Barrios castigados por carencias
En 4416 barrios populares viven 4 millones de personas que en su mayoría no logran acceder a servicios básicos. Los planes del Gobierno.
En 4416 barrios populares viven 4 millones de personas que en su mayoría no logran acceder a servicios básicos. Los planes del Gobierno.
Entre las muchas realidades que visibilizó la pandemia, una fue la situación habitacional que atraviesan las familias de barrios populares. «Es una situación que se impone cada vez que la Argentina entra en crisis y tiende a ocultarse una vez que estas crisis comienzan a superarse», reflexionó al respecto la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, en declaraciones radiales.
En una semana particular en la que el gobierno se encuentra abordando el tema de la vivienda con el lanzamiento del Procrear 2020 , una serie de créditos para construcción de nuevas viviendas, refacciones del hogar y un plan de acceso al suelo, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp) realizó un informe caracterizando las condiciones estructurales de vida en los barrios populares en base a información del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), realizado entre 2016 y 2019, una herramienta imprescindible para que las políticas públicas se lleven adelante con un conocimiento profundo de las condiciones existentes.
¿Cómo se vive?
El informe describe la situacion de precariedad de los 4.416 barrios populares de Argentina en los que viven aproximadamente 4 millones de personas, que toma la forma de falta generalizada de acceso a servicios públicos básicos. El 80 por ciento de las familias no cuenta con ningún tipo de documento que acredite tenencia del terreno que habita, lo que limita el acceso a infraestructura básica y servicios públicos: «Es difícil avanzar en mejoras estructurales sin legislar respecto de la situación dominial de los terrenos», plantea el informe elaborado por el investigador Lucas Terranova. Si bien algunas provincias presentan cierta relevancia en la seguridad de tenencia de tierras gracias a la gestión del Estado (Chaco, Neuquén, Salta, Santa Cruz), parece responder más a políticas particulares de los gobiernos de dichas provincias que a campañas claras desde el Estado nacional.
Otra de las deudas más importantes del Estado para con la integración de los barrios son las conexiones cloacales y en el acceso al agua. No solo es una deuda del Estado, también «es una violación a derechos humanos básicos: más de la mitad de las familias cuentan con desagüe sólo a pozo ciego como conexión cloacal, con los riesgos sanitarios que ello apareja», continúa el documento.
Menos del 40 por ciento de las familias tiene conexión formal a la red eléctrica pública con medidor domiciliario. Las conexiones irregulares que se presentan de manera generalizada acarrean riesgos tales como cortes del suministro, incendios e incluso electrocuciones.
Más del 90 por ciento de las familias que viven en villas y asentamientos utiliza garrafas para cocinar y menos del 4 por ciento quema leña/carbón o exhibe conexión formal al gas natural de red pública. «Además de las problemáticas vinculadas al costo monetario de las garrafas, a su traslado y a los riesgos que su uso involucra, es interesante contrastar los porcentajes que presentamos de familias que las utilizan en los barrios populares con el total del país, donde la proporción alcanza el 42 por ciento en 2019 (Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE)», compara el informe.
Historia
La gran mayoría de los barrios se encuentra en la provincia de Buenos Aires (PBA). Los barrios populares tuvieron un fuerte crecimiento desde mitad del siglo XX y se mantuvieron en aumento constante hasta llegar a la máxima expansión en la década del 2000, aunque por motivos distintos. El informe destaca particularmente la concentración del fenómeno de expansión a partir de 1960 en el territorio bonaerense y santafecino (45 por ciento y 10 por ciento del total, aproximadamente), gracias al fenómeno industrialista que hacía migrar a los trabajadores del campo a las principales urbes por los requerimientos de mano de obra por parte de las industrias nacientes. A partir del golpe de estado de 1976 y la profundización de un modelo económico de empobrecimiento de la fuerza de trabajo durante el menemismo, aumentaron la cantidad de villas y asentamientos. En la década del 2000 la superficie total de barrios populares se incrementó particularmente «en respuesta al déficit habitacional y la falta de garantías para el acceso a viviendas dignas por parte del Estado», explica el informe y agrega sobre la situación de la década del 2000 que «desnuda los límites de la política pública de vivienda, aun en el marco de un pronunciado y persistente crecimiento económico».
