Seis municipios Cordobeses aún aplican fotomultas ilegales
El Tribunal Superior de Justicia fijó la ilegalidad de este mecanismo en rutas. Avala la posición de la Provincia. Igual, el criterio no rige para controles en calles urbanas.
Al menos media docena de municipios cordobeses sigue cobrando multas, mediante cámaras o radares que detectan cruces de semáforos en rojo, velocidad no permitida o circulación sin luces encendidas, en rutas que atraviesan zonas urbanas.
La polémica sobre su legalidad lleva más de 10 años. Desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba se ratificó ahora que las multas que aplican municipios sobre rutas no son legales. También hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia, en esa dirección.
La Provincia envió notificaciones “a los seis municipios” que las utilizan, recordando que están prohibidas por un decreto de 2007.
Los que sostienen ese tipo de fotomultas son James Craik (sobre ruta 9), Las Perdices (ruta 158), Balnearia (ruta 17), Los Cóndores (ruta 36), Villa del Dique (ruta 5) y General Roca (ruta 9).
Desde la Secretaría de Seguridad dijeron ahora que llevarán el tema de las fotomultas a discusión en la próxima reunión, aún sin fecha, de la Mesa Provincia-Municipios.
Llegaron a ser casi 20 las localidades cordobesas que las aplicaban sobre rutas que las atravesaban. Varias las fueron dejando, entre polémicas e intimaciones, pero otras se fueron agregando. Casi todas privatizaron el servicio: contratan a una empresa privada que se queda con el 70 u 80 por ciento de la recaudación por multas, a cambio de colocar cámaras, detectar infracciones y gestionar cobros.
Lagunas
La discusión sobre la legalidad siempre se aprovechó de lagunas jurídicas que no terminaban de resolver si en esos tramos urbanos de ruta debían primar las leyes provinciales o las autonomías de los municipios. Pero un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de 2012, del que hasta las partes en conflicto parecen no haberse enterado, fijó un criterio que crea jurisprudencia.
En realidad, no están en discusión todos los sistemas municipales de multas con fotos o radares. La Provincia reconoce que cada municipio es autónomo para definir el control del tránsito en sus calles y avenidas urbanas. De hecho, varias ciudades (como Río Cuarto, Villa María y Río Tercero, entre otras) tienen semáforos filmados para sancionar infracciones urbanas.
El debate está centrado sólo cuando aparecen en tramos de ruta que, según la Provincia, aunque pasen por zonas urbanas son de su dominio.
En 2007, la Provincia fijó por decreto que los municipios podrían cobrar multas sobre rutas, sólo si cumplen varios requisitos: el principal es que las actas sean entregadas a los infractores en mano, al momento, y no enviadas a domicilio luego.
También exige que el sistema sea autorizado por la Provincia, que los equipos estén homologados por organismos nacionales y que haya inspectores presentes en el lugar labrando las actas.
Los municipios replican que les resulta imposible poner inspectores las 24 horas en esos puntos y detener a los automovilistas sin policías.
Defensas
Las Perdices es una de las “nuevas” localidades con el sistema. Sobre la ruta nacional 158, hace dos años, instaló cámaras en un semáforo. El intendente Víctor Falbo lo defiende. “Nunca fuimos notificados por la Provincia de que debíamos dejar el sistema. Tampoco por Vialidad Nacional”, aseguró a este diario.
“La prioridad es cuidar a la gente. Lomadas no dejan poner, e inspectores las 24 horas es imposible, por su costo. La gente nos exige seguridad y esto es lo único que ha servido para impedir que crucen en rojo como hacían”, planteó Falbo.
“Hace mucho que se cuestiona y sigue igual. No creo que sea ilegal, sí sé que cruzar en rojo lo es”, respondió el intendente luego de refutar que el objetivo sea recaudatorio. “No es significativo lo que recauda el municipio. El 80 por ciento es para la empresa y lo que nos queda son de 20 mil a 30 mil pesos por mes”, contestó.
Para Falbo, “el porcentaje de infractores multados ha bajado mucho. El 90 por ciento hoy cumple. Los infractores serán el cinco por ciento. La mitad de ellos lo reconoce y paga y la otra mitad es la que se queja, pero son los que pasaron en rojo”.
