De espaldas a la clase media
Por primera vez hay una protesta organizada en barrios nuevos con familias jóvenes: pagan fortunas de luz a las empresas no por derroche sino porque el Estado no les garantiza gas en red y agua corriente
Por primera vez hay una protesta organizada en barrios nuevos con familias jóvenes: pagan fortunas de luz a las empresas no por derroche sino porque el Estado no les garantiza gas en red y agua corriente
Empieza. Despacito pero empieza. La clase media comienza a protagonizar su rebelión: la rebelión contra el tarifazo y la arbitrariedad. Hasta ahora la protesta no es como la del 2001, cuando los bancos debieron blindarse después del corralito porque los estafados le pegaban al blindex. La nueva rebelión todavía luce tranquila: por primera vez usuarios de energía eléctrica se organizaron y luego se presentaron colectivamente para reclamar un trato igualitario. Son los que usan mucha electricidad por obligación. No derrochan ni, como diría el Presidente, andan en patas en invierno. Simplemente carecen. Ni tienen gas de red ni tienen agua corriente.
La expresión de esta clase media irritada que poco a poco organiza su angustia es una demanda que presentó el abogado Mariano Lovelli, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), en representación de un numeroso grupo de usuarios de electricidad mayoritariamente de barrios de los alrededores de La Plata y de Saladillo. Pide que los usuarios sean considerados electrointensivos y que luego paguen la tarifa conocida como R1, la más baja. Ni tratamientos especiales ni un pulmotor: los demandantes son electrointensivos a la fuerza.
Los electroforzosos generan, además, una enorme ganancia para las empresas.
“El usuario residencial de Edenor y Edesur que usa no más de 750 kilowats por hora gasta en promedio 4154 pesos”, dijo Lovelli a PáginaI12. “Si se aplicara la tarifa electrointensiva, el promedio sería de 1976 pesos”, agregó, tras aclarar que la fuente de esos números es pública y viene de la Defensoría del Pueblo bonaerense, del órgano de control Enargás y de los tarifarios vigentes de las distribuidoras de electricidad. “Es decir, una diferencia en dinero de mensual de 2178 pesos por usuario.”
Suponiendo que todos los electrointensivos del Conurbano consumiesen esos 750 kwh, si se les redujese la tarifa esos ciudadanos dejarían de gastar 2.847.319.021. Más de 2800 millones de pesos por mes. Serían, por año, más de 34 mil millones de pesos. Esa es la diferencia que se llevan anualmente Edenor y Edesur solo porque el Estado no tiene en cuenta la desigualdad de los consumidores.
“Si quisieran, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal podrían beneficiar a dos millones de familias con una simple resolución a partir de mañana”, dijo Lovelli. “No es un subsidio ni una rebaja, sino el simple hecho de quitarle la penalidad a los hogares que solo consumen más porque no tienen otro remedio. Cuando el Estado llegue con agua corriente y gas en red habría que revisar la situación.”
Según Lovelli, la Dirección Provincial de Energía consideró injusto establecer una diferencia entre usuarios pero no creyó injusto “defender el inmenso negocio de las concesionarias eléctricas, que hoy están subsidiadas de hecho por los ciudadanos”.
La demanda reclama que miles y miles de usuarios eléctricos de la Argentina no sean considerados ricos sino gente sufrida que está condenada a la electricidad como si fuera un monoconsumo. A su casa no llegan ni el gas de red ni el agua corriente. La protesta con base legal, que podría extenderse a otros distritos de la provincia como Azul, Mar del Plata y Bahía Blanca, surgió cuando se acercaron al Cepis vecinos de dos barrios contiguos a La Plata.
Parque Sicardi/Villa Garibaldi es un barrio de la periferia al sudeste de La Plata. Creció mucho, sobre todo en 2012 gracias a los créditos del Procrear. Pasó de ser una zona rural y de casas de fin de semana al lugar donde fueron a vivir muchos platenses, sobre todo familias jóvenes con bebés.
Arturo Seguí está al norte, en la frontera con Berazategui y con Villa Elisa. Pasó lo mismo que en Sicardi: un crecimiento explosivo.
Entre los organizadores figuran Victoria Mendieta, Josefina Bolis, Germán Burruchaga y Pablo Giurleo.
“Con un aumento del dos mil por ciento en la luz las facturas llegan hoy a 4500 o 7000 pesos mensuales”, dijo Mendieta, de la asociación “Sikardi Florece”, a PáginaI12. “Tenemos un exceso de consumo sin que sea voluntario y eso nos coloca como usuarios diferentes”, dijo.
En los dos casos el crecimiento quedó lejos de los servicios públicos. Ni agua potable, ni gas de red, ni cloacas. Pocas líneas telefónicas y pocas antenas de telefonía celular. Solo electricidad.
El punto clave es que “el único servicio público existente en la totalidad de dichas zonas es el de la electricidad, a través del cual los habitantes se abastecen de agua (bomba eléctrica) y de calefacción en las épocas invernales”. Es decir que con la electricidad la gente satisface necesidades que debería cubrir con otros dos servicios públicos que no existen: gas natural por redes y agua corriente.
Como esos servicios públicos brillan por su ausencia, es lógico que los niveles de consumo de electricidad sean mucho mayores que, por ejemplo, los de cualquiera que viva en La Plata.
Muchos de los usuarios no podrían acceder a la garrafa social, que por otra parte no es barata.
Hay ley
Las alternativas a la electricidad serían aún más costosas: o la garrafa a precio de mercado o la leña.
La luz es cara pero, además, la peor. Dice el texto de los consumidores: “Los usuarios de Edelap en dichos barrios soportan un pésimo servicio, con cortes constantes o problemas de baja tensión que impiden que los artefactos eléctricos funcionen adecuadamente”. Con una tensión de 150 voltios resulta imposible encender un aire acondicionado o una estufa eléctrica. La tensión doméstica, como se sabe, debe ser de 220 voltios. Aunque en algunas zonas la situación mejoró, en otras el servicio es deficiente y empeora todavía más en meses de mayor consumo, como en los del invierno. “Considerando que una de las notas típicas del servicio público es que debe ajustarse a las necesidades cambiantes del interés público, los vecinos no han visto una inversión y abastecimiento del servicio” en proporción a las necesidades que marca el crecimiento, sostienen los autores de la presentación.
No es un simple reclamo ni un capricho. Los vecinos están amparados por la ley que regula el marco eléctrico de la provincia de Buenos Aires, la número 11.769. La legislación obliga a los concesionarios de distribución de energía a “atender el incremento de la demanda en su zona de concesión por lo que deberán asegurar su aprovisionamiento, arbitrando los medios necesarios a tal fin”. No podrán invocar “el abastecimiento insuficiente de energía eléctrica como eximiento de responsabilidad por el incumplimiento de las normas de calidad del servicio que se establecen en el contrato de concesión”.
Cuando Edelap responde a un reclamo argumentando que es distribuidora y no generadora, juega con que los vecinos pueden desconocer la ley.
¿Iguales?
¿Por qué son usuarios electrointensivos los que Cepis representa? Porque carecen de otro servicio. Porque deben sobreutilizar la energía eléctrica si quieren satisfacer necesidades básicas de su vida cotidiana. Sin embargo, el Estado no llega con sus servicios. Y un ente estatal, el organismo de control que es el Oceba, no tiene en cuenta esa realidad electrointensiva. El resultado es que los usuarios son penalizados. Texto del Cepis: “El tratamiento igualitario en relación con el resto de los usuarios residenciales que sí cuentan con la totalidad de los servicios públicos (allí donde el Estado sí llegó) termina siendo, paradójicamente, discriminatorio y antieconómico para la población que firma el reclamo”. Es un trato inequitativo.
No siempre fue así. Cuando Edelap estaba bajo la órbita de un ente de control nacional, el ENRE, la resolución 324 del 2008 contempló el sobreuso de electricidad “no como consecuencia de un mayor confort sino por cuestiones elementales y primarias imprescindibles para la supervivencia”. Y las distribuidoras no pudieron aumentar la tarifa para esos usuarios. Edenor, Edesur y Edelap estaban obligadas a constatar el tipo de servicios que llegaban a una vivienda y, si verificaban las deficiencias, tenían que mantener la tarifa correspondiente a los usuarios con un consumo menor a 650 kilowats por bimestre. El ENRE actualizó luego las normas y dio instrucciones a los intendentes.
Era suficiente con que un usuario gastara mil kilowats por bimestre, o 500 por mes, para que pudiera acogerse a la norma si es que cumplía al menos uno de los cinco requisitos siguientes:
No poseer gas natural en red.
No poseer servicio domiciliario de agua corriente.
Ser usuario electrodependendiente.
Habitar una vivienda de múltiples hogares con un solo medidor.
Vivir en un sitio con un anexo de actividad comercial.
Edelap reconoció y aplicó esa normativa hasta 2015, incluso cuando salió de la jurisdicción del ENRE y entró en la del Oceba.
