Vialidad esconde los papeles
La AGN presentó un amparo contra el Ministerio de Transporte. Desde hace un año, Vialidad no manda la documentación que se le pide para investigar distintas denuncias en la construcción de rutas.
La AGN presentó un amparo contra el Ministerio de Transporte. Desde hace un año, Vialidad no manda la documentación que se le pide para investigar distintas denuncias en la construcción de rutas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció y presentó un amparo contra el Ministerio de Transporte porque desde hace casi un año la Dirección Nacional de Vialidad no responde los requerimientos de documentación e información para poder ser auditada sobre cuestiones económicas, financieras, patrimoniales y operativas referidas al año 2018. Es evidente que se trata de un área que tendrá dificultades para explicar buena parte de su actividad, o mejor, de su inactividad. Como informó Página/12 ha habido múltiples denuncias de la Federación del personal de Vialidad Nacional (Fepevina) y del Sindicato de Trabajadores (STV) sobre maniobras con la construcción de rutas y autopistas y hasta un informe interno que mostró que de los 2800 kilómetros de autopistas prometidas por el Gobierno sólo se hizo el 3 por ciento.
El amparo quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo 11, a cargo de Cecilia G.M de Negre, y es muy similar a otro que también había presentado la AGN contra la Oficina Anticorrupción (OA) y terminó en una condena que acaba de ser confirmada por la Cámara de ese fuero. “Motiva esta presentación la conducta reticente de la Dirección Nacional de Vialidad para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada”, comienza sin vueltas la presentación judicial del organismo encargado del control externo de las dependencias públicas. “La demandada no ha cumplido con la entrega de toda la información que le fuera requerida. De ninguna manera se puede ejercer la función de control asignada a este órgano por la Constitución Nacional si no se cuenta con la totalidad de lo requerido”, dice el texto.
La AGN señala que hizo el primer pedido de informes a Vialidad el 20 de diciembre de 2018. Se le dio 10 días para responder, pero el 4 de enero pidió prórroga. El 6 de febrero envió algo de información “en soporte magnético” pero sólo cumplió parcialmente con el requerimiento. Desde entonces repitió el mecanismo de entregar pocos datos y pedir más prórroga. La AGN le impuso un apercibimiento y en agosto último firmó un dictamen con una intimación, pero nada cambió. Volvió a entregar datos parciales. En la Auditoría señalan que todo lo solicitado ya estaba incluido Plan Operativo Anual, aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.
¿Qué información adeuda? Por ejemplo, la normativa por la que se crearon y se asignaron al organismo los distintos recursos propios, transferencias internas y externas y crédito externo; las decisiones administrativas distributivas de los créditos para 2018 y las modificaciones presupuestarias; normas para la aprobación de contrataciones y pagos; los convenios y contratos con entes públicos o privados, “que den origen a la generación de pasivos, gastos y o entrega o recepción” de bienes o servicios; el listado de las causas judiciales donde Vialidad haya sido demandada; el detalle de sus deudas; sus fondos fiduciarios; si posee deuda externa y el detalle de los préstamos; un inventario de sus inmuebles, su valuación y otros bienes; el detalle de las obras en curso y las que permanecen con saldo al 31 de diciembre de 2018; los certificados de obras; el listado de los terrenos utilizados para las obras; y la nómina del personal.
Lo que ha quedado en evidencia en los últimos tiempos con las múltiples denuncias son maniobras en las obras de rutas y autopistas. Las advertencias de los trabajadores muestran la discrepancia entre los planes que se diseñan, se anuncian y luego no se concretan. De los 2.800 kilómetros de autopistas, previstos en el Plan Nacional Vial, sólo se hizo el tres por ciento. De los 4.000 kilómetros anunciados en el programa Rutas Seguras sólo se concretó el 0,15 por ciento, apenas seis kilómetros. O sea, se trata de irregularidades de procedimiento de enorme envergadura porque son millones de pesos invertidos en diseños y planificación que luego terminaron en la nada.
Desde el punto de vista de los costos y presupuestos, también Fepevina y STV sostuvieron que hubo negociados y aumentos sin explicación. El STV incluso presentó una denuncia penal. Uno de los tramos de la Ruta 8 se licitó por 285 millones de pesos durante el kirchnerismo, pero el gobierno de Mauricio Macri lleva pagados 2.500 millones de pesos (casi diez veces más) y no se cumplió con ninguno de los plazos de finalización. La obra fue adjudicada a Iecsa, la empresa que fuera de la familia Macri, y a la que se le permitieron aumentos muy superiores a los concedidos a otras dos empresas, en tramos contiguos de la misma ruta. En la ruta 7, las asociaciones de empleados, sostienen que hasta el momento salió siete veces más de lo presupuestado, y el plazo de dos años se está convirtiendo en seis, ya que está lejos de finalizarse.
STV y Fepevina dicen que las trampas en general se hicieron permitiendo modificaciones de las obras, siempre encareciéndolas, pero luego bajándolas de categoría: en lugar de autopistas se construyeron rutas, en lugar de tres carriles, dos carriles, en lugar de hacer nuevos terraplenes sólo se repavimentó. Todo debería ser materia de análisis de la Auditoría.
Hay un dato de máxima importancia: la auditoría interna de Vialidad emitió un durísimo dictamen a principios de 2019 señalando la debacle del Plan Nacional Vialidad y el incumplimiento casi total de los planes.
Este panorama parecería que es parte de lo que se quiere ocultar. Advierte, por último, la presentación judicial de la AGN: “La conducta omisiva de la demandada también vulnera el derecho de acceso a la información pública regido, como principio general, como consecuencia de la vigencia del régimen republicano del principio de publicidad y transparencia de los actos de gobierno derivados de él”. Y recuerda la doctrina de la Corte Suprema según la cual “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión del gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”.
