¿Servirá el pacto social que propone Alberto Fernández?
La destrucción de la rentabilidad de las empresas y la licuación del salario en estos casi cuatro años de otro fiasco del neoliberalismo están consiguiendo una rápida convergencia de intereses.
La destrucción de la rentabilidad de las empresas y la licuación del salario en estos casi cuatro años de otro fiasco del neoliberalismo están consiguiendo una rápida convergencia de intereses. La misión principal, luego de frenar la inercia inflacionaria y de impulsar la reactivación, es la de construir consensos para el desarrollo.
La debacle de la economía macrista ha generado las condiciones para que la fuerza política triunfante en las PASO plantee la necesidad de un acuerdo social. Cristina Fernández de Kirchner lo propuso como «un nuevo contrato social de ciudadanía responsable» . Alberto Fernández presentó la necesidad de avanzar en acuerdos con la industria, el campo y los gremios «en el marco de un pacto social». La destrucción de la rentabilidad de las empresas y la licuación del salario en estos casi cuatro años de otro fiasco del neoliberalismo han conseguido la convergencia inmediata de esos intereses. El desafío principal es lograr una confluencia rápida para salir del fondo del pozo al que fueron arrojados por el gobierno de Macri.
Fernández lo definió del siguiente modo: «Significa ponernos de acuerdo entre todos en que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación». Sería el primer paso de un pacto social, que puede terminar en cortísimo plazo con el objetivo de frenar la inercia inflacionaria y de fomentar la demanda interna para impulsar el crecimiento. O convertirse en el puntapié inicial para, además de alentar la reactivación, construir un acuerdo amplio para comenzar el largo tránsito hacia el desarrollo con estabilidad.
Esto último es lo más complejo y arrastra varios intentos pasados que tuvieron un final poco feliz.
Político
Carlos Leyba, uno de los economistas que más sabe de pactos sociales, por haber sido uno de los protagonistas del último más ambicioso, el de 1973, es una referencia ineludible para interpelar esas intenciones. En el artículo «El primer acuerdo», publicado en El Economista, Leyba aconseja que lo primero que se debería hacer es «un acuerdo de la política». Definir ese acuerdo básico sería la condición necesaria para avanzar en uno económico y social. Indica que así lo hicieron en 1971, durante la dictadura del general Lanusse, Juan Domingo Perón, Ricardo Balbín, Oscar Alende y Horacio Sueldo. Insiste con que «primero el acuerdo político y luego, sobre las bases de la política, el acuerdo, la convergencia, la coincidencia, con los sectores sociales».
Desde la recuperación de la democracia, en 1983, la fuerza política triunfadora en la elección presidencial eludió el pacto social con un argumento entendible pero que terminó siendo una restricción, que fue el de no quedar atrapada de las disputas corporativas. La dificultad inmediata es conseguir que cada uno de los participantes tenga la voluntad de ceder algo en la proyección de la recuperación. O sea, ya sea rentabilidad por el lado empresario o una más rápida recomposición del salario real por el lado de los trabajadores.
La misión que tendrá Fernández será la de mostrar a empresarios y sindicalistas que la alternativa de un esquema no cooperativo es perjudicial para unos y otros, ya sea por acuerdos salariales por encima del previsto o por aumentos de precios a ritmo creciente.
El sendero elegido en ciclos políticos anteriores desde la recuperación democrática fue el de construir una hegemonía, sin la búsqueda de esa convergencia, que les permitiera ordenar el conflicto económico y social de corto plazo. Conocido el resultado de esas experiencias políticas, en términos de estabilidad económica de largo plazo, queda en evidencia que no ha sido efectiva la estrategia de no buscar la administración de los intereses corporativos junto a cada uno de los protagonistas de la puja distributiva.
Grieta
El desafío del acuerdo social es encontrar la forma de ordenar la grieta histórica sobre el proyecto de país. No es una tarea menor administrar el péndulo político y económico de la Argentina. Pero a lo que ya se presenta como una misión muy difícil, se le interpone un paso previo: controlar la grieta tóxica alimentada en estos últimos años. La Alianza Cambiemos y su red de medios oficialistas la han promovido como categoría político-cultural. Se han dedicado a profundizarla, con elevados niveles de agresión discursiva, represión social y persecución a políticos y medios de comunicación opositores. Y lo sigue haciendo Mauricio Macri en sus trabados discursos de la gira de despedida, acompañado de mensajes violentos de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto.
El concepto de grieta se ha vulgarizado en el debate público a partir de su utilización mediática. La revisión de la historia argentina permite saber que la grieta básica se encuentra en la disputa acerca de qué tipo de proyecto de país se impone. Uno pretende un país proveedor de materias primas, que implica una integración pasiva a la división internacional de trabajo y, por lo tanto, de sumisión a la potencia occidental dominante; antes fue el Reino Unido, y ahora es Estados Unidos. Mientras el otro aspira a un país industrial, integrado socialmente e independiente de las potencias para fortalecer el desarrollo nacional.
