Justicia Social y Seguridad: Estigmatizaciones y aislamientos de las juventudes
El Censo 2010 reveló que el 42 por ciento de la población, unos 17 millones de personas, tiene hasta 24 años. La mirada conservadora vincula a los jóvenes pobres con el delito. Sin embargo, las juventudes tienen hoy una agenda vinculada a la solidaridad y territorialidad.
Por Roxana Mazzola *
Existen diversos imaginarios sobre las juventudes que han predominado en nuestro país y que están presentes en conversaciones cotidianas. Son parte de nuestro “acervo” cultural, los cuales a menudo se naturalizan y cristalizan en instituciones, legislaciones, que establecen lo “apropiado en las formas de intervenir del Estado” por más que vulneren derechos. Algunas de estas percepciones (en especial las más perjudiciales) son reproducidas por los medios de comunicación, despertando esa mirada instalada en la memoria colectiva hace más de un siglo o durante los procesos más represivos o regresivos. Esto tiene lugar frente a otras luchas por la justicia social, con otros sentidos, donde las juventudes son “protagonistas”. Esas etapas fueron las siguientes.
– 1920/30: la “criminalización de la juventud”.
Surge a inicios del siglo XX con una oligarquía restringida y modelo de desarrollo agroexportador. Se visualiza al joven como peligroso y hay una asociación lineal entre comportamientos juveniles y violencia. No se distingue entre juventud pobre y delito. Es el mecanismo del “pánico moral” el que entra a operar y se instalan discusiones que tiendan a justificar mecanismos represivos sobre niños y jóvenes. Es el paradigma de la “situación irregular” de la infancia, adolescencia y juventud. Esta es una mirada vigente. Como señala Kessler, muchas veces en los barrios populares sus propios vecinos los ven como una suerte de amenaza interna. Una mirada más restrictiva y una idea de justicia distributiva más vinculada a criterios utilitaristas: cada uno como pueda. No se fortalecía a las familias sino a instituciones especializadas para el “tratamiento” de los jóvenes. Medidas para garantizar el orden social, la seguridad y el control son lo esencial.
– Los ’50: preparación para la vida adulta, normalización y justicia social.
En el marco de políticas distributivas, la concepción que identifica la juventud como un período “preparatorio”, de transición entre la niñez y la adultez, tiene lugar desde los años ’50, bajo un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y con eje en la ampliación de los derechos del trabajador y de la familia obrera. Es el paradigma de la “normalización” ligado a criterios igualitarios de justicia distributiva. Las políticas públicas se orientan a promover la educación y capacitación como vías de preparación para la vida adulta, lo que permitió una creciente incorporación de amplios sectores juveniles a los beneficios de la educación, mientras que la familia era aquella tradicional nuclear con jefatura de hogar masculina.
– Los ’60 y ’70: el “protagonismo” juvenil.
La juventud politizada y los movimientos artísticos aparece en escena. El paradigma del “protagonismo” juvenil intenta tomar un lugar, aunque por poco tiempo. Son los hijos y las hijas del proceso de inclusión y distribución generado durante el peronismo. La asociación ya no era entre jóvenes universitarios solamente, como en la Reforma Universitaria de 1918, sino que grupos de jóvenes fueron forjando una asociación con movimientos populares, barriales y obreros a lo largo de esas décadas.
– 1976: la “criminalización” extendida.
Cuando se instauró la dictadura militar más cruenta en la historia de nuestro país, se impuso un plan económico de ajuste, con congelación de salarios, proscripción de la asociación sindical, bajo un eslogan que decía “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Es aquella mirada de “criminalización de la juventud” de inicios de siglo, ahora extendida a toda la sociedad, la que vuelve a tomar lugar y en su peor forma. La apropiación sistemática de niños recién nacidos, la desaparición forzada de personas y la instauración del miedo en la sociedad como forma de doblegación serán algunos de los signos escalofriantes de la instauración de un orden social injusto.
– Los ’90 y la crisis de 2001: los “ni ni” y la “protección restringida”.
En los ’90 se gesta la imagen que etiquetó a los jóvenes como los “ni ni”, que no estudian ni trabajan. Consolidando aquellas políticas económicas iniciadas en la dictadura, en los ’90 las juventudes serán segregadas y vulneradas en sus derechos. La salud, educación y seguridad social fueron descentralizadas y/o privatizadas, instaurando un federalismo social desigual. La falta de empleo, la deserción escolar y la baja calidad educativa se destacan como detonantes de los llamados “ni ni”. Su origen proviene del acrónimo inglés NEET, not in employment, education or training (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación). El mismo fue utilizado por primera vez en 1999 en un informe de la Social Exclusion Unit, que es una oficina de apoyo al gabinete del primer ministro de la Gran Bretaña. Su uso se ha extendido, siendo especialmente atractivo para los medios de comunicación. Bajo esta mirada, los jóvenes son estigmatizados, siendo visualizados como seres inactivos e improductivos, constituyéndose así dicha estigmatización en el origen de una forma de exclusión. Si bien refleja lo que se quiere decir, llamarlos “ni ni”, como bien señalara Emilce Moler, es hacerlos responsables de las carencias que tienen. Cuando la realidad es que no tienen acceso a la educación, ni al trabajo. Los jóvenes hacen muchas actividades. Cuidan a sus hermanos, colaboran en sus casas, escuchan y recrean arte, música, militan. Esta es una mirada homogeneizadora y que invisibiliza la complejidad de sus vidas frente a la heterogeneidad de situaciones de las juventudes. Los visualiza de forma pasiva. Este es el paradigma de la “protección restringida” de la infancia, adolescencia y juventud.
– 2003 en adelante: despertar político de las juventudes y la “protección ampliada”.
Desde el año 2003, el despertar político de las juventudes es una manifestación concreta del cambio político, económico, social y cultural que vive nuestro país, en contraste con los ’90. Del desinterés, la apatía, la falta de participación o de “voluntad” de cambio se pasó al protagonismo de las juventudes, a reconocerlos como agentes de cambio y transformadores de la realidad. Es el nuevo paradigma: la “protección ampliada” donde las infancias y juventudes dejan de ser consideradas una “amenaza” para la sociedad y el Estado interviene garantizando cierta justicia distributiva a su favor. Comienza un proceso donde dejan de ser invisibilizadas y consideradas un colectivo restringido, pero en dura disputa con otras miradas que limitan el alcance del cambio cultural.
Las juventudes son protagonistas de luchas continuas en la sociedad, no sólo discursivas sino en su materialización. Conviven paradigmas, expresión de disputas y proyectos distintos. Hay una ambivalencia en su visualización como sujetos activos o pasivos a lo largo de nuestra historia donde se olvida que son presente y protagonistas. Comprenden al 42 por ciento de la población (17 millones tiene hasta 24 años según el Censo 2010). Restringir la discusión a la mirada unilineal que vincula a los jóvenes pobres con el delito no sólo es tener una visión homegeneizadora de las juventudes cuando sus realidades son muy heterogéneas, sino que implica también no plantear alternativas y dar vuelta la cara a casi la mitad de la población.
Hay una agenda vinculada a la solidaridad, territorialidad y cohesión social a promover, sin que sea filantrópica. El desafío es cambiar la mirada, más que reproducirla sobre las juventudes
