Bouwer: impulsarán consulta popular
18/06/2014 MUNICIPIOSLegislador del Frente Cívico dijo que la promoverán. Lo habilita la nueva ley de ambiente, que hasta ayer no había sido promulgada.
“Vamos a avanzar para que haya consulta en el caso de Bouwer y en otros”, sostuvo Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico en referencia a la planta de tratamiento y disposición final de residuos que Cormecor prevé instalar al sur de esa localidad. “La ley fue pensada en función de muchos de los conflictos ambientales actuales de la provincia”, afirmó Clavijo.
La ley provincial de ambiente Nº 10.208, aprobada en medio de graves disturbios el miércoles pasado, establece que las instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios con capacidad de recibir basura de más de 100 mil habitantes estarán sujetas de manera obligatoria a la evaluación de impacto ambiental.
Ese proceso incluye un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública obligatoria, previo al otorgamiento de la las autorizaciones por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial.
Si bien para la mayoría de los casos la ley prevé una audiencia pública, en los artículos 68º y 69º establece: “Los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social deben ser sometidos a consulta popular”.
En esa localidad, un grupo de vecinos y el intendente Juan Lupi rechazan la instalación del vertedero ya que temen que cause daño ambiental en una zona donde ya hubo un enterramiento que aún no fue remediado.
De acuerdo con la ley, la consulta popular puede ser exigida por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o por la población afectada, si junta un número determinado de firmas.
En el caso de Bouwer, por tener menos de 10 mil habitantes, se exigen las firmas de al menos el 20 por ciento del electorado.
La ley indica que están habilitadas a participar las personas registradas en el último padrón electoral de la localidad o región potencialmente afectadas y establece que el proceso de certificación de firmas será gratuito y acorde al procedimiento que disponga el Ministerio.
Pocas precisiones
Consultado por este diario, Jhon Boretto, el presidente de Cormecor –la sociedad anónima que integran la Municipalidad de Córdoba junto a otros nueve municipios metropolitanos para gestionar los residuos– dijo: “Sabemos que (la autorización de la planta de Bouwer) está enmarcada en la nueva ley, pero aún no sabemos cómo se va a instrumentar”.
Sobre la hipótesis de una posible consulta popular, Boretto sostuvo: “No sé como se podría instrumentar. ¿Quiénes votarían?”, se preguntó. “No está dentro de ningún ejido municipal”.
Por su parte, el intente Lupi dijo que desconocía el texto fino de la ley y que lo estaba analizando su asesor en ese tema.
Hasta ayer, la ley todavía no había sido promulgada por el gobernador José Manuel de la Sota. Luego de su promulgación, se espera que el Poder Ejecutivo redacte una reglamentación.
La planta de residuos se planea construir en un predio de 270 hectáreas, a 18 kilómetros al sur de la Capital, a metros del ejido municipal de Bouwer.
La Provincia aún no expropió el terreno; esperará a que está aprobada la evaluación de impacto ambiental. En tanto, Cormecor ya advirtió que necesita con urgencia empezar los trabajos porque se agota la capacidad del enterramiento actual, de Piedra Blanca.
Definen tecnología
Jhon Boretto, presidente de Cormecor, dijo que el jueves que viene se realizará la exposición de las conclusiones de un workshop efectuado el año pasado para decidir qué procedimiento y tecnología se usará para el tratamiento de los residuos.