Argentina o FMI
La palabra “cepo” es, a la vez, un término negativo para referirse a la administración de las Reservas y la alusión a una regulación que es absolutamente necesaria en nuestro país, que ha tenido una historia de déficits de divisas.
A través de un comunicado, el Banco Central informó el “inicio de la Fase 3 del Programa Económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas”. Es a lo que se refirió el ministro de Economía en conferencia de prensa y dicha reforma se sustenta, según definió la autoridad monetaria, en “el saneamiento del balance del BCRA” que “permite avanzar en levantar el cepo”.
La palabra “cepo” es, a la vez, un término negativo para referirse a la administración de las Reservas y la alusión a una regulación que es absolutamente necesaria en nuestro país, que ha tenido una historia de déficits de divisas. Se trata de una debilidad que no se va a resolver con el fomento de las actividades extractivas, y un desdén hacia las actividades manufactureras, como promueve este Gobierno. Menos industria argentina, además de más desempleo, genera más importaciones e incrementa la debilidad cambiaria.
La decisión está sustentada por una significativa ampliación del endeudamiento internacional: el Gobierno anunció que de los U$S 20.000 millones del crédito con el FMI, U$S 15.000 millones “constituyen desembolsos de libre disponibilidad”. Los plazos son los siguientes: U$S 12.000 millones el 15 de abril, U$S 2.000 millones en junio, y U$S 1.000 millones durante 2025. Por otro lado, se comunicaron desembolsos de organismos internacionales (BID, BIRF y otros) por unos U$S 3.600 millones hasta junio, y U$S 2.500 millones antes de finalizar 2025. El acuerdo viene acompañado por la negociación con bancos internacionales para ampliar la facilidad del REPO ya existente por U$S 2.000 millones.
En resumen, un total de U$S 23.100 millones, de los cuales U$S 19.600 millones, ingresarán antes de junio. Sin duda, un enorme incremento de deuda pública externa, que subordinará aún más a nuestro país por años.
La “flexibilización cambiaria” consiste en mutar a un régimen de “flotación cambiaria dentro de bandas” partiendo de un piso de $1.000 por dólar (el tipo de cambio oficial del 11 de abril cerró en $1.078) y un techo de $1.400. Según define el BCRA “dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda”.
El avance en el desmantelamiento del “cepo” incluye la eliminación de todo tipo de restricciones de compra de divisas a las personas humanas (aunque se continuarán aplicando las percepciones impositivas sobre el turismo y los pagos con tarjeta de crédito).
Para las personas jurídicas, se eliminan las restricciones para los pagos de intereses y los pagos de dividendos desde el 1º de enero de este año. Sobre los pagos acumulados por los mismos conceptos pero previos a la fecha mencionada, y que no se han realizado por las restricciones anteriores, el BCRA está trabajando en una nueva serie de Bopreales.
Yendo al sector productivo, y analizando cómo impactarán en éste las nuevas medidas, en el caso de las exportaciones se elimina el “dólar blend” (80% por el mercado oficial y 20% por CCL) que al viernes cotizaba en $1.130,5.
Con el nuevo régimen cambiario es probable que aumenten los precios, aunque en parte podrían ser frenados por la recesión, la mayor desocupación y la mayor caída aún en el poder de compra de amplios sectores de la población.
El gobierno dice con orgullo que el FMI no pone condicionalidades porque hizo más ajuste del solicitado. Sin embargo, a través de un comunicado distribuido en la noche del viernes, el Fondo sostiene que “el programa se centra en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal. Esto se verá respaldado por la disciplina de gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de participación en los ingresos y de pensiones”. En síntesis: más ajuste, más apertura de la economía, más desregulaciones, reforma laboral y reforma previsional. Nada nuevo bajo el sol.
El Indec difundió el viernes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo. Se registró un aumento durante el mes de un 3,7%, muy por encima del 2,4% de febrero. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor incidencia en el índice, subieron en marzo un 5,9%. A su vez, crecieron los valores en los distintos agrupamientos que utiliza el INDEC, desde los precios estacionales, hasta los regulados y la denominada inflación núcleo, es decir, que no es un comportamiento puntual sino generalizado.
El presidente Milei dijo por cadena nacional: “Lamentablemente estos son los efectos de la aberración de la Ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el Fondo cuando eso no ocurre en ningún país del mundo”. Según el jefe de Estado, la mencionada ley, al obligar a tratar el acuerdo con el organismo internacional en el Parlamento, generó una situación de incertidumbre y un aumento de los precios. Nada más lejos de la realidad.
La Cámara de Diputados también estuvo activa: aprobó crear una comisión investigadora del caso $Libra e interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. También se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública y el emplazamiento que obliga a las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto a debatir varios proyectos vinculados al régimen jubilatorio: restauración de la moratoria previsional, el pago de un bono extraordinario y un aumento de emergencia, entre otras iniciativas. Finalmente, se emplazó a la Comisión de Presupuesto para que convoque a debatir la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
Convocamos a la sesión un conjunto de diputados y diputadas encabezados por los presidentes de los bloques de Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El primer éxito fue la constitución del quórum. El segundo, la aprobación de todos los puntos del orden del día. Fue un hecho muy saludable: mostró que es posible construir mayorías para avanzar con iniciativas de una agenda opositora conjunta.
El gobierno y sus aliados apuestan a consolidar en las elecciones legislativas de octubre una mayoría parlamentaria que les permita darle mayor velocidad y profundidad a la implementación de su modelo de país. La unidad del campo popular y la construcción de una alianza amplia es imprescindible. No tenemos diferencias programáticas insalvables. Vamos hacia un escenario de confrontación entre modelos y debemos acumular la mayor cantidad de fuerza posible.
Por Carlos Heller
* Diputado Nacional Unión por la Patria. Presidente Partido Solidario
