Buenos Aires: Piden declarar la «emergencia alimentaria» por la caída del consumo de carne y leche
Lo atribuyen a la escalada de los precios que "lleva a los sectores más humildes a cambiar la dieta". Y buscan sancionar una ley para que el Estado garantice la provisión a comedores.
Lo atribuyen a la escalada de los precios que «lleva a los sectores más humildes a cambiar la dieta». Y buscan sancionar una ley para que el Estado garantice la provisión a comedores.
El diputado provincial del Frente Renovador Pablo Garate reclamó que se declare la Emergencia Alimentaria en la provincia de Buenos Aires y consideró “alarmante” la caída en el consumo de leche y carne, “producto del incremento de precios, que lleva a que los sectores más humildes se vean obligados a un cambio de dieta”.
Según un informe del Sindicato de Unión Agrarias Argentinas (UUA), se registró una caída anual del 2,2% del consumo, lo que equivale a casi 3,2 millones de litros, en tan solo un año.
En ese marco, Garate ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley por el cual solicita se declare en emergencia alimentaria a la Provincia de Buenos Aires por 12 meses, para garantizar la provisión de los bienes o productos básicos de la canasta familiar a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran desarrollando actividades relacionadas con el servicio de prestación de alimentos, o -en forma directa y descentralizada a través de los municipios-, a las familias afectadas por la crisis socio-económica y en especial a los niños
“En la Argentina actual crecen los despidos y la pobreza, y estos nos lleva a que muchos de los chicos que asisten a comedores tengan bajo peso y riesgo de malnutrición producto de la mala y escasa alimentación”, resaltó el diputado de Tres Arroyos.
Cabe destacar que cuando hablamos de alimentación y de seguridad alimentaria estamos hablando, sobre todo, de una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, que es condición indispensable para una vida sana y para alcanzar el desarrollo pleno de las personas y los pueblos.
“El Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que los habitantes de su territorio no mueran de hambre. Como tal, el derecho a la seguridad alimentaria está intrínsecamente asociado al derecho a la vida, principal derecho por el que debemos velar quienes tenemos responsabilidades públicas”, argumentó Garate.
