Palos para borrar la memoria de 2001
Después de resistir dos embates en octubre, los asambleístas fueron expulsados con una ley de Onganía. Dos detenidos.
Después de resistir dos embates en octubre, los asambleístas fueron expulsados con una ley de Onganía. Dos detenidos.
El Gobierno desalojó ayer por la mañana de forma violenta el local de la histórica Asamblea de Villa Urquiza, ubicado en avenida Triunvirato y Roosevelt, donde el centro comunitario se había instalado tras la crisis del 2001. El operativo llegó dos meses después del primer intento que hicieron las autoridades porteñas para desalojar a los vecinos auto organizados. Los terrenos donde desarrollaban sus actividades pertenecen al Estado Nacional, serán cedidos a la Ciudad, y serán subastados en febrero próximo para desarrollos inmobiliarios. Los integrantes del espacio denunciaron la ilegalidad de la medida, basada en una ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y que la policía detuvo a dos compañeros por “resistencia a la autoridad”, la figura que usa el gobierno para criminalizar las protestas sociales.
El desalojo se produjo a primera hora de la mañana. El local, que se encuentra a metros del paso a nivel del ferrocarril Mitre y que originalmente era el espacio abandonado por la ex pizzería La Ideal, amaneció vallado y con un importante cordón policial.
“Nos están desalojando”, postearon en su Facebook los asambleístas, y advirtieron que “toda la cuadra de la estación Villa Urquiza está sitiada por policía e infantería” y responsabilizaron “tanto al Gobierno de la Ciudad como a Ramón Lanús, Director de la AABE/ADIFSE (Agencia de Administración de Bienes del Estado/Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado) y al Gobierno de Cambiemos por este nuevo ataque hacia los espacios culturales”.
El alerta a través de las redes sociales convocó a vecinos y asambleístas que se manifestaron contra el cierre del espacio en el que funcionaba una biblioteca popular, talleres gratuitos artísticos, consejería de salud sexual y un secundario oficial, entre otras actividades.
“La policía reprimió y detuvo a dos compañeros, Darío Comin y Sergio Céspedes Fernández”, contó a este diario Javier, integrante de la Asamblea, quien además remarcó que los uniformados “no mostraron la orden de desalojo”.
“La Federal entró por la fuerza al local y se llevaron todo sin entregarnos un inventario. Después, los policías de la Ciudad siguieron con el operativo y tapiaron la asamblea. Es decir, el gobierno nacional a través de la AABE y la Federal nos desalojaron, y el gobierno porteño nos tapió”.
El juicio de desalojo fue iniciado por la ADIF para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de fútbol y algunas viviendas precarias. Antes, el año pasado, la Legislatura aprobó la venta del predio que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación.
Según el asambleísta, el operativo refleja de alguna forma lo que ocurrió durante la instancia de diálogo que se abrió el 2 de octubre tras el primer intento de desalojo, cuando los asambleístas y vecinos resistieron el embate judicial. En la mesa de diálogo abierta con la intervención del Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, los funcionarios de Nación y Ciudad se pasaron la pelota para no negociar una reubicación de la Asamblea. “Nunca nos quisieron escuchar”, agregó el activista social.
Para Jonatan Baldiviezo, el abogado urbano-ambientalista y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad que asesora a la Asamblea, “el gobierno porteño está más interesado en que se cumpla la sentencia que en encontrar alguna solución. Les planteamos que las tierras en las que está la Asamblea no son las que se venden sino las que pasan a Ciudad para espacio público y que por lo tanto no obstaculiza ninguna venta. Primero nos dijeron que era razonable, después dieron marcha atrás”.
Además, el letrado señaló que el recurso que utilizó el gobierno para avanzar con el desalojo es una ley de la dictadura, la 17091, “que estaba pensada para desalojar a concesionarios del Estado con desalojos sumarios, pero no para viviendas o actividades comunitarias. Y es grave porque no contempla el derecho de defensa de los afectados”, remarcó.
