La deuda disciplinadora
La relación entre deuda externa, conflicto social y reforma del Estado está suficientemente probada. Cuando se trata de perder derechos sociales la imposición del ajuste requiere condiciones de aceptación que solo es posible imponer en un contexto de incertidumbre.
La relación entre deuda externa, conflicto social y reforma del Estado está suficientemente probada. Cuando se trata de perder derechos sociales la imposición del ajuste requiere condiciones de aceptación que solo es posible imponer en un contexto de incertidumbre. Es en ese marco en el qué se producen los acuerdos del gobierno con el FMI.
Hoy el gobierno de Cambiemos, por convicción más que por necesidad, debe retrotraer la agenda de los derechos sociales recuperada entre 2013 y 2015 y para eso introduce modificaciones en la economía bajo condiciones extremas siguiendo los pasos del manual reformador cuya primera recomendación es: “Si no hay crisis, debe provocarse”. Atentos a las corridas cambiarias, los despidos masivos y el proceso inflacionario, esa condición parece cumplida.
En Argentina, la deuda externa siempre tuvo una evolución inversamente proporcional al desarrollo del país. Endeudamiento y ajuste económico están emparentados. Curiosamente si bien la agenda social siempre fue subsidiaria de la económica, las reformas se impulsan aludiendo a la necesidad de superar la pobreza. En la historia reciente entre la dictadura militar y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante el mismo período, la Argentina reembolso alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976. El pago siempre significó más endeudamiento puesto se utilizaba para refinanciar deudas anteriores o para asegurar nuevos pagos. Al término de ese proceso la sociedad Argentina tenía a más del 50 % de la población debajo de la línea de pobreza. A su vez los efectos del endeudamiento son a largo plazo, pasados los estallidos del 2001 la injerencia del FMI se mantuvo y condicionaba las decisiones tendientes a aliviar las consecuencias del desmadre económico. Por ejemplo, en el presupuesto del 2004 el pago de intereses por la deuda externa fue 3 veces el presupuesto asignado a salud.
Del corsé con el FMI se salió en 2005, cuando el gobierno de Néstor Kirchner saldó la deuda con ese organismo y terminó con el doble comando que significaba la rendición de cuentas en procesos de renegociación. De manera simultánea se comenzó a desplegar la agenda del desarrollo tendiente a la reindustrialización y restitución de derechos que demostró el efecto liberador del desendeudamiento con el FMI. Al respecto, podemos decir que toda la política de desendeudamiento jugó un papel importante, pero definitivamente una cosa es la restricción económica y otra la política. El FMI opera principalmente en el plano político y es en ese sentido que a partir de su intervención logra injerencia en todo el espectro económico y social del país.
Hoy el foco parece estar en la reprivatización, re primarización de la economía y la incorporación a la esfera privada transnacional de activos asociados a recursos naturales. El capítulo social de esta nueva reforma de seguro volverá a poner foco en subsistemas claves como el de seguridad social, salud y educación. En definitiva, vienen por el “sistema de bienestar” que pudimos reconstruir desde 2003. La diferencia con la reforma anterior es que una de las partes interesadas en el cambio de matriz gobierna el país y puede hacer todo de modo más rápido. El problema no es el FMI sino los que lo llaman.
La lectura del acuerdo de entendimiento con el FMI brinda algunas pistas respecto a qué tratamiento tendrá la cuestión social. En principio podemos decir que el documento habla del tratamiento de la vulnerabilidad social y explícita su preocupación por prever dispositivos de contención frente al ajuste. El temor a los estallidos sociales queda expresado entre líneas, pero con muy poco soporte para evitarlos ya que el acuerdo instala las bases de reformas cuyo impacto social negativo y consecuente conflictividad se perfila inevitable.
No es común que el FMI se refiera explícitamente a cuestiones sociales, ya que deja esa tarea a los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) que operan en ese plano. Por lo general los BMDs, en el marco de los acuerdos del FMI participan con recursos modestos pero alto poder de influencia.
Como parte del acompañamiento a la reforma, y según la experiencia previa, es posible que los BMD apoyen financieramente por vía de créditos blandos proyectos sociales con alto impacto y aceptación en la opinión pública y/o los potenciales beneficiarios. Parte de la estrategia es actuar en áreas de vacancia en torno a problemas pendientes de solución. Actualmente sería el caso del Plan Nacional de Primera Infancia y universalización de la Educación Inicial que se instrumenta desde el MDS con apoyo financiero del BID, y muy probablemente siga en la lista el apoyo a la instrumentación de ley de Integración Urbana y Regularización Dominial que cuenta con media sanción y que de aprobarse posibilitará al Estado hacer un acopio extraordinario de tierras (villas y asentamientos) para su posterior regularización. A futuro es posible que se tomen préstamos para financiar los programas de ingreso, especialmente aquellos que como la AUH en caso de interrumpirse ponen en jaque la gobernabilidad. Se trata de procedimientos de injerencia probados en la crisis de fin de siglo y que se pueden replicar. Es por eso que señalamos su posible recurrencia, aun a riesgo de equivocarnos y tener que pedir disculpas.
En el marco del megaendeudamiento producido en dos años y de sucesivas devaluaciones, hoy asistimos a una fenomenal transferencia de riqueza de la población hacia sectores concentrados de la economía. Desde el gobierno se anuncian las reformas de ajuste como una solución a la crisis, lejos de serlo se trata de medidas que buscan sellar el cambio de la matriz distributiva. Ese es el plan, tan obvio que hasta duele ponerlo en palabras.
Por Adriana Clemente
* Directora del CEC, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
