Son la Constitución y la Justicia, estúpidos
Una imaginativa nota firmada por el colega Sergio Suppo, en el diario La Nación, postulaba esta semana: "Cristina Kirchner encabeza la oposición al albertismo".
Una imaginativa nota firmada por el colega Sergio Suppo, en el diario La Nación, postulaba esta semana: «Cristina Kirchner encabeza la oposición al albertismo».
Expresión de deseos del articulista –o de sus patrones– el texto fue parte de otra típica campaña de la prensa neoliberal que esta columna llama mentimedios. Y que partiendo de prejuicios e imaginativas divagaciones, más que información son modos de formatear y engordar el absurdo odio ya inoculado en sus lectores. Así también el columnista de bandera de la oligarquía, Joaquín Morales Solá, había escrito días antes que «Cristina presiona a Alberto», y ayer domingo tituló: «Cristina abre grietas dentro del gobierno».
Evidentemente, lo que los puso tan inquietos esta vez fueron las palabras de CFK en la Feria del Libro cubana, donde con impecable lógica cuestionó ante el auditorio –pero dirigiéndose a la Argentina, el FMI y el mundo entero– lo que bien puede calificarse de «doble moral» del organismo (si es que tiene alguna).
Al pedir un «Nunca más» para la deuda, se preguntó por qué hicieron la vista gorda al artículo estatutario que prohíbe préstamos para financiar fugas de capitales (lo cual hicieron durante el macrismo, y a lo bestia), pero ahora son tan rígidos con otro artículo que prohíbe hacer quitas al capital. «¿ Por qué hacer valer una prohibición y la otra no?», preguntó la Señora con absoluto sentido común.
El gobierno, en sólo dos meses y medio, se ve obligado a atajar penales día a día y hora tras hora. Y si bien en algunas áreas ya se nota el restaurado buen rumbo –contención social, lucha contra el hambre, salud pública nuevamente en acción, reordenamiento educativo y laboral, entre otras– las cuestiones vinculadas a la moral pública y a la justicia son, sin ninguna duda, las grandes piedras del camino.
Ahí está el asombroso delirio de las escuchas telefónicas del Equipo Irurzun que describió impecablemente Irina Hauser en estas páginas. Ahí el escándalo de la empresa Vicentín, que no debería tener otro destino que la intervención del Estado por medio del principal organismo afectado –el Banco Nación– y mediante un DNU que es conjeturable que esté ya en el despacho del presidente. Y ahí están también, por si fuera poco, cloacas reabiertas como el venal sistema macrista de peajes, o el Correo Argentino entrado ya en un estado judicial que no debería terminar sino con la prisión de los responsables del gigantesco desfalco. Temas todos –y hay muchos más– que hablan a los gritos de la necesidad y urgencia de cambios extremos, copernicanos en la todavía así llamada «Justicia».
Todas esas causas y perversiones, y muchas más, son inocultables. Y si no estallan, como la ciudadanía decente espera, es por los entramados juridicoides que en nuestro país, malditamente, son legión. Eso es lo que la porquería lawfare ha sembrado, protegido y alentado en los últimos diez años, por lo menos desde 2008. Lo que autoriza a pensar al menos tres cosas urgentes: una, hay que desarmar ya mismo las cloacas judiciales; dos, para ello designar urgentemente un procurador general decente e incuestionable, como Daniel Rafecas; y tres, empezar a pensar seriamente en la necesidad y urgencia de una gran reforma constitucional, como planteamos desde El Manifiesto Argentino desde hace años.
O sea una reforma profunda e incondicionada, surgida de un gran plebiscito nacional. Que es obvio que será el único modo de asegurar una Convención Constituyente que sea garantía de ecuanimidad, sensatez y patriotismo. Y una de cuyas misiones urgentes debería ser la reformulación de un Sistema de Justicia que de una vez garantice verdad, imparcialidad, decencia y seguridad para cada habitante de esta nación. Y sistema que podría basarse –otra propuesta del MA– en que los miembros de la Corte Suprema, los jueces y fiscales, el procurador general y el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto ciudadano y nunca más por acuerdos de los otros poderes.
Estas ideas, que incluyen el paso de la democracia representativa a una democracia participativa, las planteamos desde hace muchos años, y por eso hace unos meses los feroces ataques de dizque periodistas, trolls y charlatanes fueron señal inocultable de que estábamos en el buen camino.
Está visto que la telebasura y los mentimedios atacan con dureza a quienes cada tanto reflotan estos argumentos. Lo hacen atribuyendo intenciones inexistentes, con la misma liviandad con que inventan desavenencias entre los dos Fernández que están sacando a la Argentina del infierno. Pero esos ataques de ninguna manera deben verse como señales de fuerza sino de debilidad de ellos.
Lo cierto es que si se trata de cambiar verdaderamente este país, o sea de acabar con choreos, corrupciones, fraudes, abusos y prácticas antidemocráticas que el pueblo argentino ya no aguanta más, no hay otro camino que marchar hacia una nueva Constitución Nacional y hacia una profunda y radical reforma del Sistema de Justicia.
Por ahora no será, evidentemente, ya que es indudable que todas las propuestas del campo popular y democrático hoy se miden en proporción directa a un espíritu no irritativo y confiando en la mesura, armonía y a la vez firmeza de las decisiones que toman Alberto y Cristina. Quienes, sin duda, son conscientes y tienen experiencia para saber manejar tiempos muy delicados. La toma de decisiones basada en la rara y sabia combinación que conjuga mesura con firmeza, es siempre virtud del buen gobernante.
Es así como muchos/as, millones de compatriotas, acompañamos. Con paciencia y a veces como con bronca y junando, pero acompañando con hermosa lealtad.
Y algunos, muchos, además cada vez más convencidos de que el destino de este país que amamos depende, en esencia, de que se cambien la Constitución y la Justicia. Denle las vueltas que quieran, pero es eso.
Por Mempo Giardinelli
