Gobernadores, en alerta por reparto de la obra pública
Empezaron a seguir de cerca el método de la distribución que se realiza.
Empezaron a seguir de cerca el método de la distribución que se realiza.
Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitará a través del programa de Participación Público-Privada (PPP). Por una cuestión obvia de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos.
Un trabajo periodístico publicado el diario La Nación aporta interesantes datos sobre el tema.
El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70% de los fondos, «se priorice el criterio federal».
La primera licitación, que se llevará a cabo el 20 de este mes, es para rutas y autopistas. En el Ministerio de Transporte defienden el criterio aplicado y recalcan que con la infraestructura por construirse se reducirán fuerte los costos logísticos.
Más allá de los reclamos individuales, los gobernadores apuntan a que la comisión bicameral encargada de seguir el tema -la preside el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista)- insista en que todos los distritos sean tenidos en cuenta a la hora de la distribución de las obras.
Fuentes cercanas al ministro Rogelio Frigerio plantearon a La Nación que los PPP son «también obra pública con un financiamiento que nos permite casi duplicar lo que venimos haciendo hasta ahora y que ya constituye un récord». En esa línea indicaron que el déficit de infraestructura es «tan grande» que «se debe echar mano a cuanta herramienta exista para seguir achicando esa brecha. La legislación que tenemos es de las mejores del mundo».
«Vamos a exigir un criterio federal y también a controlar el mecanismo de financiamiento, que aunque es interesante tuvo fallos en otros países», dijo Bossio. El diputado planteó que está claro que ningún privado «pondrá plata donde no hay rentabilidad asegurada, pero para eso está el Estado», y describió que, en ese sentido, la «variable federal» tiene que jugar fuerte en el esquema de financiamiento, en donde el 30% lo ponen los privados y el resto, el sector público.
El senador cordobés Carlos Caserio (Unión por Córdoba) explicó que «se buscará evitar arbitrariedades; que el reparto sea equitativo en función de las necesidades reales del país». En plena discusión por el pacto fiscal, los gobernadores plantearon que había una reducción de la cantidad de obras públicas asignadas a las provincias con el argumento de que parte de lo que les toque vendría con los PPP. Y no llega ni por un lado ni por el otro», advirtió un ministro tucumano.
De los gastos presupuestados para este año, el 25% no tiene una asignación provincial específica. Del resto, el 42% se concentra en Buenos Aires (22%) y en la ciudad de Buenos Aires (20%); le siguen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%). Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10% del gasto.
Si se toma solo el gasto de capital (tanto por inversión real directa como por transferencias de recursos), el 38% no tiene definición geográfica (es clasificado como «nacional» o «interprovincial»); del resto, Buenos Aires se lleva el 15% y la CABA, el 10%. Atrás vienen Santa Fe, con 4,2%, y Río Negro, con 3,2%.
Otra alarma se encendió cuando de 38 proyectos de PPP para 14 provincias por US$ 9500 millones del Plan Nacional de Agua que gestiona la Secretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio del Interior, los más grandes (unos US$4500 millones) fueron para Buenos Aires y Mendoza. «No solo Buenos Aires necesita plantas depuradoras de líquidos cloacales», deslizó Caserio. Más allá de la ironía, hay previstas por esta modalidad la ejecución de plantas depuradoras para Tucumán, Gran Rosario y Santa Fe.
Este año, el mayor peso de la obra pública recae sobre el sistema de PPP; el presupuesto incluye 52 iniciativas por US$21.000 millones. De ese importe global, Buenos Aires es la provincia más beneficiada para hospitales (serán seis; en el interior solo hay previsto uno para Neuquén) y cárceles (tres unidades). Se trata de proyectos más complicados porque su operación y gestión son más sofisticados.
