivizado en 2015, un empleado de mesa de entradas, un sereno y otra compañera de Contaduría y otros cuatro efectivizados en el 2017”.

Luego de señalar que Cominelli no atiende los reclamos de los delegados, se indicó también que los trabajadores echados han decidido llevar las cosas al terreno judicial “con un abogado que los patrocine cuando interpongan el recurso administrativo y el amparo correspondiente y que se los reintegre a sus puestos de trabajo. Los pasos a seguir son la presentación del recurso administrativo y luego las cautelares. Allí vuelven al trabajo, pero con las condiciones que establece el municipio”, se señaló.

La fuente destacó luego que “los compañeros están dolidos y el argumento más doloroso que se esgrime contra ellos es que «no tienen comprobada la idoneidad». También argumentan que no existe presupuesto para cubrir esos cargos y que no ingresaron por concurso, cuando en Beltrán jamás los hubo”.

Fuente: La Capital