Municipales ausentes del futuro Pacto Social
Los trabajadores municipales de todo el país no tienen estrategia sobre su rol en el futuro Pacto Social y por ello podrían pagar un alto costo social y laboral
Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, con Hugo Yasky y Daniel Aversa, del sindicato de Municipales.
Los trabajadores municipales de todo el país no tienen estrategia sobre su rol en el futuro Pacto Social y por ello podrían pagar un alto costo social y laboral
Ausentes de un convenio colectivo que los contemple nacionalmente, con salarios por debajo de la línea de la pobreza en casi todas las provincias, un altísimo nivel de precarización laboral, y con una representación sindical muy dividida, los trabajadores municipales continuarán siendo la variable de ajuste del sector público en el próximo gobierno.
Mauricio Macri ahorcó las finanzas públicas con el endeudamiento externo, con las altas tasas que el Estado subsidia al sector financiero, con recesión económica y -como si fuera poco- con el Pacto Fiscal que bajó en un año más del 11% la distribución de recursos coparticipables, excepto a la Provincia de Buenos Aires. No es un secreto a voces que perjudicó a todas las jurisdicciones para favorecer a CABA y a la Provincia de María Eugenia Vidal, considerados hasta las últimas PASO como sus propios baluartes electorales.
En este contexto, los candidatos del Frente de Todos han definido una política de Federalismo y de Compromiso con los Gobernadores y los Gobiernos Municipales, en la lucha contra el hambre. Esta será sin duda -más que una prioridad- una necesidad que se concretará con el envío de recursos extraordinarios a los estados locales para la realización de obras de dimensiones menores ( distribución de agua potable, cloacas, cordón cunetas, infraestructuras para urbanizaciones y posiblemente pavimentos y mejoras de calles y caminos, sin descartar iluminación y la asistencia a comedores y merenderos). El acuerdo con los caudillos provinciales incluye la devolución del Fondo Sojero (FFS) también para pequeñas obras de infraestructura. Esto, entre Intendentes y Movimientos Sociales generará una disputa por el manejo de esos fondos. Pero lo que no se discute es que más allá de cuánto administre cada uno, se trata ni más ni menos que del empleo de mano de obra muy barata para Municipios y Cooperativas. Este será otro golpe para los ya escasos derechos y magros salarios de los trabajadores del empleo público municipal.
Las políticas sociales de asistencialismo y los subsidios contra el hambre, podrían continuar enfrentado pobres contra pobres, si el sindicalismo municipal no encuentra unidad de acción en ejes centrales que deben debatir para expresarlos como parte de un “Contrato Social de Responsabilidad Ciudadana” impulsada por CFK y delineado para el sector municipal desde el Instituto Patria, por el Intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi.
El Pacto Social que impulsa Alberto Fernández tiene a dirigentes sindicales municipales del interior del país en sus equipos y también a otros dirigentes porteños del gremio municipal, pero que no son afines entre ellos. Ese es un espacio que la CTA también disputa con los municipales de ATE.
El Sector Municipal en Argentina representa el 8% del gasto total del sector público y equivale al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La mayoría de ese gasto municipal -el 2,8% del PIB- es gasto social. A su vez, las municipalidades financian el 17% de la atención pública de la salud, el 19% del gasto en agua potable, el 42% del gasto en vivienda y el 79% de otros servicios urbanos.
El último informe del Ministerio de Hacienda detalla que a marzo del presente año (2019) hay 597.000 trabajadores municipales en las 2.962 administraciones locales. Pero ese número de trabajadores incluye un 40% en condiciones informales, un 60% están precarizados y más del 50% vive debajo de la línea de pobreza.
Es decir que los Municipios Argentinos concentran el 3,6 del PBI administrados por sus Intendentes, pero que disputan los sectores privados prestatarios de servicios públicos, los sectores sociales que reciben los servicios y las asistencias, los gastos políticos institucionales y los trabajadores, que por su posición laboral y salarial no prevén ser los más beneficiados.
Los Municipales Argentinos están excluídos del Salario Mínimo Vital y Movil. No están alcanzados por el 82% móvil en el Sistema Previsional y menos de 200.000 se encuentran inscriptos en las Administradoras de Riesgo del Trabajo. Están muy lejos de obtener una negociación colectiva centralizada y cada municipio paga las asignaciones familiares a su propio arbitrio, son mínimos los gobiernos y sindicatos que promueven la formación profesional, entre tantas diferencias salariales y laborales con el resto de los empleados públicos de otros niveles del Estado. La CTA ha detectado esto y se apoya en su gremio ATE para disputar este espacio, incluídos los sectores informales que se desempeñan en los Estados Municipales.
La unidad de la CGT y la CTA debe servir para que el futuro Pacto Social logre un justa disputa de los trabajadores en el PBI, el sagrado “fifty-fifty de Perón”, que así las cosas parece que no alcanzará a los sufridos trabajadores municipales. Ese es el desafío del gremio creado por el fallecido e histórico líder sindical Gerónimo Manuel Izetta: retomar un camino de reinvindicación a la altura de la historia del Movimiento Obrero Argentino.
Para esto, ¿lograrán la unidad los moyanistas Amadeo Genta, Rubén García o los CTAtistas de ATE con el eterno oficialista Andrés Rodríguez de UPCN?. Quienes disputan la representación sindical municipal (COEMA, CTMRA, ATE, UPCN y otros) ¿podrán pensar en serio los desafíos que se vienen para los trabajadores municipales con Alberto y con Cristina?.
