Avanza un proyecto para que los acusados por delitos de lesa humanidad no puedan ser indultados
La iniciativa, impulsada por el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria), busca establecer por vía legal la interpretación constitucional que hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia sobre la restricción de la facultad de indultar, amnistiar o conmutar penas en casos de delitos de lesa humanidad.
El proyecto comenzará a ser debatido hoy a las 15 en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Remo Carlotto (FPV).
Sobre su proyecto, Pietragalla destacó que «es de suma importancia» que se prohíba esa facultad, teniendo en cuenta que el Poder Judicial «dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos».
En declaraciones a Télam, Pietragalla adelantó que «hay cierto consenso» entre los diputados de los diferentes bloques para avanzar en el dictamen, por lo cual estimó que la iniciativa podría ser debatida en el recinto de la Cámara baja en los próximos meses.
Destacó que «el espíritu de la ley surge a partir de que todavía hay sectores de la sociedad, políticos y económicos que no están muy de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante en el país para juzgar a los responsables de estos crímenes».
«Creemos que, a esta altura, donde recorrimos varios años del golpe, donde vimos el proceso que generó esta reparación política hacia las víctimas del terrorismo de Estado, no nos podemos dar la posibilidad de que ningún sector pueda avanzar en eventuales indultos», aseveró el diputado nacional.
Se trata de un proyecto que está apoyado en tratados internacionales de derechos humanos «que sostienen que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados y a partir de esta ley ningún presidente podrá hacerlo nuevamente».
Esta iniciativa tiene como antecedentes las propuestas presentadas en otros períodos parlamentarios por los ex diputadas Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y Marcela Rodríguez, que habían recibido dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en 2005.
En los fundamentos, Pietragalla recordó que la Corte Suprema sentenció que «cabe tener presente que el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en diversos tratados y documentos prescribe la obligación por parte de toda la comunidad internacional de `perseguir`, `investigar` y `sancionar adecuadamente a los responsables` de cometer delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos».
Entre los antecedentes, citó un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual consideró «inadmisibles las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos».
Además, destacó que la propia Corte Interamericana definió que «los Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad».
El proyecto debe ser analizado además en la comisión de Asuntos Constitucionales, antes de llegar al recinto, y abarca también a quiénes están siendo investigados o bajo proceso en el marco de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
«Una ley de estas características serviría como una reafirmación de las instituciones democráticas sobre la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo para sus responsables», afirmó Pietragalla.
