Amnistía Internacional le pidió explicaciones a Larreta por el instructivo para las tomas de colegios
El organismo emitió un pedido de informes al jefe de Gobierno porteño y a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.
El organismo emitió un pedido de informes al jefe de Gobierno porteño y a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.
Amnistía Internacional emitió un pedido de información al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, respecto del “Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” emitido por dicho Ministerio.
Según este protocolo, los directores de las escuelas tomadas deben dar parte a la policía en la comisaría más cercada. Con este pedido de informes, Amnistía se suma a la precupación del bloque de legisladores del Frente para la Victoria que ya había solicitado informes a Larreta por el mismo motivo.
“Hoy, la ministra Acuña desconoció la existencia del protocolo de toma de establecimientos educativos ante la intimación del titular de la Asesoría Tutelar número 1 de la Ciudad, Gustavo Moreno. ¿Por qué? Porque el rechazo de la sociedad a lo que quieren poner en práctica con el protocolo es tan grande que se ven obligados a negarlo, cuando hay pruebas de que se aplicó en algunas escuelas. Estamos frente a una medida persecutoria grave, que está en la misma línea de la política represiva que el gobierno de Cambiemos despiega en el país”, manifestó días atrás José Cruz Campagnoli, legislador porteño por el bloque Nuevo Encuentro – FPV y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
Por su parte, el legislador del Frente de Izquierda Marcelo Ramal declaró que “el instructivo que ha emitido el gobierno es el reforzamiento de una política represiva, delatora, de disciplinamiento y amedrentamiento en este caso contra los estudiantes secundarios.”
“La presentación de este proyecto de repudio va en el sentido de respaldar las lucha de los estudiantes y sus métodos, la movilización y las tomas, que son la única herramienta que tienen para defender la escuela pública ante el vaciamiento y la degradación educativa” concluyó Ramal.
El comunicado completo de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional emitió un pedido de información al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, respecto del “Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” emitido por dicho Ministerio.
En primer lugar, preocupa a Amnistía Internacional que la respuesta ofrecida por el Estado frente a reclamos educativos sea la intervención de las fuerzas de seguridad. En efecto, el denominado “Instructivo” impone a los responsables legales de los establecimientos educativos dar participación a las fuerzas policiales.En segundo lugar, Amnistía Internacional manifiesta su preocupación sobre la referencia a que estos hechos podrían constituir delitos o contravenciones, en una muestra de la criminalización del derecho de participación de los estudiantes, lo cual es incompatible con un Estado de derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestarse y reclamar a las autoridades.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce a los niños niñas y adolescentes como sujetos activos, con derecho a la organización y a la participación en entidades estudiantiles (art. 29 inciso i). La ley 137 autoriza la constitución y funcionamiento de organismos de representación estudiantil, bajo la forma de un único centro de estudiantes, en cada uno de los establecimientos de enseñanza de nivel secundario y/o terciario. En el mismo sentido, la ley 26.877 reconoce a los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil.
La Convención de los Derechos del Niño garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a expresarse libremente, e impone, como correlato, que los Estados se abstengan de imponer restricciones irrazonables al ejercicio de estos derechos. Los jóvenes tienen derecho a expresar sus opiniones e ideas e incidir en políticas públicas relacionadas a asuntos que los afectan directamente.
Asimismo, el instructivo carece de la firma de una autoridad responsable del Gobierno lo que hace preguntarse sobre su naturaleza y origen legal.
“Este documento impone a los responsables legales de los establecimientos educativos criterios de actuación que entran en conflicto con derechos constitucionales, vulnerándose el derecho de los estudiantes de participar en las políticas que les conciernen, a ser oídos en sus reclamos y a manifestarse libremente. El Estado tiene que encontrar respuestas en el marco del respeto al marcol legal y derechos constitucionales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En este contexto, Amnistía Internacional condena el rol asignado a las fuerzas de seguridad en establecimientos educativos y mediante este pedido solicita al Estado que informe sobre los alcances e implementación de este instructivo.
