España pone fin a un agravio histórico
Los defensores de la Ley de Memoria Histórica no quieren que los restos de Franco se entremezclen con los huesos de sus víctimas. Pero están también los que describen el mausoleo como “monumento a la reconciliación”.
Los defensores de la Ley de Memoria Histórica no quieren que los restos de Franco se entremezclen con los huesos de sus víctimas. Pero están también los que describen el mausoleo como “monumento a la reconciliación”.
El decreto del gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos transformó a España en un hervidero con reminiscencias de la Guerra Civil. Devenido en santuario de falangistas, carlistas y nostálgicos del dictador, la decisión del ejecutivo que conduce el líder el PSOE avivó una polémica que siempre está latente en la sociedad civil. Desde la vereda opuesta, los defensores de la Ley de Memoria Histórica apoyan la medida y no quieren ver más a la momia del Caudillo –como lo llaman sus partidarios– entremezclada con los huesos de sus víctimas. En el lugar yacen 33.847 combatientes de la contienda que se produjo entre 1936 y 1939, según Pablo Linares, el presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, una organización partidaria del franquismo que se arroga la custodia de su patrimonio desde 2010.
La construcción levantada entre 1940 y 1958, depende de qué sector la describa, es un monumento a la reconciliación o “un engendro posterior a la guerra”, como sostiene el escritor Nicolás Sánchez Albornoz de 92 años, un preso de la dictadura que logró escaparse del Valle en 1948 cuando lo habían obligado a trabajar en el levantamiento del mausoleo. Ubicado en la sierra de Guadarrama, en la comunidad de Madrid, se encuentra a 54 kilómetros al noroeste de la capital. Hacia ese lugar peregrinan todos los años miles de fieles católicos –una basílica benedictina también se levanta ahí–, acólitos de Franco y turistas que llegan desde el exterior. Uno de ellos fue el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a quien la prensa franquista le atribuyó simpatías por el dictador cuando visitó el Valle en 2013. Desde su entorno calificaron como fake news esa versión. De lo que sí se acordaba Terminator era de que en las montañas vecinas al monumento había filmado la película que lo catapultó a la fama: Conan el bárbaro.
“¿Qué pasará cuando saquen a Franco de aquí, quién va a venir a verlo?”, se quejó una mujer rubia y bronceada de Castilla La Mancha presente en el Valle durante los días previos al decreto de Sánchez. “Esto es indignante y bochornoso” agregó una morocha que colocó flores y una bandera de España sobre su tumba. “Lo primero de un patriota es ser cristiano. Y a partir de ahí todo viene por añadidura. Si hay que coger las armas se cogerán y si hay que ser mártir, también” contaba Blas, un peregrino golpista acicateado por un cronista ultramontano que aparece en un video titulado El valle no se toca. María, otra devota de Cristo Rey que sostenía una virgen en su mano izquierda, sintetizaba el espíritu de los visitantes reflejado por distintos medios de comunicación que se acercaron hasta el Valle: “Esta es una gran obra de arte que no debe ser destruida como pretende el actual gobierno”.
Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Alfonso XIII, como también del dictador, es el nuevo presidente de la fundación Franco. Cuando visitó hace un par de meses el Valle comentó: “Venimos solamente a rezar y a defender este monumento que es un monumento cristiano”. Unos días más tarde escribió en su Facebook: “La historia castigará a quien profane este templo grandioso, no por el tamaño de la Cruz, sino por el fraternal abrazo que representa, acogiendo bajo sus brazos a un solo pueblo reconciliado”.
Están muy lejos de pensar lo mismo las víctimas del franquismo. O quienes desde el gobierno han defendido el decreto. La vicepresidenta Carmen Calvo declaró ante el Congreso el jueves pasado: “No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén enterrados junto a sus víctimas”. El nonagenario Sánchez Albornoz, que se exilió en la Argentina durante décadas, dijo que “la decisión se tendría que haber tomado mucho antes, pero ya es ineludible”. Condenado a seis años de prisión por el régimen franquista, recordó que “los presos políticos eran alquilados a las empresas constructoras”.
En el Valle de los Caídos también fueron colocados los restos de otro símbolo del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, por orden de Franco. Fusilado por sublevarse contra la República española al comienzo de la Guerra Civil, el líder falangista se transformó en un emblema de los golpistas. Pero a diferencia del dictador, no se cuestiona que esté sepultado en el mausoleo.
En el diseño de su construcción participaron los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez. La cruz que se yergue detrás de la edificación principal tiene 150 metros de altura. Presos políticos del bando republicano y detenidos por delitos comunes fueron obligados a participar de la obra en la que según el abad de la basílica, Anselmo Álvarez, hubo unos catorce muertos. El dato apareció en un informe que el eclesiástico remitió al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. También lo ratificó algún que otro historiador. La cifra es cuestionada por Sánchez Albornoz y otras fuentes que además critican la intención de instalar hace décadas que el Valle de los Caídos se levantó con trabajo voluntario y bien remunerado. Como el espíritu de concordia nacional que pretendió dársele al lugar.
Un decreto del propio Franco, firmado el 1º de abril de 1940 decía: “Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos… que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”. Bajo esas mismas piedras hubo muertes por silicosis y hasta un 8 por ciento de los prisioneros que trabajaron en la construcción de la cripta resultaron heridos.
Aquella fecha en que el dictador dio la orden de levantar el Valle de los Caídos, se cuenta que después de una gala en el Palacio de Oriente, llevó a una comitiva selecta hasta una finca cercana al sitio donde se construyó el monumento que hoy está en discusión. En ella estaban los embajadores de la Alemania nazi y de la Italia fascista, como sus fieles generales Varela, Moscardó y Millán Astray.
Hoy, 78 años después, no es sólo la presencia de Franco junto a sus víctimas lo que incomoda. También el destino que se le dará al lugar. El presidente del gobierno considera que ahí debería estar un cementerio civil que reconozca a las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil. Pero no con el sentido que le dio el régimen que ganó el conflicto. Ni tampoco el rey Juan Carlos I, cuando en noviembre de 1975 decidió que la momia de Franco debía descansar ahí después de su muerte. Un deseo que nunca pronunció ni el mismo dictador.
