Balance de las primeras medidas
Luego de haber heredado una situación económica difícil, el gobierno avanzó con acciones destinadas a recomponer ingresos para el Estado y apuntalar a los que menos tienen. El desafío de la deuda.
Luego de haber heredado una situación económica difícil, el gobierno avanzó con acciones destinadas a recomponer ingresos para el Estado y apuntalar a los que menos tienen. El desafío de la deuda.
Una nueva dirección
Por Nicolás Segal *
Lejos de haber asentado las bases para el crecimiento, la gestión económica de la presidencia de Mauricio Macri dejó una situación delicada en materia fiscal, externa, monetaria y financiera. En el frente fiscal, el resultado del 2019 se muestra próximo al -0,7 por ciento PBI de déficit primario. Sin embargo, esa cifra se alcanzó por medio de la liquidación de dos centrales térmicas, activos del Fondo Argentino de Hidrocarburos y acciones de empresas que eran propiedad del FGS. En el frente externo, la mejora en la cuenta corriente se debe a la caída de las importaciones provocada por la recesión. Estos dos aspectos ponen presión sobre el frente monetario: luego de una inflación del 55 por ciento en 2019, la estabilización es necesaria, pero resultaría inviable obtenerla a través de una apreciación sostenida del tipo de cambio. A la vez, el deterioro fiscal heredado no puede ser cubierto completamente a través de la emisión monetaria, por las presiones que se generarían sobre el esquema cambiario. El margen de la política económica es incluso más acotado en tanto las reservas internacionales se encuentran comprometidas por la exigencia del frente financiero. El modelo de endeudamiento externo masivo de la administración macrista dejó un exigente cronograma de vencimientos de la deuda pública, sin acceso al financiamiento en moneda extranjera.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva combina la recomposición de los ingresos públicos con una distribución más progresiva del gasto, adecuada a las necesidades de emergencia social. Por el lado de los ingresos, las medidas revierten las rebajas que la anterior administración había aplicado a las contribuciones patronales y a las alícuotas de los derechos de exportación y de impuestos a los bienes personales y a ganancias de empresas. Además, el impuesto del 30 por ciento al turismo y al atesoramiento mejora a la situación fiscal a la vez que contribuye a contener las tensiones cambiarias.
Estas decisiones permiten contrarrestar el resultado deficitario que el gobierno de Macri había dejado para 2020. Sin ellas, la proyección de este año mostraba un déficit primario de 1,5 por ciento PBI y 4,9 por ciento del PBI de déficit financiero. Como consecuencia de los incrementos en los recursos, estimamos un resultado primario próximo al equilibrio, con un rojo de 0,3 por ciento PBI, con un déficit financiero de 3,7 por ciento PBI.
El nuevo escenario fiscal para el 2020 es consistente con un crecimiento real del gasto primario del 3 por ciento, que incluye un aumento real del 5 por ciento en la masa de prestaciones de la seguridad social. Se perfila también una orientación más progresiva del gasto, como consecuencia de la suspensión de la fórmula de movilidad previsional y del otorgamiento de dos bonos de 5000 pesos, en diciembre y enero para jubilada/os que cobran la mínima, y del bono único de 2000 pesos, para beneficiaria/os de la AUH. Hacia el mismo sentido apunta la decisión de decretar aumentos salariales de suma fija a cuenta de futuros aumentos, por un monto a definir. El criterio de progresividad en las políticas económicas enfoca las prioridades en los sectores más vulnerables, que han sido los más vulnerados en los últimos cuatro años.
Las medidas de recuperación de ingresos, acompañadas por los congelamientos de tarifas de servicios públicos por 180 días, colaboran con la estabilidad macroeconómica. Con poco espacio para la apreciación cambiaria, se vuelve imprescindible la coordinación de una pauta de precios y salarios mediante el Acuerdo Económico y Social. Para dar verosimilitud al compromiso de los actores de ese acuerdo, es indispensable que los sectores más perjudicados recuperen parte del terreno perdido. Son sectores, además, con mayor propensión a consumir y su mejora relativa en el ingreso no incrementa de modo directo la demanda de dólares para atesoramiento.
Mientras este conjunto de medidas todavía se despliega, la nueva gestión enfrentará pronto su gran desafío, renegociar la deuda pública para que el PBI pueda volver a crecer. En 2020 vencen 20.6000 millones de dólares entre bonos y letras en moneda extranjera con acreedores privados y las reservas netas son menores a los 16.000 millones de dólares.
