Amparo para frenar los desalojos en La Boca
Vecinos y organizaciones sociales del barrio, patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, presentaron un recurso colectivo.
Vecinos y organizaciones sociales del barrio, patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, presentaron un recurso colectivo.
La Boca tiene decretada la emergencia ambiental y urbanística en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas desde el año 2006, cuando se sancionó la ley 2240. Trece años después, ante el reiterado incumplimiento de la ley por parte del gobierno de Cambiemos, vecinos y organizaciones sociales del barrio, patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Defensoría Nª 5, presentaron un amparo colectivo ante la justicia porteña para exigir su cumplimiento y frenar los desalojos sistemáticos. En la presentación, además de solicitar que se implementen medidas con carácter urgente, se denuncia también la violación de la ley del Distrito de las Artes (4353), sancionada en 2012, que obliga al Estado a atender las situaciones de vulnerabilidad social en el Distrito, que incluye prácticamente a todo el barrio de la Boca.
El amparo solicita que se ordene al Gobierno de la Ciudad presentar ante el juzgado un plan concreto para la implementación de la ley 2240. Que se establezcan acciones y programas específicos y mecanismos que permitan el control jurisdiccional de su aplicación. Para ello, pide que se cumpla lo previsto por el artículo 29 de la ley 4353, ordenando un relevamiento de las necesidades habitacionales y dar cumplimiento al artículo 13 de la ley 341, que obliga al IVC a dar soluciones en materia de vivienda en casos de desalojos.
Además, se pide el diseño de un programa para la prevención de desalojos forzosos; un programas de acceso al crédito para el acceso a la vivienda; un plan de refacción de conventillos y viviendas; y un programa de prevención de incendios y derrumbes de viviendas junto con un plan de contingencia para la contención y seguimiento de las víctimas de los mismos.
Natalia Quinto, una de las amparistas y representante del grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone, la red multisectorial de organizaciones del barrio, explicó a Página/12 que “a partir de la sanción de la ley del Distrito de las Artes que favoreció a los desarrolladores inmobiliarios los desalojos se aceleraron. Antes había uno cada dos o tres meses. Hoy, la realidad es que tenemos un promedio de tres desalojos por semana. En un barrio que tiene una tipología compleja de viviendas multifamiliares, en las que podés tener una familia o 25 en un mismo inmueble”. “En 2017 presentamos el caso ante el Tribunal Internacional de Desalojos (ITE), donde se trata un caso por continente de gentrificación, el modelo de desarrollo que busca sustituir una población por otra y todo el entramado social para satisfacer la demanda de una población distinta de la histórica. En el barrio, donde había una verdulería hay una galería de arte, donde había un almacén hay un bar de cerveza artesanal, todo en un contexto de emergencia habitacional”.
El ITE hizo una serie de recomendaciones al Estado Nacional, al de la Ciudad y a las organizaciones para que se cumpla con los pactos y convenciones que garantizan el derecho a la vivienda adecuada. Acreditó que en el barrio se viola el derecho humano de acceso a la vivienda y que se incumple con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . “El Instituto de la Vivienda (IVC) firmó un compromiso con la multisectorial mientras estaba el presidente del Tribunal en Buenos Aires, y no lo cumplieron, como tampoco cumplen con la ley de emergencia ni con la del Distrito de las Artes”, señaló Quinto.
Por su parte, Dos Santos Freire explicó a este diario que “el amparo apunta a que se cumplan varias leyes que no se están cumpliendo. Es el mismo Gobierno de la Ciudad, a través del Distrito de las Artes e instrumentos fiscales, el que promueve un proceso de especulación inmobiliaria que tiene efectos expulsivos en la población más vulnerable, que no puede sostener su vida en el barrio»
El defensor señaló que «el gobierno no sólo desatiende el cumplimiento de una norma vigente, sino que tampoco adopta medida alguna para garantizar el derecho a la vivienda digna y a la radicación definitiva de las familias en el lugar donde han vivido durante años. Se advierte una política de desalojos sistemáticos, más de 1100 personas en los últimos años. Números que son alarmantes. Desalojos todas las semanas de gente que queda en la calle o va a lugares aún más precarios, en los que hay adultos mayores y niños y niñas que pierden escolaridad. A esto se suman los incendios recurrentes, que no son accidentes sino un emergente de una situación sistemática de fallas estructurales y de la precariedad habitacional del barrio”.
Quinto remarcó que, entre las urgencias, es necesaria la “creación de un programa de prevención de incendios y de acompañamiento a las víctimas porque en el barrio hay un promedio histórico muy alto de incendios, el año pasado hubo 18. Las casas están construidas de chapa y madera, es una tipología constructiva distinta a otros barrios. Y los incendios se han cobrado muchas víctimas. El mes que viene empieza lo que denominamos la temporada de incendios, que es cuando empieza el calor de 40 grados”. Además, sostuvo que “hace falta un programa integral de contingencia en medio de la crisis social. Hay muchos desalojos pautados para después de la feria judicial. Y es muy difícil proyectarse en la vida viviendo en la incertidumbre, la vivienda es el derecho subsidiario de todos los derechos”.
