Una votación con los trapitos a la sombra
Las modificaciones al Código Contravencional fueron aprobadas por la mayoría del oficialismo. Habrá multas y sanciones. Las críticas señalan las facultades discrecionales con que podrá intervenir la policía.
Las modificaciones al Código Contravencional fueron aprobadas por la mayoría del oficialismo. Habrá multas y sanciones. Las críticas señalan las facultades discrecionales con que podrá intervenir la policía.
Con la Legislatura nuevamente vallada, en la última sesión ordinaria del año, el oficialismo aprobó modificaciones al Código Contravencional que, entre otras cosas, penalizará a cuidacoches y limpiavidrios, con la aplicación de multas económicas y días de trabajo de utilidad pública, aumentará las facultades discrecionales de la policía en el espacio público, por ejemplo, para determinar qué es un ruido molesto, por el que habrá sanciones y multas, que alcanzarán también a quienes fijen carteles o afiches en lugares no habilitados. Aunque hubo artículos del proyecto que fueron acompañados por legisladores de la oposición, en general, el arco opositor coincidió en calificar el nuevo articulado como punitivista y regresivo. En ese sentido, el legislador Leandro Santoro de Unidad Ciudadana, sostuvo que “es difícil separar” este Código de la decisión del gobierno de “construir un enemigo interno” y que lo que hay detrás “es la criminalización del trabajo informal en la vía pública de gente que subsiste” en un contexto de crisis económica “que expulsa día a día a compatriotas a la pobreza”.
El proyecto aprobado en general con 40 votos a favor (Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad) y 20 en contra (Gen, Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Socialismo, FIT, AyL) había obtenido un despacho de mayoría en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña la semana pasada. Sin embargo, el texto de la ley fue sufriendo modificaciones hasta último momento. Los puntos más ríspidos tenían que ver con la sanción a los trapitos, la inclusión de la figura de los limpiavidrios –que no existía– y la posibilidad de que las denuncias por contravenciones sean anónimas. Este último punto fue descartado durante la votación en el recinto.
La transversalidad de la ley quedó reflejada en la votación en particular, en la que el bloque del Socialismo apoyó los artículos referidos a los trapitos, al punto de sostener que el 80 por ciento de la redacción eran de su autoría y que el macrismo los acompañaba a ellos y no al revés, mientras que los oficialistas de la Coalición Cívica los rechazaron.
Los artículos en cuestión fueron el 6 y el 7, que en su redacción final establecen que se sancionará a quienes ofrezcan o presten sin autorización legal (que el gobierno no provee) servicios de “estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios” con uno a dos días de utilidad pública o multa de cincuenta a trescientas unidades fijas (17,85 pesos cada unidad). Además, “el magistrado interviniente informará al contraventor/a de los programas de asistencia previstos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat u organismo que en el futuro lo reemplace. Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género la pena se elevará al doble”. Las sanciones se aplicarán también cuando se prestan esos servicios “en los alrededores de los grandes parques durante los fines de semana o dentro de un radio de hasta treinta (30) cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las tres (3) horas antes de su inicio y hasta (2) dos horas posterior a su finalización”.
La legisladora Andrea Conde (UC) sostuvo que el proyecto “no es más que la constatación del fracaso de las políticas públicas de un gobierno que excluye y margina, que deja al límite de la subsistencia a muchos de sus habitantes”.
En tanto la integrante del BP María Rosa Muiños dijo que con esta norma “cualquier persona que colabore con el estacionamiento del vehículo de otro, aún a título gratuito es pasible de ser contraventor”, y advirtió que “la actividad de limpiavidrios actualmente no representa infracción alguna. El argumento dado en comisión fue que esta actividad es utilizada como fachada para la comisión de delitos violentos contra la propiedad. Se olvida que a los jubilados por ejemplo, se les cometen delitos violentos contra la propiedad mediante el engaño de ser empleados de empresas de servicios públicos como el gas y la luz, pero no se prohíbe la actividad de gasistas o electricistas matriculados a domicilio”.
La oposición también señaló que el gobierno nunca quiso regular la actividad sino prohibirla, y recordaron el veto de Mauricio Macri en 2011, cuando era Jefe de gobierno, al Registro de Cuidadores de Vehículos sancionado por la Legislatura.
De acuerdo al nuevo Código, también serán sancionados quienes produzcan ruidos molestos que “por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia” con “uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de cincuenta (50) a cien (100) unidades fijas”. Y “cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública con excepción de las manifestaciones artístico-culturales a la gorra” la sanción será de dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de cincuenta (50) a doscientas (200) unidades fijas o arresto de uno (1) a cinco (5) días”. Pero, según criticó la oposición, será la facultad discrecional de la policía la que determinará cuáles son los niveles de ruido aceptables en la vía pública.
Mayor respaldo legislativo tuvieron las sanciones para las acciones de “intimidación”, “maltrato” y “acoso sexual” en lugares públicos o espacios privados de acceso público. Respecto del acoso, que puede ser penado con hasta 5 días de arresto, se duplicará cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 70 años o se trate de una persona con discapacidad.
También se incorporan penas para la difusión de imágenes íntimas, el hostigamiento digital y la suplantación de identidad a través de medios electrónicos.
El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, advirtió que con la reforma del Código Contravencional “se pretende instalar mecanismos autónomos de control social en manos de la policía” y destacó que “llevará a la criminalización de colectivos y comunidades en situación de clara vulnerabilidad”.