Sin opción
Cuando sufrieron el primer aumento, en 2016, usuarios de Parque Sicardi y Villa Garibaldi pidieron ser eximidos. Edelap contestó que se encontraba en vigor la tarifa social, cosa que los usuarios no habían reclamado. Distinción de Cepis: “A las claras se advierten las diferencias entre un usuario electrointensivo y un usuario beneficiario de la tarifa social”. El primero no dispone de opciones y termina pagando caro solo por eso. El segundo sí, y no puede pagarlas.
La equidad es uno de los principios que figuran en el artículo 42 de la Constitución de 1994. Establece que las autoridades deben proteger los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios “en condiciones de un trato equitativo y digno”. La Constitución bonaerense también nacida en 1994 incluyó un artículo 38 que contempla para los usuarios “la promoción y defensa de sus intereses económicos”.
En 2016 los vecinos de Sicardi/Garibaldi protestaron ante Edelap. La respuesta fue que había tarifa social.
Sin embargo, la propia legislación provincial tiene un concepto más amplio de servicio público. Va más allá de las situaciones de emergencia. Una de las leyes, la 11.769, dice que “la distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen servicios públicos destinados a atender necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de acuerdo a la presente ley”. Y promete “asegurar a los usuarios el abastecimiento de energía eléctrica a corto, mediano y largo plazo, en condiciones de calidad y precio alineadas con el costo económico del suministro”.
Los usuarios de Sicardi/Garibaldi y los de Seguí que firmaron el escrito consumen entre 700 y 1000 kwh en primavera-verano y 2000 o más en invierno.
Antes eran considerados electrointensivos. Un día dejaron de serlo. Pero según el Cepis “no puede un acto de gobierno posterior, como una resolución ministerial que autorizó el aumento en las tarifas, desconocer este derecho y retroceder en relación a una situación particular de aquellas personas a las cuales se intentó proteger por motivo de una desigualdad que nace del propio Estado”.
Pases
La respuesta a la demanda por parte del área de Planificación y Regulación Energética de la Dirección de Energía bonaerense buscó respaldarse en la igualdad. Dijo que según la Constitución es ilegítimo beneficiar “a un grupo de usuarios”. Y agregó: “No pueden establecerse tarifas para un grupo específico de usuarios localizados y a petición individual”.
En otra parte señaló que según “la doctrina” las cinco características del servicio público son “la continuidad, la regularidad, la obligatoriedad, la uniformidad y la generalidad”. No aparecen en el documento las palabras “equidad”, “equitativo” o “equitativa”.
La tarifa vendría a ser la materialización de aquellas cinco características. “Podría frustrar al servicio público como tal o impedir su efectivo cumplimiento.”
Más clarito: “Una tarifa que no cumple con su fin esencial (…) podría atentar contra la continuidad del servicio si resultara que la misma no es remunerativa para el concesionario que debe cumplir con la prestación y se viera imposibilitado de hacerlo”.
Y pase para el Oceba.
En el Oceba, el Organismo de Control de la Energía de la provincia de Buenos Aires, el gerente de procesos regulatorios, Sergio Oscar Fernández, no se esforzó demasiado. Tomó el texto de rechazo elaborado por la Dirección de Energía y lo hizo suyo. De control, nada.
Entonces los usuarios volvieron a la carga. Dijeron que justamente lo que estaba violando Edelap, y no controlaba Oceba, era el principio de igualdad. La desigualdad sería estructural, porque los vecinos carecen de gas en red y agua corriente.
La interpretación de la doctrina, para ellos, sería distinta. Así lo formularon: “La doctrina es cuasi unánime al definir la igualdad o uniformidad como nota típica del servicio público, como el derecho de todos los usuarios a exigir un servicio en igualdad de condiciones, sin discriminación ni privilegios, pero esa igualdad implica que la prestataria del servicio debe brindar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en igualdad de condiciones. Como ya se explicó, este colectivo de usuarios y usuarias no se encuentran en igualdad al carecer del resto de los servicios públicos”.
La desigualdad sería preexistente. Y debería ser reparada. Si no, confirma la situación desigual.
La ley 11.769 autoriza tarifas diferenciales cuando haya “distinta localización, tipo de suministro u otro elemento objetivo debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación”.
¿Cómo se distribuyen los usuarios?
Los usuarios residenciales de energía eléctrica son 5.815.884. Lo informa la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Según el Enargás, los usuarios de gas natural por redes en la provincia de Buenos Aires son 3.803.402.
Los electrointensivos, o sea los usuarios que no tienen otra chance que la electricidad, son 2.012.482. El 65 por ciento de los usuarios está en el Conurbano y el 35 por ciento en el resto de la provincia.
Son ellos los castigados con el subsidio al revés, obligados por el sistema Hood Robin.