Esta es la grieta básica que atraviesa la historia argentina y, como no ha tenido un cierre y se mantiene el empate hegemónico, en definición del sociólogo Juan Carlos Portantiero, las tensiones siguen latentes provocando crisis y movimiento pendulares en el manejo económico y en la representación política.
Otros países lo han resuelto hace más de un siglo: por ejemplo, Estados Unidos, con la guerra civil que ganó el Norte industrial sobre el Sur esclavista y agrario. O Brasil que logró neutralizar a la oligarquía cafetera y emprendió un camino desarrollista y de expansión industrial. Argentina no pudo resolver ese enfrentamiento en el siglo pasado, primero por la irrupción del radicalismo, como expresión de las clases medias urbanas, y luego, fundamentalmente, por la del peronismo, que amplió derechos políticos, económicos y sociales a sectores históricamente marginados.
La pretensión de los sectores conservadores, hoy representados en la alianza macrismo-radicalismo, de regresar al país agroexportador no registra o se resiste a aceptar que hubo una transformación estructural del entramado productivo-social. Claudio Scaletta lo ha ilustrado en un reciente artículo publicado en el suplemento económico Cash «El tercer fracaso histórico» . Explica que las elites «intentaron ignorar los «procesos de no retorno» abiertos durante la etapa de la industrialización sustitutiva, procesos que no sólo complejizaron la estructura productiva, sino también la social».
Como se sabe, existe también una grieta estructural en la sociedad, que no es propia de Argentina, sino que es general, que consiste en la permanente disputa entre Capital y Trabajo. Es una tensión permanente que, dada la evolución del capitalismo, en especial desde mediados de la década del ’70, está siendo dominada ampliamente por el Capital en detrimento del Trabajo. Esto queda reflejado en la cada vez más obscena concentración de la riqueza, al tiempo que se deterioran las condiciones de vida de los trabajadores que perdieron participación en la distribución de los ingresos.
Tóxica
Aclarados estos conceptos básicos de grieta, vale detenernos en otro uso que se está dando al concepto de grieta. Es una grieta que ya se ha transformado en un inmenso negocio para las corporaciones mediáticas, que la alimentan por inconfesables intereses económicos y políticos, y que es muy rendidora para capturar audiencias. Como parte de ese negocio, exacerban las diferencias que existen en toda sociedad, pero lo hacen de una manera extrema alimentando el odio, la venganza, la violencia simbólica y la estigmatización del otro.
Es una grieta tóxica que profundiza el enfrentamiento social sólo por intereses de corporaciones mediáticas. Es la grieta tóxica del “fuck you”, del “polémico”, de la utilización de la letra “K” como calificación negativa, de los “gritos”, de la “persecución” al adversario político, de los “troles”, de la “mentira planificada” para desmoralizar al contricante.
Esa grieta tóxica altera las normas básicas de convivencia democrática, al generar un estado de incertidumbre y de tensiones políticas y sociales que, finalmente, impactan en forma negativa en la dinámica económica. Si ese tipo de grieta es alentada en un contexto de estabilidad económica, sin pérdida en la capacidad de compra del salario y de las jubilaciones, las disputas quedan delimitadas al mundo de la política y de los medios. En cambio, cuando la grieta tóxica no sólo es alentada sino que es profundizada, con una economía en caída libre y retroceso en el ingreso real de la mayoría de la población, se potencian históricos enfrentamientos en un círculo vicioso de deterioro generalizado.
Por arriba
En ese contexto de las diferentes grietas, el gobierno de Fernández-Fernández tendrá que constituir una alianza política, económica y social lo suficientemente intensa para salir por arriba del laberinto tóxico. En caso de logarlo, como condición necesaria, irrumpe la misión de instrumentar un pacto social para la estabilización. Este tendrá como objetivos inmediatos la coordinación de precios y salarios para anclar las expectativas de aumentos nominales descontrolados de esas dos variables clave.
Quienes han estudiado los recorridos de pactos sociales aquí y en otros países advierten que resulta indispensable, para que puedan perdurar, que los objetivos de corto plazo vengan acompañados de metas de mediano y largo. El politólogo Sebastián Etchemendy explicó en un reportaje en el último informe de FIDE que «el problema es que los pactos sociales son, por naturaleza, de corto plazo, motorizados decisivamente por actores políticos más que socioeconómicos: esa suerte de “suspensión de la política” y la puja distributiva no puede durar mucho, especialmente en sociedades democráticas. Sirven más para una estabilización inicial que para un manejo sostenido de un crecimiento con inflación razonable».
