Cada vez más asfixiadas y debilitadas
El recorte presupuestario que se viene aplicando en las compañías públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, genera dudas sobre cuál es el objetivo que busca el Gobierno. ¿Es el paso previo a la privatización o sólo se apuesta a relegarlas?
El recorte presupuestario que se viene aplicando en las compañías públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, genera dudas sobre cuál es el objetivo que busca el Gobierno. ¿Es el paso previo a la privatización o sólo se apuesta a relegarlas?
¿Nueva etapa histórica?
Por Arturo Trinelli *
Muy sintéticamente, podría decirse que la historia de las empresas públicas en Argentina registra dos grandes momentos: uno marcado por la extensión de la presencia empresaria del Estado en un conjunto de ámbitos donde, hasta el comienzo de la segunda posguerra, no había tenido representación activa o relevante. Dicha etapa de caracterizó por la nacionalización de las principales empresas de servicios y telecomunicaciones, e incluyó también el ingreso del Estado en actividades industriales. Eso no significa que hasta el momento la actividad empresarial del Estado no tuviera antecedentes: sobre fines del siglo XIX ya se habían creado organismos financieros provinciales y nacionales, algunos servicios públicos (correos, ferrocarriles) e YPF, en 1922. El otro gran momento tuvo que ver con el proceso privatizador que caracterizó a buena parte de la década del 90 donde, bajo la premisa de reducir el gasto público, el Estado se desprendió de buena parte de sus activos, asumiendo un rol subsidario y de mero regulador entre los agentes económicos. Lo que siguió después ya es más conocido: durante el kirchnerismo, la actividad empresarial del Estado se fortaleció, ya sea renacionalizando firmas o creando nuevas, con suerte dispar en la gestión de cada una, pero con una decidida vocación por incrementar el rol del Estado en la economía.
Acaso condicionados por la memoria histórica sobre la fallida experiencia privatizadora anterior, en campaña los dirigentes de Cambiemos debieron prometer una y otra vez que no se repetiría dicho proceso, que había limitado al máximo la capacidad del Estado para establecer políticas y consolidarse como productor testigo en áreas clave. Si bien esa premisa se sostuvo –en tres años de gestión no se registra un proceso privatizador asimilable a esas épocas– el compromiso de ajuste que se desprende de los (pocos) pronunciamientos oficiales sobre las empresas del Estado invita a un interrogante mayor: ¿qué pretende o prioriza el Gobierno en cada una de las empresas donde tiene participación accionaria?
A principios de año Jefatura de Gabinete reglamentó una serie de principios asumidos como transversales a todas las firmas, independientemente de sus trayectorias, de sus objetos, de la naturaleza de los mercados donde operan y de las actividades comerciales que se pretendan ganar o conservar. Con apoyo de la OCDE, los llamados “Lineamientos de Buen Gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria en Argentina” resaltan, entre otros, los criterios de eficiencia e “integridad” en el uso de recursos, donde pareciera priorizarse la rentabilidad económica de las compañías por sobre su fin estratégico.
En efecto, dichos principios lucen consistentes con algunos de los hechos de mayor trascendencia pública que involucraron a empresas estatales en los últimos meses, y que podrían estar anticipando un cambio de sentido respecto a la etapa nacionalizadora iniciada en los 40, la privatizadora de los 90 y la renacionalizadora de los 2000. Los indicios son variados: desde las últimas declaraciones públicas de funcionarios oficiales que involucraron a Aerolíneas Argentinas y a “todo lo que se haría” con los subsidios a la línea de bandera, hasta la difusa injerencia estatal en YPF, expuesta a ser una jugadora más del mercado pero que, al mismo tiempo, es la que más sufre las políticas de ajuste exigidas por el FMI (no hay certezas sobre los compromisos de pago que se le adeudan por el Plan Gas, donde es la principal acreedora, y recién el último viernes el Gobierno resolvió la compensación por las diferencias diarias acumuladas a favor de las distribuidoras de gas para remunerar a las productoras tras la devaluación, con 30 cuotas mensuales a partir del 1 de octubre de 2019). A eso se suman los despidos en Fabricaciones Militares de mediados de año, el masivo cesanteo a trabajadores de Télam de junio –lo que llevó a que la agencia nacional de noticias se convirtiera durante algunos días en mera reproductora de cables de otras agencias, imposibilitada de cubrir la información con recursos propios– y la idea –cuestionada por el propio radicalismo– de vender las acciones estatales en Transener, la empresa de transporte de energía de alta tensión. ¿Será entonces que asistimos a una nueva etapa donde, en pos de minimizar el rol del Estado en la economía y maximizar el del sector privado, ya no resulte necesario recurrir a la venta de empresas públicas sino sólo comprometerlas al ajuste fiscal para relegarlas, así, a un papel cuasi testimonial?
* Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep) www.centrocedep.com.ar. Docente Flacso y UNPaz.
Empresas en peligro
Por Juan Aiello *
Hace poco más de una semana el presidente Mauricio Macri efectuó declaraciones desafortunadas sobre el financiamiento público de Aerolíneas Argentinas. Las polémicas palabras fueron pronunciadas en el marco de una medida de fuerza de los trabajadores por la falta de cumplimiento de la cláusula gatillo del acuerdo salarial firmado con la actual conducción de la empresa.
Vale recordar que la cláusula gatillo se activa cuando los aumentos de precios superan las expectativas del acuerdo. Las estimaciones para este año eran de un 10 +/-2 por ciento, luego se elevó a la meta del 15,7 por ciento, estableciendo dicho porcentaje como “techo” para los acuerdos entre trabajadores/as y sus empleadores/as. La inflación acumulada a octubre es del 39,5 por ciento, es decir, es casi cuatro veces la proyectada.
De esta forma, se abrió nuevamente el debate sobre la financiación de las denominadas empresas públicas, que en la actualidad ascienden a 31 sociedades del Estado o sociedades anónimas con financiamiento público; 29 se encuentran en funcionamiento y 2 en proceso de liquidación.
El presupuesto 2018 estima un déficit para el conjunto de las empresas públicas de 4.864 millones de pesos, siendo sólo el 0,6 por ciento del déficit total del Sector Público no Financiero que asciende a 764.976 mil millones de pesos y se explica en más de un 50 por ciento por pago de intereses. Para el 2019 se revierte el resultado estimado con un superávit de 4.376 millones de pesos, este resultado positivo implica que las empresas del Estado Nacional aportarán más de 4 mil millones de pesos para lograr alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal.
Es importante destacar que estas empresas financian más del 60 por ciento de sus costos operativos e inversiones mediante los ingresos por operaciones. El resto es financiado por transferencias del Tesoro Nacional. Los ingresos totales de las empresas del Estado aumentan un 41 por ciento entre 2018 y 2019, cuantía que se ubica por encima de la inflación promedio estimada del 34,8 por ciento.
El 82 por ciento de los ingresos planificados para 2019 se concentra en sólo 5 empresas, y de ellas, sólo dos explican el 58 por ciento. Integración Energética Argentina (IEASA) que vende gas importado en el mercado interno y Aerolíneas Argentinas SA – Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA por su actividad aerocomercial. El resto es obtenido por Operadora Ferroviaria (SOFSE) que tiene a su cargo la prestación del servicio de transporte ferroviario; NASA que administra la energía eléctrica que generan sus centrales nucleares; y el Correo Argentino.
Los egresos totales de estas empresas se incrementan en un 37 por ciento, y este aumento es explicado por los gastos de operación. Los gastos de capital se ajustan en un 35 por ciento, reduciendo las partidas destinadas a inversiones en consonancia con el resto del Presupuesto de la Administración Nacional. Nuevamente las 5 empresas mencionadas explican 81 por ciento del gasto total.
Por su parte, el superávit financiero es explicado por 13 empresas públicas con un superávit de 9.482 millones de pesos y 15 con resultados negativos por 5.106 millones. Las restantes 3 empresas tienen sus cuentas en equilibrio. Es decir, 16 de las 31 empresas están en equilibrio u obtienen superávit en sus balances.
Dejando de lado el análisis cuantitativo, es importante tener en cuenta que las empresas públicas desarrollan actividades estratégicas que no son llevadas adelante por el sector privado. Ejemplo de ello es la administración de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse que aportan más del 5 por ciento del total de GWh de energía que se generan en el sistema nacional. También en este sector se encuentra IEASA que importa casi el 30 por ciento del gas consumido internamente por todos los argentinos y administra las centrales binaciones de Yaciretá y Salto Grande, además lleva adelante obras de envergadura, como la de las Represas de Santa Cruz, para seguir diversificando la matriz energética.
El Presupuesto para 2019 votado recientemente, tiene como premisa un importante ajuste en el gasto público a fin de alcanzar el equilibrio fiscal primario impuesto tras el acuerdo con el FMI. Debemos permanecer en alerta para que las empresas públicas, superavitarias en su conjunto y con actividades estratégicas a su cargo, no sean objeto de las enajenaciones del patrimonio nacional, aparentemente, parte del plan de la actual Administración de Cambiemos.
* Lic. en Administración (UBA) y miembro del CEPA. @juanaiel
