El Grupo Macri hizo una oferta con trampas por el Correo Argentino
La empresa controlada por Socma y Sideco propuso pagar lo que debía en 2002 y dejar en veremos los intereses. Busca diluir al máximo la deuda, que hoy ascendería a unos 4.500 millones de pesos
La empresa controlada por Socma y Sideco propuso pagar lo que debía en 2002 y dejar en veremos los intereses. Busca diluir al máximo la deuda, que hoy ascendería a unos 4.500 millones de pesos, y sepultar la investigación sobre las maniobras para evadir el pago.
Justo cuando estaba por comenzar la feria judicial, el Correo Argentino –del Grupo Macri—hizo una nueva oferta, con trampas, para pagar su deuda millonaria y logró postergar un posible acuerdo para después de las PASO. La propuesta de la empresa consiste en abonar a las arcas públicas de una sola vez lo debía en el año 2002, es decir 296.205.376 pesos, en lugar de hacerlo en 15 cuotas que se extenderían hasta 2033. Sin embargo, deja sujeto el pago de intereses a su eventual triunfo en los juicios que lleva adelante contra el Estado, donde reclama resarcimientos como consecuencia de la expropiación. La deuda real, con intereses incluidos, al día de hoy ascendería a unos 4.500 millones de pesos. Los Macri quieren pagarla con dinero estatal.
El expediente del concurso de acreedores del Correo, que adeuda al Estado el pago de cánones de la concesión, probablemente sea el más largo de la historia, tolerado por tribunales intervinientes y gobiernos sucesivos. Un proceso de estas características, por la ley de concursos y quiebras, no podría durar más de dos años.
Hasta el año 2016 el Estado había rechazado diversas ofertas consideradas inconvenientes planteadas por la empresa controlada por Socma y Sideco. Ese año, con Macri recientemente llegado al poder, ocurrieron varios movimientos simultáneos: empezó a salir dinero de las cuentas del concurso, hacia las controlantes, sin mayor explicación dado que Correo es una firma declarada inactiva; la empresa Correo comenzó juicios contra el Estado; y eso ocurrió justo cuando se cocinaba un acuerdo con representantes del entonces ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad. El pacto, firmado hace algo más de tres años, fue impugnado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, quien alertó que licuaba el 98,87 por ciento del a deuda. Lo consideró “ruinoso” y “abusivo”.
Desde entonces, el Estado y la empresa actuaron prácticamente como si fueran del mismo equipo, dilatando plazos que hacen que la deuda siga impaga. Correo presentó el 12 de julio del año pasado una oferta renovada , que apenas modificaba la original, ya que eliminaba solo dos cuotas (equivalentes a los dos años que habían pasado desde que estalló el escándalo) y aceptaba pagar intereses, aunque con una quita, y solo si conseguía ser indemnizada. El plazo para que contestara el representante de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías –hombre de la “mesa judicial” de Macri—era de 45 días, que se estiraron mágicamente hasta el mes pasado. Por entonces, el procurador ni siquiera respondió sino que pidió precisiones.
La nueva propuesta
El concepto de la propuesta que planteó Correo antes de las vacaciones de invierno es similar en cuanto a los intereses. Acepta pagar el monto de la deuda original, de hace 18 años, en un solo pago, y los intereses los deja en veremos, supeditados a cuatro juicios que tramita contra el Estado, donde pretende un monto incluso superior a lo que adeuda.
El escrito ofrece, además del pago de los 296 millones, el pago de “la misma tasa que eventualmente se le aplique a cualquier importe que el Estado Nacional deba abonar a la concursada por sentencia firme en cualquier de los reclamos…”. “Esa tasa de interés” se aplicará sobre el total de la deuda original, “hasta la fecha de la liquidación firme correspondiente a una sentencia firme en contra del Estado Nacional en cualquiera de los reclamos pretendidos por la concursada”. A eso añade que “al monto resultante del capital más el interés del crédito verificado se le deberá practicar” un “quita del 20 %”.
“La capacidad de pago surgirá de los propios importes que el Estado deba pagar a la concursad. Estos importes, luego de deducidas las costas y gastos que correspondieran serán depositados por el Estado Nacional según las formas de estilo en la cuenta que la concursada posee ante el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”. Es decir, el pago de intereses queda condicionado. Por último, se compromete a no iniciar otras acciones contra el Estado, como podría ser un juicio ante el CIADI.
Después de las PASO
Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini le concedieron al Estado un plazo de 15 días hábiles para responder, que vence después de las PASO. El Correo apuesta a diluir al máximo sus deudas y a sepultar, además, la investigación sobres desvíos que finalmente empezó el mes pasado, con varias maniobras bajo la lupa: por un lado, retiros de dinero de las cuentas del concurso, la compra sorprendente de acciones de una automotriz y préstamos de las controlantes; por otro, pagos por al menos 35 millones de pesos a estudios de abogados amigos –entre ellos funcionarios del Ejecutivo—, consultoras y empresas de publicidad. El Gobierno aspira a amortiguar los efectos de la causa penal, donde fue indagado Aguad en marzo, cuya situación procesal aún no está resuelta.
