Córdoba: Mestre autorizó a indemnizar de forma directa con $ 1,5 millones a un empresario sin que el Concejo lo analice
La Municipalidad le pagará a un hombre por utilizar sin su permiso material de su compañía, que el Ejecutivo descargó de internet. No suspendieron ni echaron a ningún municipal.
La Municipalidad le pagará a un hombre por utilizar sin su permiso material de su compañía, que el Ejecutivo descargó de internet. No suspendieron ni echaron a ningún municipal.
El intendente, Ramón Mestre, autorizó el cambio en un decreto y ordenó a la Municipalidad pagar una indemnización millonaria a un empresario por utilizar sin su permiso material de su compañía -protegido con copyright- sin que el acuerdo sea evaluado por el Concejo Deliberante.
El convenio entre el empresario Carlos Alberto Bruno –titular de Intercontact- y el Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos(Infossep) contemplaba el pago de 1.516.750 de pesos por usar sin la autorización de Bruno material de su firma en cursos que dictó la Municipalidad. El monto también incluyó un acuerdo con el propietario para usar el contenido durante cierto tiempo, que ya caducó.
El Ejecutivo, a través Infossep, ofrece a los vecinos la posibilidad de capacitarse mediante el programa Sí, Sí, Virtual.
Contenido bajado
Como parte de la capacitación, la Municipalidad utilizó el contenido que legalmente había registrado Intercontact. Bruno advirtió la situación e intimó al municipio a no usar más ese material para dictar cursos.
El Ejecutivo, por su parte, reconoció haber “bajado” de internet el material sin advertir –presuntamente- que estaba sujeto a derechos de autor (copyright). “La Municipalidad de Córdoba reconoce la utilización de material que se encontraba en la Web, sin advertir la existencia de copyright”, señaló la Municipalidad en el decreto 1.524 –del 4 de julio-, que lleva la firma de Mestre.
El vicepresidente de Infossep, Guillermo Lyall, ya había confirmado que por el caso no suspendieron ni echaron a ningún empleado “porque no se actuó con mala fe”. Bruno, por su lado, había expresado que la Municipalidad había actuado de forma “rápida, inmediata” y con “predisposición” para solucionar el pleito.
Sin pasar por el Concejo
En el acuerdo entre Infossep y el empresario se incluyó una serie de ítems a cumplir. En el séptimo considerando se estipuló que el acuerdo -el pago millonario a Bruno- tenía que ser ratificado por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, Mestre autorizó ahora un cambio en el decreto, por el cual se eliminó ese séptimo ítem que quedó, de ese modo, sin efecto aplicativo. Fue la única modificación que autorizó el intendente en el nuevo decreto -que lleva el número 1.993- y que cuenta con las firmas del propio jefe comunal y del secretario de Economía y Finanzas, Víctor Hugo Romero.
En el mismo decreto, que puede revisarse en el Digesto web, Mestre ordenó que la Dirección de Contaduría le pague la millonaria cifra a Bruno y que se archive el caso.
De acuerdo con lo explicitado en el nuevo decreto, Lyall “entiende que las características del instrumento que nos ocupa (el acuerdo) no se encuentra alcanzado entre los actos que requieren ratificación” del Concejo.
Palacio 6 de Julio. Sede de la Municipalidad de Córdoba. (Pedro Castillo/Archivo).La Asesoría Letrada apoyó ese planteo al señalar que el acuerdo “no se encuentra alcanzado por las previsiones del inciso 21 del artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal, por lo tanto, no es necesaria su ratificación por parte del Concejo”. No obstante, en el texto no se precisaron mayores detalles o fundamentos que respalden esa conclusión.
El inciso 21 indica que son facultades del Concejo “ratificar o rechazar los convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con la Nación, provincias, municipios, comunas, entes públicos o privados nacionales; así como los celebrados con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y organizaciones internacionales”.
La empresa Intercontact es una empresa de Córdoba, con lo que encuadraría, según el inciso 21, en la categoría de «entes privados nacionales». Sin embargo, la Municipalidad consideró que el acuerdo entre las partes no debe ser analizado por el Concejo y que se debe pagar al empresario de forma directa.
Desde la Municipalidad, se reiteró lo que aparece en el nuevo decreto (sobre que el acuerdo no se encuentra alcanzado por inciso 21 del artículo 64 de la Carta Orgánica) e indicó que no debe ser analizado por los concejales.
«Todo está debidamente fundado en el trámite administrativo en cuestión», se indicó, aunque el municipio no difundió cuáles son los argumentos para modificar el decreto.
Por lo tanto, Bruno quedó en condiciones de percibir los 1.516.750 de pesos del acuerdo. «No tengo mucho para decirte. No tengo fecha de pago», dijo a La Voz el empresario al ser consultado sobre si había tenido novedades de la indemnización.
Cuestionamientos
Los concejales Santiago Gómez y Pablo Ovejeros presentarán un pedido de informes al Ejectivo para que «todas las actuaciones vinculadas al acuerdo entre el municipio y la firma Intercontac sean remitidas al Concejo Deliberante».
«Aguardamos el acompañamiento de nuestros pares a los fines de transparentar esta situación que el municipio definió como un ‘descuido’ pero que para los concejales firmantes la situación reviste una mayor gravedad», indicaron.
Días atrás, ya habían pedido conocer quiénes eran los «funcionarios responsables de se semejante impericia», que termina «costándole dinero a la gestión y a todos los vecinos. Lamentablemente, la mencionada solicitud fue rechazada por el oficialismo».
«Lo grave no es un copy-paste (copiar y pegar) que se minimiza. Lo grave es que tenemos funcionarios que, en vez de generan contenidos para dictar cursos, que es para lo que se les paga, los googlean y los bajan de internet. Y esa postura cómoda de trabajar le costó a todos los vecinos mas de un millón y medio de pesos», dijo Gómez.
«Ahor,a tomamos conocimiento que el convenio no va a venir al Concejo y que le van a pagar de manera directa y rápida a la firma a la que le copiaron. Es un verguenza en estos casos los funcionarios deberían responder con su propio patrimonio su impericia», opinó.
