Un déficit de 11 mil millones
Como respaldo al proyecto legislativo, la secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo realizó un informe técnico analizando la falta de sustentabilidad de los regímenes previsionales del Poder Judicial y del servicio diplomático
Como respaldo al proyecto legislativo, la secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo realizó un informe técnico analizando la falta de sustentabilidad de los regímenes previsionales del Poder Judicial y del servicio diplomático, concluyendo que en el marco de la emergencia establecida «aceptar que un sector pueda quedar al margen del esfuerzo que realiza el conjunto social, constituiría una excepción de privilegio que compromete la solidaridad y altera el principio de equidad que debe regir en todo sistema previsional». El trabajo establece que, a diciembre de 2019, el régimen especial de los judiciales comprendía casi 7 mil beneficios con un haber mensual promedio de 272 mil pesos mientras que en el caso de los diplomáticos se trata de 706 jubilados con una mensualidad promedio todavía mayor, 336 mil pesos. Estos sistemas generan un déficit creciente que para este año se calcula en unos 11 mil millones de pesos pero que, a valores constantes, se triplicaría en una proyección para los próximos 30 años.
El intríngulis de estos sistema de privilegio es que si bien establece un régimen especial, no define una contabilidad separada del resto de las jubilaciones sino que los aportes van a parar al mismo sistema nacional, que es quien en definitiva termina saldando estas sumas exorbitantes. «Solamente establece reglas diferenciadas del régimen general en cuanto a aportes, requisitos de acceso y cálculo del beneficio, pero sin diferenciarse financieramente del mismo», se explica en el informe firmado por el secretario de Seguridad, Luis Bulit Goñi.
Los integrantes de la Justicia y del Servicio Exterior realizan aportes por el 12 y el 11 por ciento, respectivamente, del total de la remuneración sin topes, lo que los diferencia del sistema general que sí tiene un tope máximo. En el caso de los judiciales, a diciembre de 2019 fueron 17.622 aportantes con un sueldo promedio de 271.750 pesos y un aporte promedio de 32.610 pesos. Si se tomara el criterio de si se tratara de una caja previsional propia o separada del resto estaría muy lejos de autofinanciarse. De acuerdo al cálculo para este año, el déficit será de 9.200 millones de pesos para todo el sistema, lo que arroja un balance negativo de 102 mil pesos per cápita mensuales.
Para el caso de los diplomáticos, en diciembre de 2019 la cantidad de aportantes declarados en el régimen especial era de 1.071, con un sueldo promedio casi 355 mil pesos y un aporte promedio de 39 mil pesos mensuales. Eso arroja un déficit per cápita mensual de 181 mil pesos -es decir, todavía mayor que el de los jueces y fiscales- y un rojo total para todo el sistema de 1.700 millones de pesos estimado para 2020, considerando el régimen como caja independiente con financiamiento separado.
El trabajo establece que en los últimos cinco años, el déficit se fue incrementado paulatinamente en valores constantes. Con las modificaciones que propone el proyecto, ya para este año el rojo se reduciría casi a la mitad en el caso de la Justicia -quedaría en 4.500 millones de pesos- y un 20 por ciento para los diplomáticos, lo que equivale 350 millones de pesos. En la proyección trazada al año 2040, los respectivos déficit se achicarán un 72 por ciento para el Poder Judicial y un 32 por ciento en el Servicio Exterior.
