Intendentes santafesinos de todo el arco político reclaman la necesidad pública
La provincia asegura que si la Legislatura da luz verde a la iniciativa las administraciones locales recibirán unos tres mil millones de pesos
La provincia asegura que si la Legislatura da luz verde a la iniciativa las administraciones locales recibirán unos tres mil millones de pesos
El largo y sinuoso camino del proyecto de necesidad pública en la Legislatura hizo entrar en escena a intendentes y jefes comunales, tanto del PJ como del Frente Progresista, que reclaman una rápida aprobación de la norma para que así nuevos recursos irriguen las exhaustas finanzas de sus distritos. En el gobierno provincial aseguran que si
finalmente la iniciativa es sancionada llegarán unos tres mil millones de pesos a los gobiernos locales.
En tanto, desde el bloque del FPCyS de Diputados reconocen que municipios y comunas «necesitan herramientas que les permitan salir de situación financiera» y señalan que aunque se está «lejos de la aprobación, si nadie va por todo la ley de necesidad pública es posible».
Lo cierto es que la asfixiante situación que atraviesan las administraciones locales disolvió provisoriamente la grieta entre peronistas y frentistas, al menos en el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía. Sucede que líderes locales de los dos principales espacios políticos de la provincia vienen alzando la voz –con mayor o menor volumen, según el caso– para que al fin la Legislatura santafesina dé luz verde al proyecto concebido por el gobierno provincial como la llave que hará arrancar a la maquinaria estatal.
Esta semana, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Emilio Jatón, se reunieron con legisladores provinciales de su espacio político, el Frente Progresista, la fuerza que tiene mayoría en Diputados y que pese al pedido de sus principales referencias territoriales se mantiene hasta ahora intransigente en el rechazo al proyecto tal como fue enviado por el Ejecutivo provincial.
En ese encuentro desarrollado el miércoles en la capital provincial los dirigentes diseccionaron el proyecto del gobierno, que hoy tramitan seis comisiones del Senado, y debatieron sobre la posibilidad de elaborar un texto alternativo que deje por lo menos satisfechas a ambas partes.
Ambos intendentes buscan reducir el rojo fiscal que heredaron: 3.800 millones de pesos en el caso de Javkin y 1.300 millones en el de Jatón.
En el norte provincial las urgencias son las mismas. El intendente de Reconquista, Amado Vallejos (PJ), identifica en principio dos factores que aprietan las arcas de los municipios: la suba de sueldos por la cláusula gatillo y el alza de otros costos, como los combustibles.
Y agrega: «Por otro lado, hay dos decisiones políticas: el gobierno de Macri nos sacó el Fondo Federal Solidario, conocido como fondo sojero; por otro lado, el Frente Progresista no nos dio el Fondo de Obras Menores, que es coparticipable para municipios y comunas de segunda categoría, nos adeudan parte del 2017 y 2018 y el total de 2019».
Solo por el Fondo de Obras Menores, calcula Vallejos, el gobierno provincial debe a Reconquista 54 millones de pesos. «No solo eso –añade–, no fuimos beneficiados como Rosario y otros municipios del Frente Progresista en adelantos de coparticipación. Al no recibir esa herramienta, imagínese la situación en la que estamos municipios y comunas».
Nuevo escenario
Por su lado, desde la provincia remarcan que de aprobarse la norma llegarían a los distritos unos tres mil millones de pesos.
Así lo asegura a este diario el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Luis Freyre, quien actúa como enlace entre la provincia y las autoridades locales.
El exintendente de Venado Tuerto reconoce que «hay otro clima, más constructivo» entre oficialismo y oposición. «Se pudo dar un tiempo para poder dialogar más, conocer más en detalle» el proyecto, señala.
En la misma línea, para Javkin «asoma un escenario diferente al de diciembre», cuando Diputados mandó la ley de emergencias al archivo. «Hay voluntad de destrabar los textos sobre acuerdos, en una lógica donde todos los Ejecutivos encontremos respuesta a la situación», afirma.
El presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, Maximiliano Pullaro, también admite que se respira un mejor clima político en la provincia pero la aprobación de la necesidad pública aparece todavía lejana.
Sin embargo, las diferencias entre los intendentes y los legisladores existen. Y son de incentivos: mientras los responsables de gestión tienen motivos para cooperar y acordar con el gobierno, los legisladores tienen razones para mostrar una posición más dura.
«Hay mezquindad de la oposición, en el sentido de no querer dar las herramientas al gobierno que fue elegido democráticamente para estos cuatro años –dispara el intendente de Reconquista. Hay mezquindad a la hora de aprobar el presupuesto provincial para que este gobierno no tenga esta herramienta fundamental para planificar. No se mira el bien común, se ponen palos en la rueda para que el gobierno no arranque».
Riesgos
El peor escenario, acuerdan los intendentes, es que el proyecto de necesidad pública tenga la misma suerte que el de las emergencias.
«Nos obligaría a todos a entrar en una situación de incumplimiento sostenido en el tiempo –alerta Javkin. Afectaría a todas las planificaciones, con una consecuencia en la actividad económica. Es un escenario que no quiero ni imaginar, tiene que haber solidaridad».
En la misma línea, Vallejos sostiene: «Si no tenemos anticipo de coparticipación, al menos que nos ayuden a que podamos cumplir con las obligaciones. Además, se están discutiendo las paritarias: cómo vamos a atender nuestros compromisos sin recursos genuinos y sin apretar a los contribuyentes, que es lo que no queremos».
«Ningún intendente quiere solo pagar los sueldos ni quiere recortar servicios –señala Freyre–, quiere hacer obras, necesita financiamiento».
El acuerdo no luce sencillo: esta semana el gobernador Perotti advirtió que no aceptará una poda masiva en el proyecto de necesidad pública, que podría lograr la media sanción del Senado el 27 de febrero. Pasaría luego a Diputados, un terreno hostil para el oficialismo.
