Doble golpe judicial contra el alcalde evangélico de Rio de Janeiro
El alcalde evangélico de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recibió ayer dos golpes judiciales: la prohibición de usar su posición para favorecer a iglesias de ese credo y el congelamiento de bienes por un caso de sobreprecios cuando era ministro de Pesca.
El alcalde evangélico de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recibió ayer dos golpes judiciales: la prohibición de usar su posición para favorecer a iglesias de ese credo y el congelamiento de bienes por un caso de sobreprecios cuando era ministro de Pesca.
Crivella, exobispo de la poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios, lleva días en el centro de la polémica, después de que el diario O Globo revelara a principios de mes los audios de una reunión «secreta» con 250 pastores evangélicos en el Palacio de la Ciudad.
El juez de Rio de Janeiro Rafael Cavalcanti Cruz, considera que en esa reunión el alcalde, de 60 años, ofreció a sus participantes «ventajas no previstas en la ley». Entre ellas, beneficios de salud como la posibilidad de agilizar operaciones de cataratas, o facilidades en el pago del impuesto predial.
«Las ventajas ofrecidas por el demandado a pastores y líderes de iglesias evangélicas, en la reunión titulada Café de Comunión, no estaban permitidas por la ley, razón por la cual la conducta imputada al acusado vulneró el principio de legalidad», señala Cavalcanti en su resolución.
Entre otras restricciones, el juez le prohíbe a Crivella usar recursos públicos a favor de grupos religiosos, realizar censos religiosos o usar espacios públicos para adoctrinamiento.
En el cargo desde enero de 2017, Crivella se libró la semana pasada de un proceso de impeachment, después de que la Cámara Municipal de Rio de Janeiro rechazara dos pedidos de destitución relacionados con los audios.
Por otro lado, el juez Renato Borelli, del Distrito Federal de Brasilia, decretó el congelamiento de bienes del alcalde y de otras ocho personas, por un total de 3,1 millones de reales (USD 800.000). El magistrado sospecha que pueden estar implicados en un esquema de sobreprecios en un contrato hecho entre el ministerio de Pesca (cuando Crivella ocupaba esa cartera entre 2012 y 2014), y una empresa de instalación de equipos electrónicos.
En su resolución, Borelli considera que el exministro «no adoptó las medidas necesarias para garantizar que el precio estimado de la contratación estuviera de acuerdo con los valores observados en el mercado».