Plantea entonces la necesidad de articular una instancia donde se puedan discutir consensos básicos para la estabilización de la economía, fundamentalmente, en torno a la dinámica de precios y salarios. Para avanzar luego en un acuerdo social que armonice mínimamente expectativas de precios y salarios, y a la vez incluya respuestas a los sectores en emergencia más golpeados, y otros rubros de política económica con impacto en el nivel de ingreso, como tarifas y tipo de cambio. Apunta que «esto es imprescindible, desde un punto de vista político y económico, para comenzar a salir de esta crisis aguda» que deja el gobierno de Macri.
Propone establecer, a partir de consensos mínimos, mecanismos estables e institucionalizados de coordinación que conecten en forma más o menos virtuosa la política económica en general, y la monetaria en particular, con la política de ingresos. Tarea necesaria para que la estabilización inicial no naufrague y consiga construir un modelo de política de ingresos articulado con la política económica.
Etchemendy rescata el Pacto Social de 1973-1974, bajo el último gobierno de Perón, al que evalúa inicialmente exitoso. Ese acuerdo estipuló al comienzo un aumento salarial del 20 por ciento y luego el congelamiento de ingresos y precios, junto a medias de control de cambios y de potenciar exportaciones; para después fijar alzas de salarios y tarifas en forma escalonada. Señala que la inflación del 62 por ciento en 1972 bajó al 25 por ciento en 1973, sin limitar el crecimiento. «Pero la muerte de Perón, la polarización política y social y la crisis del petróleo lo devoraron en 1975», concluye.
Disciplinar
Una restricción relevante en los proyectos de concertación constituye la formación e ideología de los principales actores empresarios y sindicales. El mundo empresario sigue mostrando preocupación por el regreso de un gobierno populista, cuando uno neoliberal licuó su patrimonio. Es un caso de estudio, ya no sólo con categorías de la sociología y de la economía, sino de la psicología social. En esa mezcla clasista, de ideología, ignorancia y negocios, no asocian la devaluación de sus activos con una política económica ortodoxa.
El fracaso de otro experimento neoliberal, al igual que el de la última dictadura militar y el de los noventa de la convertibilidad, concluye en un nuevo default de la deuda y en otra crisis de proporciones.
El economista chileno Gabriel Palma ilustra que “el Estado debe recuperar su capacidad para disciplinar a las elites capitalistas. Además de dar subsidios, los gobiernos deben poder reclamar que las empresas aumenten sus exportaciones, inviertan, innoven e impulsen el cambio tecnológico”.
El discurso convencional asocia «disciplinar» con «autoritarismo». Ese concepto puede ser redefinido entonces con términos amigables como «educar» u «orientar» al mundo empresario. Un caso para ponerlo a prueba podría ser con los protagonistas del complejo agroexportador. Emprender la tarea de explicarles que las retenciones, luego de una devaluación, son para evitar un shock inflacionario desestabilizador. «Educarlos» con que parte de la recaudación proveniente de retenciones será reinvertido en el propio sector en obras de infraestructura (caminos rurales, expansión de los puertos) y en investigación y desarrollo tecnológico para aplicar en la producción. «Orientarlos» a la vez a que colaboren en la imprescindible misión de empezar a industrializar las materias primas, lo que implica la agregación de valor y, por lo tanto, un mayor flujo de dólares por exportaciones.
Tarea similar de «educación» se puede instrumentar con el sector industrial cuando se presente un programa de créditos subsidiados. Esos fondos que entregará el sistema financiero estatal y privado, que incluirá recursos públicos para disminuir el nivel de la tasa de interés, deben venir acompañados de compromisos cuantificables para el beneficiario: determinar la obligación de un adecuado abastecimiento del mercado interno con administración de precios más metas de exportaciones, a cambio de recibir subsidios en el crédito.
En definitiva, disciplinar o «educar» a las elites es desplazar del debate económico la grieta tóxica, exponer el fracaso del neoliberalismo en Argentina, frenar el movimiento pendular con políticas de convergencia abandonando anteriores dilemas (campo versus industria) y mostrar el papel activo del Estado en el desarrollo de los países.
Especialistas dedicados a estudiar modelos de desarrollo, basados en casos de países de diferentes características sociales, culturales y económicas, coinciden en que resulta fundamental la existencia de un Estado activo en la intervención en la economía y con capacidad de disciplinar y de negociar en relativa igualdad de condiciones con grupos empresarios.
El proyecto de pacto social del nuevo gobierno que ocupará la Casa Rosada a partir del próximo 10 de diciembre tendrá el objetivo de la estabilización de corto plazo, pero en especial tendrá el inmenso desafío de administrar la grieta básica de la economía argentina para frenar el péndulo y empezar a construir un sendero de desarrollo sustentable.
