Dictan la conciliación en un conflicto municipal de Casilda
Es por 15 días hábiles. Los empleados reclaman un retroactivo o compensación a la denominada cláusula gatillo.
Es por 15 días hábiles. Los empleados reclaman un retroactivo o compensación a la denominada cláusula gatillo.
Un conflicto laboral que se desató ayer en el municipio de Casilda por cuestiones salariales derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles para que las partes retomen las negociaciones.
Así fue resuelto en el marco de una audiencia solicitada por el municipio que se extendió por un par de horas en la seccional rosarina de la cartera laboral.La medida de fuerza en demanda del pago de un retroactivo o compensación a la denominada cláusula gatillo que se aplica para actualizar haberes había surgido de una asamblea que preveía paros de tres horas diarios durante esta semana, lo que quedó desactivado al menos hasta el 25 de este mes
Claro que en ese tiempo se intentará llegar a un entendimiento para ponerle fin a una situación que genera declaraciones cruzadas más allá de la voluntad de diálogo.
Mientras la Intendencia cuestiona la postura gremial al sostener que el personal obtuvo desde el año pasado hasta la fecha un incremento salarial de casi el 50 por ciento, el sindicato plantea que el municipio efectuó ajustes por debajo del índice inflacionario que debía haber aplicado.
El gremio asegura que ello representa un desfasaje de un 26 por ciento que los trabajadores pretenden cobrar, pero el Ejecutivo no reconoce como legítimo tal planteo, que califica de «unilateral» y considera que «es una cuestión de interpretación del acuerdo paritario al que se arribó el año pasado y que Casilda cumple de la misma forma que el resto de las municipios y comunas», dijo el intendente, Juan José Sarasola.
El mandatario recordó que «acordamos aplicar la cláusula de (ajuste) en base al (índice) del mes anterior, por lo que el gremio está haciendo una interpretación unilateral y antojadiza del acta al plantear la necesidad de establecer una compensación extra a lo ya pagado».
Y en esa dirección, insistió con que su administración aplica el mismo criterio que rige en la mayoría de las municipalidades y comunas de la región que, al menos de momento, no enfrentan ningún conflicto.
Sarasola no ocultó su malestar por lo sucedido: «En vez de esperar a discutir el tema en la mesa paritaria optó por una medida de fuerza», dijo, aunque aclaró que «la reunión de hoy (por ayer) se realizó en buenos términos pese a las divergencias».
Aclaró que su intención «no es confrontar con los trabajadores ni cercenar derechos», pero instó a la responsabilidad ante la crítica situación económica que afecta a diferentes sectores al punto que el propio intendente junto a referentes gremiales mantuvieron una reunión con funcionarios nacionales para reclamar medidas de asistencia a empresas.
En tanto, el secretario general del sindicato, Walter Britos, sostuvo en declaraciones a la prensa que «el Ejecutivo tuvo tiempo de solucionar el problema y no lo hizo, razón por la cual se resolvió llevar la medida de fuerza» que quedó sin efecto. Y en esa línea defendió la postura de que el municipio debe hacer frente al pago de lo reclamado, lo que representa una suma de unos tres millones de pesos, porque «es lo que corresponde».
