Trabajos en peligro por ajuste
Las organizaciones denunciaron que miles de integrantes de cooperativas tienen sus puestos en riesgo debido a que el Gobierno no actualiza los fondos para viviendas sociales. Advirtieron que el nuevo Presupuesto prevé recortes.
Las organizaciones denunciaron que miles de integrantes de cooperativas tienen sus puestos en riesgo debido a que el Gobierno no actualiza los fondos para viviendas sociales. Advirtieron que el nuevo Presupuesto prevé recortes.
Las organizaciones sociales denunciaron que cuatro mil integrantes de cooperativas de la construcción y trabajadores indirectos ven su fuente de trabajo en peligro por el ajuste. Es debido a que el Gobierno no actualiza los fondos para viviendas sociales. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y Vía Campesina denunciaron que sus cooperativas están atravesando por esto un momento crítico, con parates, y se movilizaron a la secretaría de Vivienda en reclamo de fondos. Advirtieron además que el Presupuesto 2019 prevé recortes que implicarán la pérdida de dos mil puestos de trabajo directos.
La protesta arrancó con una marcha desde el Obelisco hasta la esquina de Diagonal Norte y Esmeralda, donde está el ministerio del Interior, del que depende la secretaría de Vivienda. La columna, bien pertrechada con banderas, bombos, niños y algunos paraguas para protegerse del sol, se instaló sobre la diagonal para seguir desde ahí las negociaciones con los funcionarios. En los últimos días ya había habido algunas comunicaciones informales y durante la manifestación, el secretario del área, Iván Kerr, comprometió el envío de fondos a la provincia de Buenos Aires para que las cooperativas paradas puedan reactivarse. La manifestación fue levantada, aunque con el anuncio de que volverán a la calle con una movida frente a la gobernación en caso de que la promesa no se concrete.
Los principales números que las organizaciones esgrimen en la discusión son los siguientes:
En 2015 se construían por año 39 mil viviendas sociales; hoy apenas son 15 mil.
En el presupuesto 2019, los fondos para la actividad fueron reducidos en un 40 por ciento.
Para dar respuesta al déficit habitacional se deberían construir 40 mil viviendas por año.
Gustavo Hereñú es integrante de una cooperativa en Florencio Varela que estaba terminando 500 casas en el barrio Fiat, hoy paralizadas.
“No pudimos seguir por falta de presupuesto. Los fondos fueron acordados con un dólar a 18, ahora el dólar está a 40. Veníamos bien encaminados, las estructuras de las casas ya están hechas pero faltan revoques, carpetas, los trabajos de plomería y aberturas”, contó a PáginaI12.
El sistema de pago es el tradicional contra certificación de obras; es decir que el estado va liberando los fondos a medida que constata los avances en el proyecto. Sin poder adquirir insumos, las obras de este barrio quedaron frenadas y sus 120 trabajadores están sin cobrar.
Hereñú tiene 46 años y cuatro hijos. Contó que empezó a trabajar a los 17, como ayudante y sereno en una obra. Luego tuvo empleos en los hospitales Ramos Mejía y el Moyano, en empresas de mantenimiento. Así pudo comprarse un terreno, levantar su casa. Sin embargo, en 2001 quedó desocupado y desde entonces sobrevivió con changas. La integración a la cooperativa, (ya trabajó en los proyectos de dos barrios) fue lo más cercano a un empleo formal que ha vuelto a tener. Ganaba 15 mil pesos mensuales. De no poder retomar las obras, su mejor posibilidad de sobrevivencia será volver a conseguir un plan social.
Este recorrido –la degradación de trabajador a beneficiario de un plan social– expresa el eje de las políticas de Cambiemos para los sectores populares. De hecho, el Inaes –organismo del Estado encargado de promover el asociativismo–, en estos tres años de gobierno macrista dio de baja 6 mil cooperativas. El grueso de sus integrantes se quedaron sin proyecto; los que tuvieron más suerte pasaron a ser beneficiarios del Programa Haciendo Futuro, que depende del ministerio de Desarrollo Social, en el que les piden como contraprestación que estudien. El planteo puede sonar muy bien, pero en los hechos está acompañado del abandono de las iniciativas productivas.
Patricia Sánchez, de la Cooperativa La Patriada, había ido a la marcha con sus compañeras de Escobar. Allí están haciendo 122 viviendas con fondos de la provincia de Buenos Aires. En su grupo de trabajo un 20 por ciento son mujeres. “Por ahora no seguimos en obra, pero estamos al filo de tener que parar”, explicó.
Las cooperativas de construcción y mejoramiento de los barrios populares tienen una experiencia acumulada en el país que muestra que pueden ser exitosas tanto en la realización de las obras como en la generación de empleo a gran escala.
En este caso el Movimiento Evita, Barrios de Pie y Vía Campesina desarrollan proyectos en localidades de la provincia de Buenos Aires como “Campana, Brown, Florencio Varela, Moreno y Escobar”, enumeró Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y el Evita. “Hace un año entregamos las primeras 540 viviendas terminadas en Varela. En ese momento comenzamos también a notificarle a las autoridades provinciales del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Vivienda de la Nación que comenzaban a desactualizarse los valores de obra debido a la alta inflación. Esto se agravó con la devaluación que sufrimos en abril de este año: los precios se dispararon, se cortó la cuenta corriente de los proveedores y duplicó el valor del metro cuadrado en la construcción. Los gobiernos de Macri y Vidal pagan el valor del m2 14.000 pesos cuando en la actualidad es de 28.000 pesos, el doble”, aseguró.
Agregó que a pesar del desfasaje, las cooperativas decidieron seguir adelante. “De esa manera terminamos 104 viviendas en Campana y 244 en Moreno”. Hasta ayer sólo habían recibido promesas de rectificación pero no medidas concretas para mejorar el valor de las obras.
Los movimientos del llamado triunvirato de San Cayetano –CTEP, BdP y la Corriente Clasista y Combativa– tienen como propuesta de fondo la construcción de un millón y medio de nuevas viviendas y la refacción de otras 2,5 millones. Esto podría generar, según la estimación de los movimientos, unos 5 mil empleos. En este sentido han presentado al Congreso un proyecto de ley Infraestructura Social para que el 25 por ciento de la inversión de obras públicas sea realizada por cooperativas de trabajadores de la Economía Popular en villas, asentamientos y barrios populares.
