El ajuste, cada vez más brutal: el Gobierno recortó más de 70 mil pensiones por discapacidad
En todos los casos, el Gobierno no dio un aviso previo ni derecho a defensa por parte de los beneficiarios. En total, suman más de 80 mil casos entre bajas y suspensiones de pensiones por invalidez, vejez o a madres de más de siete hijos.
En todos los casos, el Gobierno no dio un aviso previo ni derecho a defensa por parte de los beneficiarios. En total, suman más de 80 mil casos entre bajas y suspensiones de pensiones por invalidez, vejez o a madres de más de siete hijos.
En las últimas horas trascendió una de las aristas más brutales del ajuste que lleva a cabo el gobierno de la alianza Cambiemos desde el inicio de su gestión: el recorte sobre áreas sensibles del Estado, como son las pensiones no contributivas.
A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, decidió desempolvar un decreto menemista de 1997 que establece más requisitos para acceder a una pensión.
De esta manera, el gobierno confirma que, en la actual gestión, las pensiones no contributivas han dejado de considerarse un instrumento de Seguridad Social para el Estado y se suman a la política de ajuste que busca disminuir las cifras récord de déficit fiscal.
Las 83 mil suspensiones y bajas en pensiones por invalidez, a madres de más de 7 hijos y por vejez se registraron en la primera parte de 2017, de manera unilateral, sin aviso previo y sin derecho a defensa.
Según publicó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero y los primeros días de junio 2017 hubo 5.713 bajas en pensiones hacia las madres de 7 hijos, que se suman a 5.714 suspensiones del mismo rubro. Al mismo tiempo, hubo 19.215 bajas y 52.491 suspensiones en pensiones por invalidez.
“Los titulares se encuentran que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco”, expresaron en el informe.
Además, de la falta de un aviso previo, no hay pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial de los beneficiarios que sufren la baja o la suspensión de su pensión. Tampoco se producen cruces con los registros de Anses y no hay pedidos de corrección de Actualización de Datos Personales (ADP).
«Todos estos mecanismos son parte de un procedimiento que debería seguirse antes de tomar la decisión unilateral de impedir el cobro y suspender el derecho», expresaron desde CEPA.
Más allá de que la Justicia Federal ya comenzó a pronunciarse en contra de estos recortes, estadísticamente, sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares en muchos casos son personas de bajos recursos y no llevan el reclamo al ámbito judicial.
