Los intendentes mendocinos del Este comenzaron a fijar su postura sobre la 7722
Los intendentes del Este comenzaron a fijar postura sobre la reforma de la ley 7722 y cada quien hizo el análisis desde posiciones bien distintas, aunque con similitudes.
Los intendentes del Este comenzaron a fijar postura sobre la reforma de la ley 7722 y cada quien hizo el análisis desde posiciones bien distintas, aunque con similitudes. Consultados por Diario UNO, algunos ya fueron definiendo sus pensamientos al respecto.
El jefe comunal de Rivadavia (Cambia Mendoza), muy cercano al gobierno provincial, fue breve y concreto. Dijo que “estoy a favor del cuidado del medio ambiente y los recursos hídricos y justamente, si se lee bien la reforma de los artículos, la reforma habla de eso específicamente. Sobre todo de los controles de los distintos organismos nacionales y provinciales para evitar justamente el mal uso de sustancias peligrosas”.
Además subrayó que “si esta ley es promulgada, seré el primer voluntario en formar parte de los equipos de control”, arriesgó.
Ubieta: «La minería debería ser desarrollada por una empresa estatal»
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta (PJ), fue crítico en algunos puntos de su análisis. Dijo que “acá el tema no es la minería, digamos la verdad, sinceremos las cosas. La verdad es que la provincia está quebrada, no puede hacer frente a sus deudas y el gobernador recibió esto. No puede decir la verdad de cómo está la provincia, porque los medios blindan a Cornejo, y lo sabemos, quedaría como un traidor para los suyos”.
Ubieta indicó que Suarez “necesita plata y no tiene otra manera. Obviamente estoy en contra de la minería contaminante, de la extracción con cianuro. Hay formas de extracción no contaminantes, pero obviamente son muchísimos menos rentables para los empresarios mineros”.
El paceño sostuvo que “la ley 7722 no impide la minería, impide el uso de contaminantes como cianuro en el tratamiento” e indicó que “creo que la minería la debería realizar la Provincia, mediante una empresa provincial creada a tales efectos, dónde se conforme un directorio con representantes de los grupos ambientalistas, políticos, de universidades, etcétera, para evitar de esa forma la contaminación”.
Además dijo que “a la luz de los hechos y que la ley iba a salir si o si porque la UCR tenía los votos necesarios para sacarla, me pareció acertado que se modificarán algunas cosas. Esto no nos libera de nada, pero al menos pudimos dar discusión y modificar algo, que de otra manera y solo oponiéndonos intentando sacar rédito político, hubiese salido igual”.
Recordó que “el gobernador dijo durante toda la campaña que lo haría” y remarcó que “me resulta muy extraño que haya gente que lo votó, argumentando que era lo mejor para Mendoza, y ahora nos pida al peronismo que hagamos algo”, e agregó que Suarez “saco el 52% de los votos, el pueblo de Mendoza le dio mayoría en ambas Cámaras. Hay cosas que son difíciles de entender, ¿no le parece?”.
Destéfanis: «Cambia Mendoza no necesitaba los votos del PJ»
La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, hizo pública su postura en las redes. Allí dijo que “es necesario resaltar que este proyecto de ley fue enviado por el gobernador Suarez al día siguiente de su asunción, en cumplimiento a lo expresado públicamente a lo largo de su campaña que, aun así lo llevó a convertirse en el gobernador de Mendoza”.
Indicó que “Cambia Mendoza cuenta con mayoría absoluta y quorum propio en ambas Cámaras, por lo que no necesita del peronismo para la sanción de esta ley en particular y que las diputadas de la UCR que representan los intereses de los santarrosinos, Salomón y Bassin, nunca consensuaron con los vecinos las modificaciones a esta ley. Sin embargo, los medios quieren exponer al peronismo como cómplice de esta modificación, cuando en realidad el Frente Cambia Mendoza podría haberla aprobado así, sin más”.
Destéfanis aclaró que “el PJ hizo aportes que, increíblemente, el proyecto original no tenía, todos destinados a mecanismos de control y cuidado del medio ambiente. Entre ellos, creación de una Policía Ambiental Efectiva, una Comisión Bicameral de Control Ambiental, Agencia Provincial Minera, balances de las cuencas hídricas, y lo más importante, licencia y consenso social. Es de público conocimiento que departamentos como Malargüe se han expresado en favor de esta actividad económica y por ello pretendemos respetar esos consensos sociales como así también los expresados en San Carlos y demás departamentos en el sentido contrario”.
Luego la intendenta santarrosina subrayó que “en lo que respecta a nuestra posición, siempre vamos a defender el agua por la salud de nuestro pueblo y por el desarrollo de nuestros productores agroganaderos. Por eso celebro que, aun cuando una ley iba a ser sancionada igualmente (ya que el oficialismo tiene mayoría absoluta en la legislatura), se hayan tenido en cuenta los aportes de los legisladores justicialistas que permiten, por ejemplo, que hoy pidamos al Concejo Deliberante de Santa Rosa que claramente elimine de las actividades económicas a realizarse en nuestro territorio, la minería. Gracias a estas modificaciones todos los departamentos que pretendan practicar o no la minería, deberán incluirla en sus planes de ordenamiento territorial”.
A la espera
El intendente de Junín, Héctor Ruiz, prometió enviar en breve su postura y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, se encontraba recorriendo el departamento este domingo y pidió contestar mañana.
Ex intendente Giménez
En tanto el ex jefe comunal de San Martín, Jorge Giménez, dijo que «mi posición es la de mis tres legisladores que yo elegí para que nos representen», refiriéndose a Cristina Pérez, Laura Soto y Bartolomé Robles, que fueron de los pocos que votaron en contra de la reforma de la 7722.
Con mucho peso en el PJ, la postura del ex intendente marca diferencias internas.
