Acceso a la información en municipios cordobeses: pocos avances
Anuncio. En 2012, el intendente Ramón Mestre habilitó el sistema que admite el acceso a la información pública en Capital. Pero aún funciona a medias
Muy pocas ciudades del interior admiten en la práctica el derecho ciudadano a obtener datos que reclamen a sus municipalidades.
El acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos. Así está considerado por organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero resulta esquivo para los argentinos.
A nivel nacional, no hay ley que obligue al Estado a dar información. Sólo Capital Federal y las provincias de Córdoba y Santa Fe cuentan con normas que, tibiamente, facilitan el acceso de cualquier vecino a datos que manejan sus gobiernos.
Se trata, simplemente, de que el Estado esté obligado a responder al pedido de cualquier vecino de información que considere de utilidad para sí o para la comunidad, mediante un mecanismo formal pero sencillo. Esa obligación sólo debería tener algunas excepciones temáticas puntuales.
En Córdoba, además, son muy pocos los municipios que hacen lugar a este derecho. Los escasos que han dado algún paso presentan de todos modos carencias que hacen que para el vecino común parezca casi inalcanzable.
