Efecto Bolsonaro
El Gobierno sigue apostando al efecto Bolsonaro en su discurso público y reflotó, a través de algunos medios, la promesa de enviar el anteproyecto de un nuevo Código Penal
El Gobierno sigue apostando al efecto Bolsonaro en su discurso público y reflotó, a través de algunos medios, la promesa de enviar el anteproyecto de un nuevo Código Penal, que contempla modificaciones en los artículos referidos a cortes de calle o «atentados a la seguridad pública», propuesto en junio pasado por la comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky. Entre otros cambios, el borrador también contempla el endurecimiento de las políticas oficiales hacia los inmigrantes. Borinsky, por su parte, indicó que «no todo es nuevo en el Código» y precisó que en el caso de los cortes de calle se buscó «sintetizar» la «discusión judicial de los últimos 15 años». Pocos días después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alentara a quien quisiera tener un arma que la tuviera, el camarista subrayó que el anteproyecto agrava la pena para quienes porten armas sin permiso.
A pesar de que fueron fuentes oficiosas las que reflotaron el tema del anteproyecto y cargaron las tintas contra los inmigrantes y contra quienes corten las calles, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconoció que «no está al tanto de la propuesta», mientras que su colega de Educación, Alejandro Finnochiaro, bajó el tono y sostuvo que el Gobierno «no va por el endurecimiento» sino por «el cumplimiento» de la ley.
A su vez fuentes del oficialismo en el Congreso, consultadas por PáginaI12, indicaron que estaba acordado ingresar el anteproyecto por la Cámara alta pero aclararon que no estaba en la agenda legislativa avanzar con el debate este año, luego de que el propio presidente Mauricio Macri cancelara la presentación del nuevo código en agosto pasado para evitar reabrir la interna de Cambiemos respecto de la penalización del aborto, algo que mantiene la propuesta redactada por la Comisión Redactora.
Las supuestas novedades del anteproyecto, que está en manos de la Casa Rosada desde junio pasado, fueron divulgadas a través de una serie de notas en las que fuentes oficiales afirmaban que el «valor de la convivencia en la calle ha tenido muy pocas sanciones» y eso debe «empezar a cambiar». Sin embargo, el presidente de la comisión redactora, en diálogo con radio La Red, aclaró que el anteproyecto «sigue la línea que ya establecía» la normativa anterior y que «no todo es nuevo», por lo que resaltó que las penas contempladas para los cortes de calle que entorpezcan el servicio público «son las mismas» que existen en la legislación vigente.
Borinsky aclaró que lo que incorpora el anteproyecto es la obligación de contar con una autorización para no ser sancionado por entorpecer los medios alternativos, como es el caso de los autos particulares, mientras que se preserva el respecto a otros derechos individuales, como permitir el paso de una ambulancia, algo que hoy ocurre en la práctica y que además cuenta con fallos favorables de tribunales provinciales e incluso de la Corte Suprema. «Para unificar estos criterios y para achicar márgenes de discrecionalidad judicial, el nuevo código hace una síntesis de la discusión de los últimos 15 años», sostuvo el camarista.
«Yo creo que hay que buscar diálogo y no criminalizar la protesta. Pero ya estamos en campaña y se dice cualquier cosa», lamentó el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. «El endurecimiento del aparato represivo no hace más que empeorar la situación», advirtió Menéndez, quien además dijo qu espera que el «escenario de tristeza y de bronca» que hay en la sociedad no derive «en algo conflictivo en diciembre».
Otro de los puntos del anteproyecto que fueron puestos nuevamente en discusión está reflejado en el título dedicado al «tráfico y permanencia ilegal de migrantes», que contempla sancionar la utilización de documentos falsos, algo que hasta ahora era solo un agravante, y otra pena para quien incumpla la prohibición de reingreso al país luego de haber sido expulsado de acuerdo con la Ley de Migraciones.
En caso de que el oficialismo decidiera finalmente ingresar el anteproyecto este año, fuentes del propio Gobierno confirmaron a PáginaI12 que se había acordado que se hiciera por el Senado, pero que el debate ya había quedado fuera de la agenda para este año legislativo. Por un lado, las sesiones que quedan por delante en el Congreso son escasas y aún resta el acuerdo por el Presupuesto 2019. El bloque oficalista mantiene, además, diferencias acerca de la penalización del aborto, que quedaron expuestas en el debate por la ley de Interrupción Voluntario del Embarazo.
El anteproyecto de la reforma de 540 artículos iba a ser presentado por Macri en un acto en el CCK el 21 de agosto pasado, dos semanas después del rechazo a la legalización del aborto, pero fue pospuesta sin fecha por decisión del Poder Ejecutivo debido a la falta de acuerdo dentro de la alianza gobernante acerca de los artículos que ratifican la penalización del aborto. El artículo de la discordía es el 88, en el que la Comisión Redactora propuso reducir la pena por la práctica del aborto a 3 años, lo que la transforma en en un delito excarcelable, pero mantiene la penalización y el estigma sobre las mujeres. Las fuentes parlamentarias del oficialismo consultados por este diario confirmaron que ese debate aún no fue saldado.
Al momento de defender la condena al aborto, Borinsky había destacado que la reducción de la pena para esa práctica era la única concedida en los 540 artículos del nuevo código. Esta mañana, al responder a la invitación de Bullrich a portar armas, el camarista subrayó que la simple portación de armas sin permiso será uno los delitos cuya pena se aumentará en caso de que el anteproyecto sea aprobado sin modificaciones. «El Código Penal contempla que si una persona está armada sin autorización, sin necesidad de que cometa otro delito, recibirá una pena de cumplimiento efectivo de cárcel», advirtió el camarista.
