Brasil: el Senado aprobó una enmienda constitucional que le permite ampliar el gasto social a Bolsonaro
La norma, cuya aprobación en la Cámara de Diputados se da por descontada, dispone varias medidas sociales que buscan responder a la suba del precio de los combustibles, la elevada inflación y el aumento de las personas que pasan hambre.
La norma, cuya aprobación en la Cámara de Diputados se da por descontada, dispone varias medidas sociales que buscan responder a la suba del precio de los combustibles, la elevada inflación y el aumento de las personas que pasan hambre.
El Senado de Brasil aprobó este viernes una propuesta de enmienda constitucional presentada por el gobierno de Jair Bolsonaro para ampliar programas sociales, esquivando la ley electoral que impide hacerlo el año previo a los comicios. La norma, cuya aprobación en la Cámara de Diputados se da por descontada, dispone varias medidas sociales que vienen siendo reclamadas desde hace meses para responder a la suba del precio de los combustibles, la elevada inflación y el aumento de las personas que pasan hambre.
Llamada «kamikaze» o «bomba fiscal», la medida había sido resistida por el ala más neoliberal del gobierno y el ministro de Economía, Paulo Guedes. La decisión fue repudiada por la oposición por no haber sido aplicada durante los cuatro años del gobierno de Bolsonaro y sí a tres meses de las elecciones. El expresidente y candidato para los comicios de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que con esta norma el actual mandatario «quiere comprar al pueblo» pero no resolverá los problemas estructurales de los brasileños.
Estado de emergencia
La ley electoral brasileña prohíbe, durante el año previo a la votación, la distribución por parte de la administración pública de bienes, valores o beneficios. La única excepción es en los casos de calamidad o estado de emergencia, y ese fue el mecanismo del que dispuso el gobierno. La propuesta de enmienda constitucional declara el estado de emergencia (que regía hasta hace un por causa de la covid-19) y dispone varias medidas para atenderla.
La oposición criticó el mecanismo utilizado por Bolsonaro y le atribuyó intenciones electorales a la propuesta. Políticos opositores y analistas rechazaron que Bolsonaro atienda ahora la situación social del país, cuando el expresidente Lula lidera ampliamente las encuestas de intención de voto prometiendo devolver a Brasil el bienestar social que tuvo durante sus gobiernos, entre 2003 y 2011.
«Bolsonaro quiere comprar al pueblo»
El propio Lula acusó este viernes a Bolsonaro de querer «comprar al pueblo» con esta iniciativa. En entrevista con Rádio Metrópole, el expresidente fustigó la política de ajuste de Bolsonaro y la campaña contra el sistema electoral que ha encarado en caso de ser derrotado en octubre.
«Bolsonaro sabe que el problema no son las urnas electrónicas, el problema de él se llama pueblo brasileño. Es por eso que ayer mandó varias medidas para liberar dinero, aumentar las ayudas, los subsidios. El pueblo tiene que recibir ese dinero pero no resuelven los problemas porque este paquete se terminará en diciembre», afirmó Lula.
Sin embargo, a la hora de votar los senadores opositores acompañaron al oficialismo, argumentando que estas medidas son necesarias. «Quien tiene hambre, tiene prisa», resumió la senadora Zenaide Maia, del Partido Republicano del Orden Social. El único voto en contra en el Senado fue el de José Serra, del Movimiento Democrático Brasileño y excanciller de Michel Temer. «En la víspera de las elecciones, el Senado intenta aprobar una enmienda a la Constitución pasando por encima de todas las reglas fiscales», criticó Serra en redes sociales antes de la sesión.
«Las propuestas habían sido presentadas por el PT hace más de un año», dijo el senador Paulo Paim, del partido de Lula, al argumentar el apoyo a la medida incluso con posibles ventajas electorales para Bolsonaro. Según la última encuesta de Datafolha de junio, Lula vencería sin necesidad de segunda vuelta por el 53 por ciento de los votos contra el 32 por ciento del ultraderechista Bolsonaro.
«Este proyecto es un llamado de propuesta de la desesperación. El PT retiró el dispositivo que daba un cheque en blanco para que el estado de emergencia fuera dado en forma indiscriminada por el gobierno», aseguró el bloque del PT en el Senado. Sectores liberales de la prensa tradicional como O Globo y Folha de Sao Paulo criticaron la decisión por violar el equilibrio fiscal del país.
Las medidas aprobadas
La norma prevé ampliar de 400 a 600 reales (de 75,7 a 113 dólares) el programa Auxilio Brasil, creado por Bolsonaro el año pasado para reemplazar el Bolsa Familia de Lula, que es recibido por los hogares de menores recursos. A su vez, aumenta los recursos de Alimenta Brasil, un programa que compra alimentos producidos por agricultores familiares para distribuirlos entre familias con inseguridad alimentaria.
En cuanto a combustibles, la iniciativa aumenta en 53 reales (diez dólares) el subsidio Auxilio Gas para la recarga de garrafas de 13 kilos (que cuesta unos 140 reales, o 26,5 dólares), y destina más fondos al subsidio al etanol. Ante el alza de los precios vinculados al transporte, se dispone una compensación a los gobiernos de los estados por el boleto gratuito de las personas mayores.
El proyecto también prevé un bono para los camioneros independientes, uno de los sectores más perjudicados por el aumento de los combustibles, en el cual Bolsonaro cuenta con mucho apoyo. Se trata de un pago único de mil reales (188,5 dólares) para compensar los gastos extraordinarios. En la misma línea habrá un bono para taxistas, cuyo monto está pendiente de definición.
Las medidas implicarán, en total, una inversión de 41.200 millones de reales, lo que equivale a 7.750 millones de dólares. Los efectos de las ayudas extraordinarias terminan el 31 de diciembre, el último día del actual mandato. Bolsonaro ya utilizó ese mecanismo durante el primer año de la pandemia del coronavirus, en 2020, lo que autorizó a su gobierno a superar los límites de gastos y saltarse temporalmente las reglas de equilibrio fiscal.
