La deuda de la Nación agobia a instituciones que asisten a personas con discapacidad
El último pago que recibieron del programa Incluir Salud corresponde a febrero. En Paraná hay institutos que ya no pueden pagar los sueldos
El último pago que recibieron del programa Incluir Salud corresponde a febrero. En Paraná hay institutos que ya no pueden pagar los sueldos
El programa federal Incluir Salud (ex-Profe), que depende del gobierno nacional, sigue engrosando su deuda con las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad. La situación persiste desde hace más de un año y se agravó en estos últimos meses, en los cuales recibieron solamente la cancelación de las prestaciones correspondientes a febrero. Todavía les adeudan marzo, abril, mayo, junio y julio, lo que compromete la continuidad de los servicios.
La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), que lleva 52 años de labor y compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad, es una de las entidades cuyo funcionamiento está en riesgo por no recibir los recursos que le corresponden. Ayer sus referentes viajaron a Buenos Aires para presentar un reclamo a las autoridades de Incluir Salud y exigir que les abonen los conceptos pendientes.
En este marco, Cristina Ripari, directora de Apana, comentó a UNO: “Estamos en una instancia crítica, ya que el programa Incluir Salud volvió a demorarse con los pagos. En una comitiva viajamos desde Parará para tratar el tema y ver qué pasa”.
La institución forma parte del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con la obra Don Uva, que también se dedica a la atención de personas con discapacidad; y la escuela privada de Educación Integral Nº 9 San Francisco de Asís, que es la única de la región que desde hace más de cuatro décadas atiende a quienes padecen discapacidades severas y profundas. Todas se ven seriamente afectadas por el retraso en los pagos y al respecto Ripari aseguró: “Nosotros estamos en una situación límite, pero en el caso de San Francisco de Asís están más complicados todavía por el corte de la cadena de pagos: en el mes de julio no pudieron cumplir con su personal y abonaron solamente el 50% de los sueldos, que dependen de la Cooperadora”.
Asimismo, afirmó: “Don Uva a fin de mes no tendría tampoco recursos para pagar los honorarios del personal, porque no les alcanza”.
En el caso de Apana, explicó: “Nosotros tenemos para afrontar nuestros costos un mes más, pero si no entra un pago vamos a estar igual que las otras dos instituciones”.
Sobre este punto, subrayó: “Vinimos a Buenos Aires para reclamar la deuda, para poder tener una charla con algunos referentes del Programa y sobre todo para mover los expedientes, porque generalmente estas cosas suceden porque el sistema está lento, es época de elecciones y se especula mucho con esto, pero quienes sufrimos las consecuencias somos quienes integramos las instituciones”.
Por otra parte, recordó que las transferencias de pagos desde Incluir Salud se hacen con 30, 60 y hasta 90 días de atraso: “A nosotros nos pagaron hasta el mes de febrero. Estamos en agosto y tendríamos que cobrar desde marzo en adelante. El programa nunca se pone al día, van abonando el dinero a cuentagotas, lo que afecta nuestro funcionamiento. No podemos diagramar un proyecto con la institución, ni planificar una mejora edilicia si tenemos alguna falencia que hay que reparar, porque no sabemos si van a llegar los pagos de Nación”, lamentó la representante de Apana.
Próximos pasos
La situación que atraviesan las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad en todo el país las expone a una crisis económico-financiera, que es realmente angustiante. Mientras los pagos del programa Incluir Salud se dilatan, son quienes concurren a las mismas quienes se ven afectados, ya que están en riesgo sus derechos a una atención integral.
“Estamos a la espera de que esto se pueda resolver, de que haya buena voluntad. Desde el Foro Entrerriano de Discapacidad, que lo integramos las tres instituciones –Apana, Don Uva y San Francisco de Asís–, estamos incorporando a gente del interior que está atravesando la misma problemática. Sumamos a referentes de instituciones de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú que están pasando por la misma situación que nosotros”, explicó Cristina Ripari.
A su vez, adelantó que esperan poder reunirse con legisladores nacionales que representan a la provincia para ponerlos en conocimiento del tema. Al respecto manifestó: “Seguramente la semana que viene vamos a hacer una convocatoria a los diputados y senadores entrerrianos para que hagamos una mesa de diálogo para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es lo que ellos tienen que ir a defender al Congreso, y que no vaya a existir de parte de ellos adhesión a que se derogue la Ley de Discapacidad, que eso es lo que se está comentando a nivel nacional”, dijo a modo de conclusión.
Esfuerzo de la Provincia por garantizar el transporte
Desde principios de este año la Agencia Nacional de Discapacidad transfirió a la Provincia las responsabilidades y la administración para asegurar los servicios de transporte a beneficiarios de pensiones no contributivas hacia los centros de diálisis y discapacidad que brinda el Programa Federal Incluir Salud.
Sobre esta situación, Cristina Ripari comentó a UNO: “La Provincia hizo todo lo posible para adecuar la prestación de transporte de Incluir Salud y elaboró rápidamente un sistema para que las instituciones vayamos cobrando y los transportistas también vayan cobrando, así no se quedaban sin el ingreso de ese dinero”.
En este marco, aclaró: “El gobierno provincial hace todo un esfuerzo para mantener esto, pero sabemos que para sostener el transporte necesita que ingresen los fondos de la Nación, porque las partidas vienen todas juntas, a través del Ministerio de Salud de Entre Ríos”.
