Preocupación por el conurbano e indiferencia por la Patagonia
La mirada del Gobierno Nacional está en el cumplimiento de las metas de ajuste fiscal planteadas con el FMI. En paralelo, la caída de la economía, del 5,8%, explica la fuerte baja del consumo que se está produciendo en todo el país.
La mirada del Gobierno Nacional está en el cumplimiento de las metas de ajuste fiscal planteadas con el FMI. En paralelo, la caída de la economía, del 5,8%, explica la fuerte baja del consumo que se está produciendo en todo el país.
A eso se le suma que la canasta básica alimentaria creció por arriba de la inflación en junio y se cree que en julio ocurrirá lo mismo.
En paralelo, el recálculo a la baja de asignaciones familiares en una de las zonas que genera la mayor riqueza en hidrocarburos para el país, como es la Patagonia y en el Norte, la porción más pobre de Argentina, no avizora el mejor escenario económico, donde la clase media vuelve a ser la más castigada.
Como contrapartida, el Gobierno sólo busca amainar el impacto en el conurbano bonaerense, consciente de que un desmadre social en esa región impactaría, vía la nacionalización de la información, en todo el país.
Para ello, entre Nación y Provincia acordaron la creación de un fondo destinado a abastecer de alimentos a comedores y tener dinero disponible para responder sin demoras si la situación se desborda (ver página 17).
También buscan apurar la descentralización del mercado central para poder ofrecer alimentos frescos a muy buen precio en barrios de la clase media y media baja del Gran Buenos Aires. Serán veinte mercados rotativos.
Esa mirada “social” hacia el Conurbano tiene la contracara en la acción “economicista” que se tomó con la Patagonia y el norte del país.
De un plumazo, a partir de septiembre, el Gobierno absorberá unos $ 5.000 millones del círculo de consumo en once provincias del país. Se estima que de Patagonia se “aspirarán” unos $ 3.000 millones.
En Santa Cruz se estima que la disminución de las asignaciones familiares implicará unos $ 54 millones al mes, o sea unos $ 650 millones al año.
El impacto al bolsillo de los trabajadores y en paralelo al consumo en cada una de las localidades, es parte de los argumentos que la mayoría de los bloques parlamentarios esgrime en sus proyectos de rechazo (ver nota principal).
Consecuente con esa mirada, la Organización de Trabajadores Radicales, al hacer público su rechazo a la medida, indicó que “esta quita en el monto de las asignaciones familiares atenta directamente contra el bolsillo de los trabajadores y de quienes cobran planes sociales, a la vez de debilitar el consumo interno en las provincias a las que se les saca el plus. Esperamos una actitud madura de parte de todos nuestros legisladores nacionales para que esta variable de ajuste sea desechada”, plantearon.