La doctrina ortodoxa imagina que la situación puede encausarse mediante un ajuste severo, tal lo intentó el gobierno de Macri con los fallidos programas del FMI. Pero una mayor reducción del gasto público no sólo es indeseable e impracticable luego del marcado deterioro que sufrieron las condiciones de vida en estos últimos cuatro años, sino que también resultaría inefectiva, porque ese ajuste prolongaría la recesión y generaría un mayor deterioro de los recursos fiscales. El nuevo programa económico, en cambio, apunta hacia una nueva dirección: priorizar la recuperación de ingresos en un marco de estabilidad. Su consistencia depende de que pueda hacerse efectiva la promesa de campaña, recuperar el crecimiento económico.
*Economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala
Decisiones apropiadas
Por Diego Añaños**
La situación de la economía argentina al momento del traspaso de poder era extremadamente compleja. Acumulaba siete trimestres en fila de caída del producto (desde el segundo trimestre de 2018), con números rojos en la producción industrial (sólo alrededor de un 60 por ciento de la capacidad instalada activa) y el consumo (cayendo cerca de un 10 por ciento en el último año). La inflación proyectada para 2019 trepaba al 55 por ciento, a pesar del ahorque monetario implementado desde la conducción del Banco Central. El desempleo se ubicaba por encima del 10 por ciento. La pobreza alcanzaba un proyectado de 40 por ciento para fin de año. El endeudamiento externo se ubicaba en niveles históricos, por lo que el déficit primario estaba relativamente controlado por la vía del recorte de gastos, pero el déficit financiero era significativo.
El conjunto de restricciones impuestas por el contexto al equipo entrante no mostraba demasiados resquicios para moverse con soltura. El ministro Guzmán fue claro en su primera comunicación con la prensa. El objetivo de corto plazo era frenar la caída de la economía. La imposibilidad de financiar un plan de contingencia con recursos genuinos, y ante la decisión de no apelar a la expansión monetaria, llevó al gobierno a imponer algunas modificaciones impositivas. Fue así que se dispuso una modificación de las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales, que penaliza a aquellos agentes que hayan sacado sus capitales del país. También se llevó adelante una modificación del esquema de los Derechos de Exportación, que eliminó la suma fija de 4 pesos por dólar y mudó a una fórmula estrictamente porcentual. Finalmente, se impuso un recargo de 30 por ciento a aquellos gastos realizados en moneda dura. A su vez, se decidió otorgar aumentos en la AUH, tarjeta alimentaria y jubilados. La clase media, por su parte, recibió un guiño con la renovación del programa Ahora 12, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y de los créditos UVA.
Sobre fin de diciembre se produjo un importante encuentro, que reunió al presidente, sus colaboradores, y representantes empresarios, sindicales, y de organizaciones sociales. Al cierre de la cumbre, se firmó un acta denominada “Compromiso argentino para el desarrollo y la solidaridad”, en la que los actores participantes se comprometen a trabajar en la búsqueda de consensos de largo plazo. El documento pone como prioridad dar respuesta a la tragedia social que significa que en la Argentina haya hambre.
El segundo paso es el diseño de un plan económico consistente, esto es, un plan que integre coherentemente un programa fiscal, un programa monetario y un programa para el sector externo. El tercer paso es alcanzar un acuerdo con el FMI para reperfilar los compromisos de deuda con el organismo. En síntesis, un ajuste de las cuentas públicas, que no hace recaer el peso del esfuerzo en los sectores más vulnerables, sino en aquellos sectores que, al menos en teoría, están en condiciones de dar un poco más.
No debería quedar fuera del análisis el contexto económico global. Hoy se presenta como un escenario profundamente hostil. La ventanilla financiera está cerrada para la Argentina. Nadie le prestaría dinero a un país con un riesgo de 2000 puntos y en plena crisis económica. Paralelamente, el crecimiento global se ha amesetado, entre otras cosas porque el freno de la economía china afecta severamente el ritmo de la economía mundial. La posibilidad de una recesión planetaria, que hasta hace un año casi no figuraba en el radar de los analistas, comienza a perfilarse como una realidad no tan lejana. Finalmente, la guerra comercial que libran Estados Unidos y China introduce una variable de incertidumbre más en un escenario que de por sí ya es volátil.
La realidad le impone al equipo económico un conjunto de restricciones fiscales, monetarias, financieras y comerciales. Es decir, hoy no aparece en el horizonte un frente que le permita al Gobierno tener un área de confort. Sólo cuenta con la legitimidad de origen, y la tradicional luna de miel que genera la expectativa de un nuevo gobierno. Las decisiones tomadas parecen ser las apropiadas para el momento. Sólo el tiempo podrá juzgar.
**Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario
