Bariloche: Soyem va por los aportes históricos de los precarizados
Soyem reclamos
Son cerca de 500 los que ya tienen contrato o pasaron a planta pero años atrás estuvieron bajo programas o becas. Quieren evitarles perjuicios cuando se jubilen.
El Soyem inició un relevamiento de todos los trabajadores que se desempeñaron alguna vez en el municipio en condiciones precarias o con planes laborales «en negro», a fin de reclamar luego la regularización de sus aportes y evitarles perjuicios cuando deban tramitar su jubilación.
El secretario adjunto del gremio, Juan Fuentes, dijo que «son alrededor de 500» los empleados que hoy ya tienen contrato o fueron pasados a planta permanente (con todos los derechos de ley), pero que años atrás cumplieron tareas bajo programas de origen nacional, provincial o incluso promovidos por el municipio, que eludieron el pago de cargas sociales.
«La mayoría comenzaron origen en los 90, con programas como el PIT o Manos a la Obra», explicó el dirigente. Dijo que ya está en marcha la tarea de reunir datos y constancias, y hoy presentarán los avances en una conferencia de prensa.
La convocatoria del Soyem está dirigida a quienes son actualmente trabajadores municipales regularizados, pero no es excluyente. Fuentes dijo que «también tienen el mismo derecho quienes trabajaron bajo esos programas y ya no están en el municipio».
Algunos se desempeñaron en esa condición hasta 10 y 12 años. Para integrar el registro que elabora el gremio deben documentarlo con los recibos de haberes o con dos testigos.
Fuentes dijo que el Soyem procuró la asistencia de un abogado para iniciar gestiones ante el propio municipio, la Anses y el Estado provincial, a fin de lograr algún tipo de reconocimiento o amortización de la deuda por los aportes caídos, con la idea de garantizar «una jubilación digna» a los trabajadores.
Según el dirigente, el municipio en la actualidad no tiene trabajo precario. Luego reconoció que hay situaciones irregulares entre las empleadas que atienden la línea telefónica 102 (de violencia de género), pero e «están en vías de solución».
Sobre el estacionamiento medido, que está tercerizado en cooperativas y cuyos operadores (más de 100) cobran menos que el salario mínimo y sin gozar derechos laborales básicos, Fuentes sólo dijo que «es una situación muy complicada».
Reconoció que el municipio tiene responsabilidad porque «les otorga camperas y los talonarios», pero dijo que «si toda esa gente pasa a planta no hay dinero que alcance».
