Santiago Temple, el pueblo en el que casi no sesiona el Concejo
Sólo se realizó una sesión ordinaria en lo que va de 2018. Fue luego de una denuncia penal de los ediles opositores.
Sólo se realizó una sesión ordinaria en lo que va de 2018. Fue luego de una denuncia penal de los ediles opositores.
Aunque parezca increíble, el Concejo Deliberante en Santiago Temple sólo realizó una sesión ordinaria en lo que va de 2018, pese a que la Ley Orgánica Municipal indica que el período legislativo debe comenzar a partir del 1° de marzo de cada año.
Los ediles de esta localidad, de menos de cuatro mil habitantes y situada a 80 kilómetros de Córdoba capital, realizaron sólo una sesión. “Fue el último jueves, luego de la cuarta carta documento que le enviamos a los concejales oficialistas instándolos a sesionar”, aseguró la edil opositora Marta Abrate.
La reunión fue programada por el oficialismo luego de que La Voz realizara una consulta sobre la particular situación.
El funcionamiento irregular del cuerpo legislativo fue denunciado en la Justicia por los concejales opositores.
Durante la primera reunión del año, la presidenta Beatriz Martín explicó que estuvo con problemas de salud, lo que impidió el desarrollo de las actividades.
Abrate contó que en marzo hicieron el acto de apertura y desde entonces no volvieron a juntarse, al menos hasta el pasado jueves. En sesión preparatoria, los ediles habían acordado reunirse el segundo jueves de cada mes.
Según los registros, no se realizaron las sesiones previstas en marzo, abril, mayo, junio y julio. Tampoco se reúnen en comisiones, ya que no existen.
“Los ediles opositores vamos a las reuniones, pero nunca hay nadie del oficialismo y el edificio está cerrado (la sala de reunión funciona dentro del municipio). Desconocemos cuál es el motivo por el que no estamos sesionando”, contó Abrate.
La concejala señaló que tienen temas importantes para tratar, entre ellos las tasas municipales, los desagües y el basural.
Ante esta situación, los ediles opositores enviaron carta documento a sus pares, pero no obtuvieron respuesta.
Luego de la ausencia de los oficialistas a tres sesiones consecutivas decidieron denunciarlos penalmente. Los acusan del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa está siendo instruida en los Tribunales de Río Segundo, en la fiscalía a cargo de Patricia Baulies.
Desde el oficialismo, y pese al intento de este diario por hablar con todos los ediles (son 4 en total), solo una atendió al llamado. Se trata de la concejala Elide Biava.
La mujer dijo que no sabe por qué casi no se reúnen. “Me crucé en la calle con la presidenta del Concejo, le pregunté por qué no estábamos sesionando, y me respondió que ya me iba a avisar cuando lo hiciéramos. Pasó bastante tiempo y no me avisó nada”, refirió.
El cuerpo está integrado por los concejales radicales Beatriz Martín, Carlos Giupponi, Marcos Bustos y Biava. Los ediles opositores son Hugo Gioria (PRO), Marcos Ferase y Abrate, ambos de Unión por Córdoba.
Debido a un reglamento interno, desde hace varios períodos, ninguno de concejales perciben la dieta prevista en la Ley Orgánica Municipal 8.102.
En 2017, este Concejo Deliberante fue noticia porque impidió a la prensa observar las sesiones, pese a que son de carácter público. Fue una medida dispuesta por el oficialismo. En esa oportunidad, los ediles opositores se quejaron porque, según dijeron, el intendente se extralimitó en una de las sesiones ordinarias.
“Llegaba y opinaba mientras estábamos sesionando. Ese comportamiento está prohibido”, señaló Abrate.
Santiago Temple está gobernado por el intendente radical Elvio Mondino, que transita su cuarto período al frente del municipio.
Este medio intentó en varias ocasiones comunicarse con el jefe municipal, pero no fue posible.
Disputa por residuos
El intendente también enfrenta acusaciones de parte de un empleado municipal y dos concejales quienes señalan que Mondino tendría injerencia en la falta de recolección de la basura de sus viviendas.
Romeo Vargas, un trabajador municipal expulsado y luego reincorporado por orden de la Justicia, aseguró que desde hace 20 días no le recogen la basura domiciliaria del frente de su vivienda.
“Se trata de una represalia del intendente”, afirmó Vargas, que en algunas ocasiones filmó al camión recolector mientras obviaba recoger sus residuos. En declaraciones radiales, el intendente dijo no tener nada que ver con esa situación, y agregó que el vecino de Vargas, que dice ser el dueño de la casa, le pidió a los recolectores que no le retiren la basura al trabajador municipal.
La misma situación aseguraron que atraviesan la edil Abrate y el concejal Ferase, ambos de la oposición.
