La doble vara del ajuste en el campo
El Ministerio de Trabajo fijó requisitos que, en la práctica, eliminan el subsidio de 2300 pesos para los trabajadores temporarios. Por ahora, la medida afecta a unos ocho mil cosecheros del tabaco
El Ministerio de Trabajo fijó requisitos que, en la práctica, eliminan el subsidio de 2300 pesos para los trabajadores temporarios. Por ahora, la medida afecta a unos ocho mil cosecheros del tabaco, pero luego alcanzará a los peones de otras actividades estacionales.
El Gobierno recortó los subsidios intercosecha a los trabajadores rurales. Los cosecheros del tabaco de Salta –que quedaron sin ingresos por el granizo que este enero inutilizó los sembrados– se están presentando a tramitar el subsidio, pero se encuentran con que la cartera que conduce Jorge Triaca elevó sus requisitos. Para poder cobrar, ahora les piden presentar recibos de cinco meses de sueldo, cuando antes les pedían tres. Dado que no han podido trabajar, no pueden reunirlos. La medida es una virtual eliminación del único ingreso –de apenas 2300 pesos– de los trabajadores temporarios. En cambio, para los productores de tabaco sí fue declarada la emergencia agropecuaria. Otro caso de la doble vara de Cambiemos y su marca de clase.
Estos programas intercosechas fueron creados en 2008, como un modo de asistir a los trabajadores temporales en los recesos por la estacionalidad de los cultivos. Es una ayuda de 2300 pesos que los cosecheros cobran durante cuatro meses.
La del tabaco, en Salta, es una de las primeras cosechas del año. La Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (Atres) estima en 8 mil el número de temporarios afectados por la caída de la cosecha en la provincia. La zona de crisis está en los valles de Lerma y Siampra, dos de las principales áreas tabacaleras de la región y foco de las granizadas. Sin embargo, dado que hay un mismo marco legal para muchas otras actividades agrícolas estacionales (cosecha de la yerba, citrus, arándanos, zafra azucarera, maíz, olivo, horticultura) la preocupación se extiende a decenas de miles de trabajadores en todo el país.
La denuncia fue presentada la semana pasada en el Congreso Nacional por Ernesto Ojeda y Gabriela Rearte, de Atres, a quienes se sumó el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR, de Misiones), cuya titular es Ana Cubilla. Ambas son organizaciones de una nueva camada, nacidas como opositoras a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que condujo históricamente Gerónimo “Momo” Venegas –y que tras su fallecimiento quedó a cargo de Ramón Ayala, descripto recientemente por el diario Clarín como “el sindicalista más macrista” de la Argentina–. Hasta ahora, Ayala no ha hecho comentarios sobre los miles de representados salteños olvidados en una situación que está incluso por debajo de la indigencia.
Ocultamientos
En diálogo con PáginaI12, el salteño Ernesto Ojeda explica que “hubo una orden política, por vía interna y desde el Ministerio de Trabajo, para recortar los subsidios”.
“El ministerio no nos da ninguna documentación, porque mantiene en secreto esta orden; es un maestro del ocultamiento. Pero los compañeros que se presentan a hacer el trámite se encuentran con el cambio. Pedirles cinco recibos de sueldo es un despropósito porque, justamente, lo que ocurrió fue que no pudieron trabajar por un desastre natural. El Estado reconoce la situación de desastre para los productores de la Mesa de Enlace; está claro que si hubo desastre, fue para todos. Los trabajadores del tabaco no pueden quedar ni un día sin cobrar”.
Los dirigentes han pedido ser recibidos por el ministro Jorge Triaca, sin respuesta. En el Congreso, reclamaron que el parlamento intervenga para que se dé marcha atrás con la medida. Otro aspecto del reclamo a los diputados fue que la resolución del 2008, que creó los subsidios intercosecha, sea convertida en ley, como modo de garantizar su continuidad. Ana Cubilla, representante de los tareferos de Misiones, apunta que lo que pasa hoy a los salteños puede tocarles a ellos en poco tiempo “porque la cosecha de yerba termina en agosto”. En dos meses entran en el período de falta de trabajo por estacionalidad.
La elevación de los requisitos para acceder al cobro del intercosecha es entendida por los sindicatos como una política que apunta a la desaparición de un derecho adquirido. “El de la cosecha es un trabajo cíclico y sujeto a variables que no podemos dominar. El subsidio es, justamente, un modo de auxilio entre cosecha y cosecha. Es un ajuste que no tiene otro motivo que la política de reducción del gasto fiscal para pagar obligaciones externas”, concluye Ojeda.
Salario social
Gabriela Rearte cuenta que el programa tiene un monto de 2300 pesos congelado desde la temporada 2015-2016 y que su funcionamiento real tiene fuertes restricciones. Las características históricas de los empleadores del campo, sector donde la contratación irregular es moneda corriente, y la falta de controles por parte del Estado es un primer colador en el que un número no determinado de trabajadores queda sin acceso al programa. “Nosotros, como sindicato, antes de esto estábamos en la lucha para que los que no llegaban a juntar los recibos de tres meses no quedaran excluidos, porque tenemos muchos productores que pagan en negro. Todo el trabajo rural está muy desregulado. Cada vez que un trabajador nos trae un recibo de sueldo de una finca distinta, nos encontramos con un mecanismo propio, particular, para pagarles menos”, asegura. El pago por jornal es en este momento de 530 pesos.
“Entre los yerbateros –aclara Cubillas–, ni siquiera hay un jornal, sino un pago por tonelada, a destajo. Esto quiere decir que ganás según como seas de guapo, o de cuánta familia llevés a trabajar.”
Antes de viajar para la presentación en el Congreso Nacional, Atres llevó el tema a la Cámara de Diputados de Salta. En los dos ámbitos, el sindicato planteó que, ante la extrema vulnerabilidad en la que quedaron los trabajadores de la cosecha, el Estado debe habilitarlos a acceder al programa con la sola presentación de la constancia del ciclo anterior aprobado. También que se los incluya en el programa de Salario Social Complementario de 4750 pesos entre enero y octubre, inicio de un nuevo ciclo de la actividad. Sumado el intercosecha y el SSC, las familias podrían reunir 7050 pesos. Según los datos oficiales del Indec, la línea de indigencia para una familia tipo de cuatro integrantes es incluso superior, de 7473 pesos.
“Es indignante que sólo los productores quedaran a salvo de las pérdidas por su seguro y por la intervención del Poder Ejecutivo provincial y el nacional, pero los trabajadores no tengamos nada, y quedemos al desamparo y sin ingresos”, remarca un documento de Atres. “Nuestros compañeros incluso tuvieron que llegar a la instancia menos deseada por cualquier ser humano, que es irse a buscar trabajo a otras regiones, dejando a sus familias y seres queridos. Pero aun así, muchos no pudieron emplearse.”
